Mito VI: “La corrupción y el fraude fiscal no impactan en la desigualdad”

En esta campaña electoral, pareciera que “la anti-corrupción se volvió de derecha”. Los discursos que buscan sintonizar con el descontento hacia el sistema político logran anudar el malestar de amplios sectores de la población con la captura del Estado, las autoridades públicas y el desvío de fondos. Pero se enfocan exclusivamente en la ética de las y los funcionarios. Esta simplificación oculta tanto el rol empresario en los actos de corrupción como sus consecuencias en el desfinanciamiento de los recursos públicos que deberían destinarse a garantizar derechos. 

La corrupción impacta en nuestra democracia. Produce mayor desigualdad en múltiples sentidos (económica, social, política, de género) y distorsiona fuertemente los fines colectivos del gasto público. Pero el daño no es solo distributivo, afecta seriamente la legitimidad del accionar del Estado ya que disminuye la confianza en la democracia y el Estado de Derecho. Por eso no sorprende que resurjan discursos que asocian la corrupción y los privilegios de la política con la propuesta de reducir al mínimo las capacidades y funciones de los Estados.

El Estado –a través de sucesivos gobiernos– no hace esfuerzos suficientes para prevenirla, detectarla, sancionarla y evitar que se vean afectados los recursos públicos que se precisan para satisfacer los derechos del conjunto de la población. Los déficits estructurales de los mecanismos de prevención de este fenómeno y de nuestro sistema tributario y fiscal –cuya matriz favorece la concentración de la riqueza y la profundización de la desigualdad– son parte central de la grave crisis social y económica que atraviesa la Argentina. Corrupción pública y evasión fiscal son convergentes pero rara vez se asocian cuando se identifica el déficit de recursos estatales para afrontar la efectivización de derechos. 

Defender la democracia y creer que el Estado tiene una responsabilidad central en reducir las desigualdades y garantizar los derechos, obliga a repudiar la corrupción. Un mal que es necesario eliminar pero que no debe confundirse con eliminar áreas enteras del Estado. Esas iniciativas antiestatales suelen desconocer las significativas formas de corrupción que se originan en la captura corporativa de lo común y que tienen aún más capacidad de ocultarse al escrutinio público. Es necesario abordar esta problemática de forma amplia, tanto desde la responsabilidad que recae sobre las y los efectores públicos como de aquella que incumbe a la parte del sector privado que corrompe. 

El yin yang de la corrupción

Según datos del Observatorio de Causas de Corrupción, una plataforma construida para saber qué pasa con la investigación de la corrupción en Argentina, en los últimos 10 años se iniciaron un total de 1499 causas judiciales que corresponden a hechos en los que participaron funcionarios/as públicos, afectaron un interés público y/o tenían una vinculación con la actividad de una repartición pública (esto incluye delitos como el abuso de autoridad y la violación a los deberes de funcionarios públicos, la defraudación en perjuicio de la administración pública, y la malversación de fondos públicos, entre otros). Lamentablemente, no es posible conocer cuántas personas fueron condenadas porque no hay estadísticas judiciales de estos casos, ni de ningún otro.

Tampoco existen estadísticas precisas sobre los recursos que se pierden a causa del fraude fiscal en Argentina, si bien al contrastar las estimaciones y los datos disponibles se advierte que una buena porción de activos en el exterior de propiedad de residentes argentinos no está declarada. Las estimaciones son muy dispares según la metodología que se utilice. Por un lado, se calcula que en 2020 se perdió el 0.7% del PBI por el abuso tributario corporativo y a la evasión fiscal de riqueza financiera colocada en guaridas fiscales. Por otro lado, se estima que debido al desvío de ganancias de empresas multinacionales se pierde el 4.4% del PBI por año. 

Argentina aparece tercera en el ranking global de países con dueños de empresas en guaridas fiscales, publicado en la investigación periodística conocida como Pandora Papers. Esta investigación puso en evidencia que las riquezas acumuladas mediante la elusión y la evasión en cuentas offshore no son sólo el reflejo de un sistema económico y tributario injusto. También son herramientas de impunidad para el delito y la corrupción que quitan recursos al Estado y siembran inestabilidad económica. Muchos de los recursos públicos que son apropiados mediante hechos de corrupción por agentes del sector público y/o privado, encuentran en estas guaridas el refugio ideal para esconderse y evitar el accionar de la justicia.

Captura del Estado 

La tendencia a la captura del Estado por el poder corporativo y la consecuente profundización de las desigualdades de poder existentes son preocupantes. Los mecanismos de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades son múltiples: campañas mediáticas, puerta giratoria, ruptura de mecanismos ordinarios regulados para la toma de decisiones, lobby y control de conocimiento, entre otros. En Argentina uno de los factores que facilita esta captura, es la casi nula existencia de canales institucionales de participación de la ciudadanía en las discusiones acerca de las políticas que afectan su acceso a derechos. Esto produce un desbalance inmenso en la posibilidad de influir en la toma de decisiones, según el poder económico de los diferentes sectores de la sociedad. Un ejemplo de este desequilibrio son las políticas de gastos tributarios: las exenciones, tasas diferenciadas u otros tratamientos especiales que el Estado otorga a ciertos sectores a través del marco tributario. Este tipo de gastos reducen alrededor de un 15% la recaudación de impuestos y suelen ser aprobados mediante procesos de toma de decisiones cerrados y opacos.

La falta de participación, de previsión de objetivos claros y de justificaciones en la definición de esos beneficios, así como la ausencia de mecanismos de evaluación adecuados sobre sus ventajas y desventajas, dan lugar a la implementación de privilegios fiscales. En nuestro país se comprobó que, como consecuencia del marco de opacidad en el que se aprueban e implementan, generaron un sistema proclive a la evasión y a la corrupción, y tuvieron un impacto negativo en la igualdad al beneficiar mayoritariamente a sectores con altas rentas y forzar la compensación de los gastos tributarios con impuestos regresivos (como el IVA).

La definición del régimen de promoción de la minería regulado en los años 90 por la Ley 24.196, por ejemplo, es una muestra de los déficits de este tipo de políticas. Se aprobó con menos de cuatro meses de discusión parlamentaria y sólo participaron representantes de intereses de las empresas mineras, sin el involucramiento de las comunidades o habitantes de las zonas en las que se encontraban los proyectos mineros. Se consolidaron beneficios a las compañías sin razones expresas sobre su necesidad ni metas concretas para evaluar sus impactos. A tres décadas de su aprobación, sigue pendiente una evaluación integral de los impactos fiscales de tal régimen que permita vislumbrar recursos capturados.

El caso de la minería no es la excepción y, lamentablemente, la casi nula justificación de este tipo de políticas es moneda corriente en Argentina y en el mundo. La OCDE comprobó que muchos de estos beneficios fiscales han sido considerados la onceava razón entre doce mencionadas por empresas para definir sus inversiones y que, en la mayoría de los casos, la inversión hubiera tenido lugar igualmente sin ellos.

Un asunto de derechos

Es necesario retomar de forma urgente el compromiso por una agenda intersectorial de lucha contra la corrupción, desde una perspectiva que se enfoque en sus impactos sobre los derechos humanos, la calidad de la democracia y la igualdad. Es fundamental hablar del rol de los poderes judiciales, del financiamiento de la política, de los sistemas de compras y contrataciones, las leyes de ética pública, los organismos de control y la participación del sector privado. En 2019, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y especialistas de Argentina elaboró el Acuerdo Social Anticorrupción, una propuesta de abordaje integral de los desafíos que tiene el Estado argentino en esta materia. Entre sus ejes prioritarios se incluye la investigación y sanción de la corrupción pública y privada.

En tiempos en que el poder económico se concentra más en algunas grandes corporaciones que en los Estados deben fortalecerse las herramientas destinadas a luchar contra la corrupción en un sentido amplio. Esto implica reafirmar los mecanismos de control, participación ciudadana, transparencia, recaudación y lucha contra la criminalidad económica. 

Se necesitan marcos normativos e institucionales eficaces que puedan atacar este fenómeno en el nivel político y que al mismo tiempo permitan reducir la captura del Estado por los sectores concentrados de la economía. Hay que revertir la corrupción para consolidar la calidad de nuestra democracia, limitar a los poderes económicos corporativos, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y destinar el máximo de los recursos disponibles a hacer efectivos los derechos.

La serie publicada por elDiarioAR está basada en el manual “Mitos Impuestos: una guía para disputar ideas sobre lo fiscal”, una iniciativa del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, con el apoyo de ACIJ y FES Argentina y la edición de Revista Anfibia. Los textos expresan exclusivamente la opinión de las personas autoras sin representar necesariamente las perspectivas de las personas y organizaciones que integran el Espacio.