Mujeres, derechos y poder: hechos no consignas

La agenda de trabajo por la igualdad de género y para promover la efectiva vigencia de los derechos de las mujeres no es patrimonio de ningún signo político. Es responsabilidad de todos quienes gestionan y cumplen funciones en el Estado, en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno. Tampoco es responsabilidad privativa de las mujeres. Sabemos muy bien que no todas tienen conciencia de las desigualdades estructurales de género y mucho menos todos los feminismos comparten las mismas miradas respecto de las estrategias necesarias para abordarlas.

El cuestionamiento por la persistencia de estructuras de poder casi exclusivamente masculinas está presente hace tiempo y se reactivó con las nuevas designaciones de ministros por parte del Presidente de la Nación. En una renovación de seis cargos, todos los nombramientos fueron de hombres reduciendo todavía más la presencia de mujeres en el gabinete. Al 2020 las ministras ya eran una franca minoría y esto se redujo actualmente a menos del 10%. No sorprende: de acuerdo con nuestro informe Sexo & Poder (2020) es parte de una tendencia que muestra al Poder Ejecutivo claramente por detrás de los otros poderes del estado.

En una renovación de seis cargos, todos los nombramientos fueron de hombres reduciendo todavía más la presencia de mujeres en el gabinete. Al 2020 las ministras ya eran una franca minoría y esto se redujo actualmente a menos del 10%.

El reclamo para hacer visible la falta de mujeres en espacios de decisión no propone ignorar la responsabilidad que también deben asumir los varones por promover la agenda de la igualdad como parte fundamental del compromiso democrático. No es posible defender los derechos humanos recortando la igualdad de género. Bien entendido, el enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas implica la incorporación de una perspectiva de género que analice el impacto diferenciado de las políticas (todas, las económicas, de empleo, transporte, educación, justicia, servicios sociales, salud) en las personas según sus diversas circunstancias e identidades, diseñando mecanismos que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad en lugar de sostenerlas o amplificarlas.

Si es responsabilidad y obligación de todos quienes ejercen funciones públicas sin importar su género, entonces ¿por qué insistir en el nombramiento de mujeres? Porque también sabemos que no fue sino hasta que pudimos ocupar espacios de poder en un número significativo que muchos de estos temas comenzaron a ingresar con fuerza en la agenda pública. Además, la democracia gana en legitimidad con debates públicos más plurales, capaces de integrar la representación de los intereses, puntos de vista y trayectorias diversas, donde la diversidad de género es relevante, como tantas otras. 

Los avances en la reivindicación y reconocimiento de derechos para las mujeres y a favor de la igualdad de género desde el inicio de la democracia son innegables. Pero ninguna conquista es definitiva. Por eso bueno evitar caer en declaraciones grandilocuentes porque más pronto que tarde quedarán vacías de contenido si no son acompañadas de políticas sostenidas, financiadas y priorizadas en la gestión.

La composición actual del gabinete de la nación es relevante porque todos los derechos necesitan fortalecerse en su ejercicio, en todo el territorio. Ni las leyes para abordar las violencias por razones de género lograron por sí solas garantizar esa protección, ni las leyes de paridad acabaron con los artilugios para tratar de evitar su cumplimiento o mantener la exclusión de las mujeres en los espacios duros de poder político. Del mismo modo, las leyes para interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días para apoyar las decisiones de quienes eligen seguir adelante con embarazos en situaciones de vulnerabilidad, no son suficientes para superar las barreras, resistencias y prejuicios. Los derechos encuentran su realización con políticas públicas implementadas con compromiso político y presupuesto adecuado.

Los cambios implementados en el gabinete son una señal poco alentadora en la medida en que representan un retroceso en la representación descriptiva de la agenda por la igualdad de género en el máximo nivel de la jerarquía del Poder Ejecutivo nacional.

Los cambios implementados en el gabinete son una señal poco alentadora en la medida en que representan un retroceso en la representación descriptiva de la agenda por la igualdad de género en el máximo nivel de la jerarquía del Poder Ejecutivo nacional. Con la oportunidad de considerar opciones distintas, se resolvió a favor en la reivindicación de viejos liderazgos masculinos. Será su responsabilidad demostrar con políticas concretas que sostienen el compromiso de promover la igualdad de género en todas las áreas de su competencia.

Mientras tanto, la reflexión continua con la propuesta de promover mediante decreto la paridad en los espacios de poder en el Ejecutivo. La estrategia de las acciones afirmativas, exitosa para el espacio legislativo de modo de fortalecer deliberaciones un poco más plurales, no son necesariamente la única ni la mejor estrategia en todos los espacios. Si así fuera, debieran implementar acciones afirmativas en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, política y económica ya que globalmente las mujeres sólo ocupan el 18% de esos cargos. 

No hay regulación que pueda suplir la escasa voluntad política para permitir la consolidación de los liderazgos de mujeres. La ley de cupo femenino para espacios sindicales lo prueba de manera contundente: un mandato legal incumplido desde hace casi 20 años, que promovía un 30% de mujeres en los espacios de decisión sindical y sin embargo hoy ocupan el 3% de los lugares de poder en sindicatos, menos que hace 10 años.

Las mujeres sin duda hemos avanzado en la conquista de derechos pero todavía no logramos concretar el mismo avance en el acceso a espacios de poder que en gran medida siguen vedados. Es cierto que sobran los ejemplos: presidentas y vicepresidentas, gobernadoras, intendentas, destacadas funcionarias públicas, juristas, legisladoras, empresarias, sindicalistas. Es sencillo poner nombre y apellido a las mujeres que ilustrarían, según ese argumento, que ninguna política pública o mecanismo de incentivo es realmente necesario. Sin embargo, precisamente se las puede enumerar porque siguen siendo un pequeño grupo, exiguo en comparación con la totalidad de cargos y ámbitos de poder existentes. Antes que la comprobación del éxito, la posibilidad de nombrarlas es un indicador que nos recuerda que estamos todavía lejos de lograr el objetivo. Todavía no hemos alcanzado un consenso en torno a un principio de paridad. Un principio que permita avanzar en la concreción del compromiso igualitario que da sustento a nuestra democracia y que se constituya como un principio rector que aspire a una democratización de las relaciones sociales entre los géneros.

Comprometerse con ese objetivo no requiere de un nuevo decreto. Hechos, no consignas.

La autora es abogada y Directora Ejecutiva de ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.