La restauración de las leyes

El sistema democrático, representativo y federal, con su clásica división de poderes y los llamados derechos de segunda y tercera generación, es un buen sistema en la medida en que se respete. Desde luego, el pleno cumplimiento de los derechos individuales, políticos, sociales, culturales o ambientales es un proceso que, se supone, debería ser evolutivo. El proceso evolutivo es, lisa y llanamente, el paso del incumplimiento al cumplimiento de la ley. Las luchas sociales más importantes de la clase trabajadora y los sectores populares —al menos desde la sanción de la actual Constitución— estriban básicamente en el cumplimiento de la ley.

En términos sociales, nadie está planteando grandes innovaciones. Que todo trabajador tenga acceso a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, que es “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, además de las correspondientes asignaciones para las cargas de familia, no es demasiado. Son mil dólares para una familia de cuatro personas. Lo dice la ley. No sucede. Lo mismo podríamos decir sobre la vivienda digna que establece el artículo 14 bis de la Constitución, cuya problemática podría resolverse de manera relativamente sencilla. También sobre la necesidad de no contaminar tanto los ríos, de no destruir la Tierra que habitamos, de no incendiar los humedales y de no matar indígenas, sino reconocer su derecho a la preexistencia, entre otras cuestiones.

De nuevo, se trata de hacer cumplir la Constitución, las leyes; en definitiva, cosas básicas de la democracia. Las luchas son por hacer cumplir la ley. No hay nada más legalista que nuestras organizaciones de masas y nada más al margen de la ley que la estructura político-judicial dominante en nuestro país. Ni el peor de los métodos de lucha reviste la gravedad legal de la pulsión pertinaz de funcionarios, legisladores y jueces de incumplir permanentemente la ley.

La conducta normal de la casta era que el incumplimiento crónico se produjera por omisión; es decir, la Constitución garantiza ciertos derechos, pero “vaffanculo, andá a pedírselos a Perón”. Ahora, el margen de actuación de los topos —declarados o camuflados— del Estado social de derecho se amplió. Opera ahora una actividad consciente, sistemática, desvergonzada e incremental de demolición civilizatoria, convirtiendo toda institucionalidad en un teatro de variedades y carcomiendo incluso la cáscara de legalidad que todavía tenía nuestra democracia fallida.

No es la primera vez en la historia, pero es demasiado. No hay derechos económicos, sociales, culturales ni ambientales que se respeten. No se respetan en la realidad ni tampoco en la enunciación. Es como si no estuvieran en la Constitución. Permitir que el Presidente decrete el “derecho a morirse de hambre” y califique la “justicia social” como una aberración terrorista fue el primer paso de una sucesión que no va a detenerse. Sin embargo, como el derecho a morirse de hambre se aplica tanto a los que tienen para comer como a los que no tienen, nadie se preocupó demasiado por ampliar la libertad de todos a esta nueva dimensión.

En este “dale que va”, las últimas horas fueron particularmente intensas. No porque lo que se agrega ahora sea más grave que lo que viene sucediendo hace tiempo —la conculcación de los derechos sociales vis a vis la criptocorrupción libertaria—, sino porque fue mucho y muy evidente.

¿Cómo puede ser que pase desapercibido el desfachatado acto de corrupción de los radicales que en 24 horas pasaron de impulsar la creación de una comisión investigadora a votar en contra de su propio proyecto? Eduardo Vischi, Víctor Zimmermann, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Stella Olalla y Mercedes Valenzuela votaron en contra de aprobar la iniciativa que ellos mismos habían impulsado. Lo que ocurre es que estos nombres que menciono para el ciudadano común, para el hombre de a pie, para mí, para vos, son totalmente desconocidos: ¿les viste la cara alguna vez? ¿sabés de quiénes te estoy hablando?  Nadie los va a escrachar. La cuestión es que son senadores, miembros de la Cámara Alta de la República, la máxima representación del principio federativo, cinco de las setenta y dos personas más importantes del República Federal…. y se venden en pública subasta sin que pase nada. 

El Poder Legislativo y el Poder Judicial, entonces, se han arrodillado ante la usurpación criptonazi del Poder Ejecutivo destruyendo el régimen de iure (investido con todas las garantías jurídicas), que es reemplazado por una factibilidad cada vez más intolerable. Tal vez por eso Milei convirtió la Presidencia de la Nación en una sociedad anónima para perpetrar, “entre privados”, una estafa financiera contra miles de personas en todo el mundo y  unas horas después convierte el Banco Nación en una sociedad anónima para perpetrar, “entre privados”, otra estafa financiera en perjuicio de 47 millones de argentinos. ¿Cómo lo logró? Por el DNU 70/2023 y, básicamente, porque el Presidente criptonazi tiene “facultades extraordinarias”. Sí, el estafador, además de todos los poderes que emanan de su cargo en un país presidencialista, tiene los superpoderes que quería y todavía “la política” no se los sacó.  

Me hace acordar a tantas “máquinas de impedir” que ponían nuestros funcionarios que no funcionaron alegando que no tenían facultades, que no tenían papelitos, que no tenían firmitas, que iba a tener problemitas, critiquitas, juececitos y la innumerable cantidad de excusas para no hacer lo que se debía hacer: la realización efectiva de los derechos humanos y sociales de nuestra gente. Tierra, techo y trabajo.  

Tomemos la lección de lo que está pasando ahora y que no nos tiemble el pulso cuando nos saquemos de encima a los negociantes de la gobernabilidad, los coimeros y los cobardes, cuando la tortilla se de vuelta y vengan con argumentos republicaneros los mismos jueces y políticos que hoy se pasan las normas más elementales del país por el orto, los mismos periodistas y personajes que hoy, en el mejor de los casos, hacen silencios o críticas elegantes, que no nos importe un pepinito lo que digan porque son hipócritas que no tienen absolutamente ninguna consideración por la prolijidad institucional en la medida que no perjudique sus intereses ni vaya contra de sus pulsiones gorilas. 

Porque cuando la tortilla se de vuelta, tal como hizo Rosas, vamos a tomar las medidas necesarias para “restaurar las leyes”.  Van a ser medidas de estricta necesidad y urgencia: recuperar la soberanía sobre los recursos naturales y los activos financieros de la Nación, redistribuir la riqueza socialmente creada a favor de los trabajadores y los humildes, cobrar los impuestos correspondientes a los multimillonarios y aliviar a los de abajo, repartir la tierra ociosa para la construcción de viviendas y la producción de alimentos, todas cosas necesarias y urgentes, como también, por ejemplo, recuperar el predio ferial palermitano que usurpó la Sociedad Rural para que se convierta en el Centro Nacional de Rehabilitación para Personas con Discapacidad que este gobierno dejó tiradas, sin remedios ni pensiones… y que en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires se escuche bien el grito de un gobierno popular que viene a redoblar la apuesta contra el poder al servicio de los pobres y los marginados y nuestro pueblo sencillo que tanto está sufriendo.