Casanello dictó una medida cautelar para contener los efectos del protocolo antipiquetes
El juez federal Sebastián Casanello dictó este martes una medida cautelar contra el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó a elDiarioAR una fuente con acceso al expediente. El objetivo de la medida es que el fallo judicial actúe como paraguas para la protección de derechos y libertades democráticas fundamentales, como el derecho a la protesta y de reunión pacífica.
Además, el magistrado convocó a una audiencia de habeas corpus para el 14 de febrero a las 11, a la que deberán asistir representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, las legisladoras que presentaron la acción judicial y la fiscal Paloma Ochoa, que entiende en el expediente.
En este nuevo fallo, Casanello instó al ministerio de Seguridad a que adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por la Constitución y que fije como estándar de comportamiento de las fuerzas las normas internacionales de derechos humanos que explican los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informaron fuentes con acceso directo al expediente.
Bullrich y el protocolo estuvieron en el centro de la escena la semana última debido a la represión y detenciones de manifestantes, diputados, periodistas y fotoreporteros en las inmediaciones del Congreso, mientras se debatía la ley ómnibus de Javier Milei.
Este lunes, el juez Casanello se declaró competente en la causa y dictó la primera medida ese mismo día: le dio a Bullrich un plazo de 72 horas para presentar ante el juzgado un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de la aplicación del protocolo “antipiquetes”. La ministra debe informar “si fueron consultadas” para su elaboración la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
El informe fue recibido por el juzgado este mismo martes. De la respuesta del ministerio de Seguridad surge que no la cartera de Bullrich no consultó a otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni de organismos internacionales.
Sobre la adecuación del protocolo antipiquetes a las normas internacionales de derechos humanos, el Ministerio dio una explicación que en el juzgado se interpretó como genérica y que excluyó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El caso
La causa se originó con una acción de “inconstitucionalidad” presentada por la legisladora porteña Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Entonces, Fierro sostuvo que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas “amenaza derechos políticos”.
La presentación de Fierro es del 18 de diciembre y pasaron siete semanas hasta que la acción judicial cayera en un juez que aceptó intervenir. “Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como 'acción declarativa de inconstitucionalidad'”, dijo Fierro en un comunicado que reprodujo la agencia estatal Télam.
Fierro había solicitado una medida cautelar más amplia, que suspendiera la aplicación del protocolo.
ED/DTC
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