El "conflicto mapuche" de Villa Mascardi, entre negociaciones y pericias sin resultados a la vista

A comienzos de noviembre de 2017, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu avanzó con su recuperación de un predio ubicado bajo la jurisdicción de Parques Nacionales. Esa acción estuvo ligada a otro importante suceso en la vida de las comunidades mapuches: el levantamiento de una machi -guía espiritual y principal agente del sistema y de la salud del pueblo originario- al este de la cordillera de los Andes, hecho que no sucedía hace varias décadas. Fue precisamente la machi Betiana Colhuan quien señaló el espacio ancestral y espiritual donde debía asentarse la comunidad en los alrededores del lago patagónico.

Pocas horas pasaron para que las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi presentaran ante el Juzgado Federal de Bariloche una denuncia por “usurpación”.

Tres años después, la llave para destrabar el conflicto -que provocó violentos y frustrados intentos de desalojo, enfrentamientos, la polarización de la sociedad barilochense y la nacionalización de lo que los gobiernos llaman el “conflicto mapuche”-, la tiene el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié.

Tres años después, la llave para destrabar el conflicto que provocó violentos y frustrados intentos de desalojo, enfrentamientos, la polarización de la sociedad barilochense y la nacionalización de lo que los gobiernos llaman el “conflicto mapuche”

Del Ministerio que conduce el dirigente kirchnerista depende la Administración de Parques Nacionales, impulsora en 2017 de la demanda y denunciante en la causa por “usurpación” que se tramita en el Juzgado Federal de Bariloche.

Así quedó en claro el martes pasado durante una reunión virtual y reservada entre las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y referentes de organismos de Derechos Humanos.

ElDiarioAr pudo reconstruir que, durante el encuentro, los integrantes de la APDH, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros, reclamaron a Cabandié que revea la posición de Parques y del Ministerio.

Mientras la ministra Sabina Frederic repasó con un Power Point todo lo actuado desde diciembre de 2019 en relación a los conflictos territoriales en el sur -haciendo hincapié en lo que llamó “intentos por un abordaje negociado”-, Cabandié insistió en la responsabilidad de la comunidad Lafken Winkul Mapu por “negarse a dialogar” y no mostró disposición a revisar la denuncia por “usurpación”.

Esos dichos dispararon las críticas de los organismos de derechos humanos. Claudia Gotta, co-presidenta de la APDH Regional Rosario, repasó la deuda del Estado con las comunidades de pueblos originarios y reclamó avanzar en la aprobación de una Ley de propiedad comunitaria indígena. El representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre cuestionó que el Estado sea querellante contra las comunidades. El referente de la APDH Bariloche, Rubén Marigo, recordó la deuda estatal en la implementación de la Ley 26.160 de relevamiento integral de las comunidades de pueblos originarios.

Nehuén Loncoman, también de la APDH Bariloche, fue más drástico: pidió al Estado la entrega de tierras reclamadas por la comunidad en Villa Mascardi y comparó ese potencial hecho con el gesto de Néstor Kirchner de bajar los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar en El Palomar. Dijo que sería una “señal concreta para recuperar la confianza de estas comunidades en un Estado que siempre los persiguió y los despojó”.

Claves

Es imposible analizar lo que sucede en Villa Mascardi, paraje ubicado a 35 kilómetros del centro de Bariloche, descontextualizado del proceso de reflorecimiento de la lucha por reconocimiento cultural, espiritual, histórico y territorial que vive el pueblo mapuche. Desde la colonización española, y con mayor intensidad durante la denominada Conquista del Desierto, ese pueblo demostró una vigorosa capacidad de resistencia que tuvo, según los períodos históricos, mayor o menor visibilidad. En tiempos de redes sociales y grietas culturales, el tema fue manejado por gobiernos y medios como un botín más de la disputa por la dominación de la opinión pública.

Desde hace aproximadamente tres décadas, el proceso que encarna el pueblo mapuche incluye la recuperación territorial como uno de sus pilares. El despojo de millones de hectáreas y el corrimiento de familias enteras hacia los márgenes más pobres de las ciudades patagónicas -es decir la urbanización forzada de miles de personas- hicieron imposible que no se incluyera el reclamo territorial dentro de las demandas mapuches. La cuestión no está exenta de matices según cada comunidad e, incluso, ofrece incluye abiertas contradicciones entre diversas organizaciones políticas.

El desembarco del PRO-Cambiemos al Gobierno nacional en 2015 supuso la percepción de ese proceso como un desafío a la propiedad privada, pilar de los valores constituyentes de la coalición liderada por Mauricio Macri. Se desató, entonces, la campaña de construcción simbólica sobre la existencia de un enemigo interno que, en la lejana Patagonia, ponía en riesgo la integridad territorial, la propiedad, la república y la democracia. La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la principal difusora de ese relato.

En ese contexto, la comunidad Lafken Winkul Mapu se conformó como tal y anunció la recuperación de Villa Mascardi. La denuncia de Parques Nacionales por “usurpación” profundizó el conflicto y derivó en las trágicas jornadas del 23 y 25 de noviembre de 2017.

Crimen estatal e impune

Pocas semanas tardó el por entonces Juez Federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, en avalar el pedido de desalojo realizado por la Fiscal Federal Sylvia Little. La orden se cumplió el 23 de noviembre de 2017. Un grupo de efectivos de fuerzas federales ingresaron al territorio y, de manera violenta, detuvo a cinco mujeres y a cuatro niños y niñas. Los varones de la comunidad Lafken Winkul Mapu escaparon montaña arriba, tal como estaba acordado para sostener la presencia en el territorio.

Dos días después, el 25 de noviembre, cumpliendo una nueva orden del Juez Villanueva, una avanzada del grupo de elite Albatros de la Prefectura Naval Argentina reingresó a la comunidad, se topó con un grupo de personas y desató una persecución y ataque que incluyó la utilización de balas 9 milímetros. Según el registro acreditado en la pericia balística, los cinco Albatros involucrados dispararon entre 114 y 129 proyectiles de plomo. Una de esas balas mató por la espalda a Rafael Nahuel, quien el 24 de noviembre había ingresado a la comunidad para llevar abrigo y comida a los hombres que habían quedado dispersos en la montaña.

El Gobierno de Mauricio Macri montó un operativo de protección en torno a los uniformados que intervinieron y logró que, tres años después, no haya procesados entre los integrantes del grupo Albatros. Cinco de ellos son investigados: el más complicado es el Cabo Primero Francisco Javier Pintos, de cuyo subfusil MP5 salió el disparo mortal, según la primera pericia realizada por peritos independientes. La segunda pericia balística fue realizada por Gendarmería y, tal como esperaban la familia y los organismos de derechos humanos querellantes, no hizo más que sembrar dudas sobre la procedencia del tiro letal.

La incongruencia judicial hace que hoy el único procesado en los expedientes relacionados con el caso y bajo la figura de “usurpación” y “agresión” sea Lautaro González Curruhuinca, uno de los testigos principales del asesinato y uno de los dos jóvenes que bajaron de la montaña el cuerpo de su amigo Rafael Nahuel. González Curruhuinca se mantiene prófugo y afirma que no se presentará ante la “Justicia racista”, que pretende “condenar a los mapuches”.

En estos momentos se está realizando en una dependencia del ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta la tercera pericia que se espera pueda determinar la responsabilidad material del asesinato. A mediados de enero se conocerá el resultado.

Rafael Nahuel era un joven de 21 años que había iniciado un proceso de reconocimiento de su origen mapuche, había participado de ceremonias, y según contaron a este medio familiares y amigos, tenía decidido “irse a vivir al campo”. Es decir, a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Hoy su nombre y su recuerdo es, para esa comunidad, una bandera de lucha, y la determinación de las responsabilidades judiciales de su asesinato, un piso básico para cualquier negociación.

Diálogo

La llegada del Gobierno del Frente de Todos y la asunción de Frederic al frente del Ministerio de Seguridad abrieron una esperanza de resolución negociada del conflicto. Un año después, los canales de diálogo parecen cortados, aunque a un lado y otro aseguran que existe disponibilidad para una negociación.

Durante su intervención en la reunión del pasado martes con organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad repasó los intentos por crear el ámbito para la discusión, las Mesas de Resolución de Conflictos, echó culpas a la comunidad y, también, cuestionó la postura de algunos vecinos de Villa Mascardi que agitan el desalojo violento a través de medios de comunicación afines y con contactos políticos con el PRO. Uno de ellos, Diego Frutos, se reunió el pasado 18 de noviembre con Patricia Bullrich para analizar la situación en Mascardi. “Parques Nacionales, el obispado, y miles de personas como Diego Frutos, que ahorraron toda su vida, vieron cómo les usurpaban y quemaban sus propiedades en Villa Mascardi. El Gobierno avaló esas usurpaciones y generó más caos. Yo estoy del lado de las víctimas, siempre”, tuiteó la exministra.

Esos vecinos son los que denunciaron constantes “actos vandálicos” por parte de la comunidad en propiedades linderas en Villa Mascardi: nuevas “ocupaciones” y destrucción de edificios públicos y privados. En un mismo sentido se ha pronunciado la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

Por su parte, la comunidad reivindica su derecho a la recuperación territorial y adjudica los hechos violentos a “montajes de la Policía rionegrina” y a los propios vecinos.

La instalación del “conflicto de Villa Mascardi” en la agenda política y mediática nacional complota contra la posibilidad de un diálogo de fondo, alejado de las cámaras.

elDiarioAr pudo saber que, en los últimos días, volvieron a establecerse contactos entre las dos partes, a la búsqueda de un espacio de diálogo. Sin embargo, el rechazo de funcionarios nacionales a un convite de negociación que se realizó los días previos al tercer aniversario del asesinato de Rafael Nahuel complicó las cosas. La comunidad recibió en el territorio a representantes de comunidades de toda la región y esperaba que, en ese trawun -parlamento-, estuvieran presentes las autoridades del ministerio de Seguridad o de Parques para avanzar en el diálogo. El faltazo fue tomado como una estocada al intento negociador.

Desde Nación, fuentes del Ministerio de Seguridad insisten en la disponibilidad para recrear un espacio de debate, pero culpan a la Lafken Winkul Mapu por el fracaso de los intentos previos. Por su parte, el lonko -autoridad ancestral y política del pueblo mapuche- de la lof Pillan Mawiza, Mauro Millán, planteó que “la democracia recuperada hace casi cuatro décadas está chata, desgastada, con muchos engranajes oxidados. Hoy es una democracia intolerante, sin la permeabilidad de recibir y contener otras formas de pensar y hacer política, y preocupada por negar que un Pueblo se está pensando y proyectando.”

El despliegue de fuerzas de seguridad que el pasado 16 de diciembre acompañó la diligencia judicial realizada en un lote y un hotel de Parques Nacionales lindero a la comunidad, y que derivó en enfrentamientos y represión -durante más de tres horas los uniformados dispararon con postas de goma- alejó la posibilidad de que las partes se sienten en la misma mesa.

Así, mientras en el plano judicial se espera que durante 2021 la causa por el asesinato de Rafael Nahuel pueda ser elevado a juicio -el rumbo del expediente, ya que no de las pruebas, permite estimar que la figura elegida del futuro procesamiento del albatro responsable será la de “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”-, en el plano político aparece pendiente crear las condiciones para una negociación sin limitaciones.

SR