La estrategia de Cristina para conseguir la nulidad de los juicios en su contra
La estrategia judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para evitar el inicio de los juicios en su contra volvió a la escena pública con el debate sobre su planteo de nulidad del juicio oral y público por el Memorándum con Irán, que estaba en condiciones de comenzar este año, según confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR.
En la búsqueda por dilatar o anular el inicio de las audiencias formales de los juicios, los argumentos de su defensa varían según el caso, pero siempre apunta a intentar demostrar que el Poder Judicial supuestamente montó las causas en su contra entre 2014 y 2019, pero especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri.
El lawfare o guerra judicial; la relación entre ciertos jueces con el expresidente de Cambiemos; el presunto accionar en su contra de la “mesa judicial” del macrismo; la cosa juzgada; y el viraje del eje hacia los empresarios y hasta el propio Alberto Fernández, son algunas de las piezas de esa estrategia, según surge de las medidas y planteos realizados por la vice en los principales casos que la tienen como imputada.
En la causa por el Memorándum con Irán (firmado en 2013), Fernández de Kirchner y exfuncionarios de su última gestión están acusados de encubrir a los iraníes imputados por el atentado de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La causa del memorándum se basó en la denuncia del fiscal Alberto Nisman y todos los denunciados han negado las acusaciones.
La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó que el juicio debe ser anulado ante la posible parcialidad de los jueces de la Cámara de Casación Federal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Ambos magistrados reabrieron la causa en 2016, luego de que la denuncia había sido inicialmente desestimada por el juez Daniel Rafecas. Con nuevas supuestas pruebas aportadas por familiares de víctimas del atentado, los jueces ordenaron seguir investigando el caso en el juzgado de Claudio Bonadio.
El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa. En los despachos de ambos jueces, en el primer piso de Comodoro Py, rechazan los planteos.
Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular,
“El pedido de nulidad está apoyado sobre la prueba que el tribunal se encuentra produciendo actualmente: los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos (durante la gestión de Macri); el contenido del teléfono celular de Darío Nieto (secretario privado del expresidente); y la causa sobre la mesa judicial (del macrismo)”, explicó Beraldi a elDiarioAR.
El tribunal accedió a producir estas medidas de prueba pero no autorizó otra de las solicitudes de la vicepresidenta: citar como testigos a los querellantes del juicio, los familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, quienes fueron quienes solicitaron formalmente la reapertura del caso en 2016.
El objetivo de la defensa era que ambos declaren si fueron asesorados por el juez Borinsky para encontrar la forma de que la denuncia de Nisman fuera reabierta.
La audiencia para tratar la nulidad del juicio ya fue autorizada por el Tribunal Oral Federal número 8 (aunque aún no se fijó fecha) y de su resultado dependerá si el juicio se inicia o se frustra.
Una fuente directa de la causa analizó que los escenarios son diversos e inciertos: el tribunal puede anular el juicio o sostenerlo al considerar que no hay elementos de nulidad; podría ordenar los sobreseimientos anticipados de los imputados o que el expediente regrese a primera instancia para ser investigado nuevamente por otro juez. Sea cual fuera, el caso, terminará en la Cámara Federal de Casación, por recursos de la defensa o de las querellas.
“Estamos frente a una situación atípica. En primer lugar porque la audiencia que el tribunal ha autorizado a celebrarse está por fuera de la ley, no tiene ninguna lógica y no está prevista en el Código Procesal Penal”, sostuvo Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA que actúan como querellantes.
El pedido de nulidad está apoyado sobre la prueba que el tribunal se encuentra produciendo: los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos; el contenido del teléfono celular de Darío Nieto; y la causa sobre la mesa judicial.
“En segundo lugar, es una audiencia que le permite a los imputados exponer su versión de los hechos sin que nadie los refute, sin contrarrestar sus dichos con testigos y otras medidas de prueba. Es una parodia del juicio porque quieren imitar un juicio sin que exista la posibilidad de condena. Al mismo tiempo medios afines al gobierno anuncian que esta audiencia se hace para que pase lo mismo que sucedió con la causa Dólar Futuro: que los imputados expongan sus argumentos y los jueces los sobresean” antes del juicio.
La vicepresidente ya barrió de su tablero judicial al caso Dólar Futuro, otro de las causas que estaban en condiciones de comenzar este año en etapa de juicio oral y público. En abril último, la Sala I de la Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados (entre ellos el gobernador bonaerense, Axel Kicillof).
Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa debían definir si la causa llegaba a juicio oral por presunta administración fraudulenta en perjuicio a la Administración Pública o era archivada antes del inicio del proceso. Tras una audiencia virtual con un alegato encendido y político por parte de la principal imputada, los magistrados determinaron que la maniobra investigada respondió a una cuestión política y no delictiva.
En plan de giro
El planteo de Fernández de Kirchner logró torcer el camino hacia el juicio por el memorándum, cuestionado por las defensas y distintos sectores políticos que argumentan que las pruebas son endebles y falsas.
A su vez, el pedido de audiencia para tratar la nulidad generó un efecto en cadena que a su vez ayuda a dilatar el inicio del proceso.
Luego de que el fiscal apoyara la realización de la audiencia y el tribunal autorizara su realización, se tornó inevitable el enfrentamiento con las dos querellas: los familiares de víctimas del atentado a la AMIA; y Jorge Knoblovits, como presidente de la querella Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Ambas recusaron a los jueces y al fiscal para intentar apartarlos del juicio.
No hay ningún argumento para apartar al fiscal del juicio.
El 25 de junio último, los jueces del tribunal (María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini) se negaron a apartarse. Las querellas presentarán un recurso ante la Casación, donde además se deberá debatir qué jueces intervendrán esta vez en la causa, ya que Borinsky y Hornos deberían excusarse.
Además, este miércoles 7 de julio, las partes tendrán una audiencia virtual previa a la audiencia que solicitó Fernández de Kirchner. En esta primera cita, se tratará la recusación del fiscal del juicio, Marcelo Colombo, planteada también por las querellas, que consideran que el magistrado debe apartarse del caso por haber hecho lugar a los pedidos de las defensas, como, por ejemplo, la celebración de la audiencia para tratar la nulidad de la causa.
Al menos hasta este viernes, Fernández de Kirchner no iba a participar de la audiencia del miércoles 7, según informó su defensa, que considera que “no hay ningún argumento para apartar al fiscal del juicio”.
“Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular”, afirma Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA. “La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara”, agregó
La defensa de Fernández de Kirchner también cuestionó que aún no se haya citado en la causa a Ronald Noble, exsecretario General de Interpol (2000-2014) para que declare ante el tribunal como testigo en una audiencia previa al juicio y demostrar que la acusación se basaría en falsedades. El tribunal ordenó la citación a fines de 2020. Según Farini Duggan, ese pedido fue el primer intento de frustrar el juicio. “Eso no prosperó porque Interpol se opone” a que Noble declare, agregó el abogado querellante.
Una carta demorada
Noble desmintió públicamente la denuncia de Nisman sobre un acuerdo entre el gobierno argentino e Irán para hacer caer las alertas rojas contra los exfuncionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA, base de la acusación del juicio pendiente. Pero ni el tribunal ni siquiera ha podido notificarlo para proceder con su citación, confirmaron dos fuentes judiciales del caso.
El exjefe de Interpol también fue denunciado por este caso y luego sobreseído en octubre de 2020. Los familiares de la AMIA apelaron su sobreseimiento ante la Cámara Federal porteña, pero el tribunal de apelaciones tampoco pudo confirmar o desestimar el sobreseimiento de Noble.
El caso está en la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. En mayo, Boico se excusó de intervenir, ya que fue el abogado de la vicepresidenta en la causa del Memorándum. Además, Irurzun envió nuevamente la causa al juzgado de primera instancia, ahora a cargo del juez Julián Ercolini, y ordenó que se agoten las diligencias para tratar de ubicar a Noble y notificarlo para que designe a un abogado defensor.
El Estado argentino le ha asignado al defensor oficial Juan Martín Hermida pero Noble nunca ha confirmado su voluntad de que éste sea su abogado o si, de lo contrario, desea nombrar a un defensor particular, informaron dos fuentes judiciales y una fuente directa del caso a este medio.
La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara.
La Justicia federal, en distintos momentos, ha intentado notificar a Noble vía Interpol, Cancillería y correo electrónico, pero sin éxito, explicó una fuente directa del caso. En su defensa, un asesor legal de Noble en el país explicó a elDiarioAR que el exjefe de Interpol pasó “de testigo estrella a imputado” luego de presentar “un escrito ante el juez Bonadio (quien instruyó la causa) solicitando declarar y luego de que se supo que testificaría a favor del excanciller Héctor Timerman”.
Esta semana, el juez Ercolini ordenó intentarlo una vez más a través de unos números de teléfono celular que le informó el Tribunal Oral Federal número 8, confirmó la fuente con acceso al expediente. Aún esperan la respuesta de Noble a su notificación vía mensaje de texto. Sin un abogado defensor, el pedido de los familiares de la AMIA para revocar su sobreseimiento no podría ser tratado.
Los Sauces y Hotesur
Mientras que el juicio oral y público por los cuadernos por supuestos cohechos no avanza aún (ni siquiera se dio inicio a la etapa de instrucción complementaria, según confirmaron dos abogados defensores), en el Tribunal Oral Federal número 5 avanzan lentamente los casos Hotesur y Los Sauces por presunto lavado de activos a través de alquileres de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Se espera que a finales de este año la producción de prueba complementaria esté finalizada, es decir, medidas de prueba que complementen las que ya se produjeron durante la instrucción de la causa, explicó una fuente directa del expediente. En este caso, se realizaron, entre otras medidas, dos pericias contables a pedido de las defensas. Una vez concluida esta etapa, el tribunal número 5 deberá fijar fecha de inicio del juicio oral y público y decidir qué prioridad le da a este debate.
Hotesur-Los Sauces se unificó en un único expediente y tiene entre sus imputados a Fernández de Kirchner y a sus hijos, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo, y la menor, Florencia.
En este caso, en el que la prueba es considerada sólida por los acusadores, la carta de la vicepresidenta se juega en la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene pendientes para resolver varios de sus planteos, cuyos argumentos también podrían ahorrarle a los Kirchner este juicio oral y público.
Uno de esos planteos es que los hechos de la acusación ya se investigaron en las causas por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, cerradas con sobreseimientos anticipados entre 2008 y 2011. Por esa razón, plantean que Hotesur-Los Sauces sería cosa juzgada.
Los testigos de Vialidad
El Tribunal Oral Federal número 2 lleva adelante el juicio por Vialidad o supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, pero el veredicto está muy lejos: se espera al menos seis meses más de declaraciones de testigos, según dos fuentes del caso. La acusación que lleva adelante el fiscal Diego Luciani apunta a demostrar que el empresario Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner, fue beneficiado irregularmente con licitaciones viales, en las que existió supuesta cartelización entre los empresarios y presuntos sobreprecios en las obras.
La estrategia de defensa de Fernández de Kirchner es intentar demostrar que Báez no fue favorecido por su gobierno y que no existieron sobreprecios. En lo inmediato busca dar vuelta el foco hacia los empresarios: solicitó que se cite a declarar a Angelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y primo del expresidente Macri; a Carlos Wagner, otrora cabeza de la compañía Esuco; y a Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América.
Los tres empresarios licitaron y ganaron obras públicas en la provincia de Santa Cruz y la defensa de la vice quiere interrogarlos para que declaren cómo se efectuaban los procesos de licitaciones en la provincia, según confirmó el abogado de la vice. También explicó que Calcaterra ya planteó al tribunal que no podría presentarse a declarar como testigo porque está imputado en la causa de los cuadernos (como Wagner; un sobrino de Eurnekian admitió también es esa causa pagos indebidos a los Kirchner).
Otros dos testigos solicitados por el abogado de Cristina son dos de sus jefes de Gabinete: el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Sin embargo, la defensa solicitó posponer sus testimonios hasta que las audiencias puedan ser presenciales. Es una onda que abarca y expone a sus aliados políticos.
Este juicio también tiene planteos ante la Corte Suprema que cuestionan las decisiones del tribunal.
ED
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