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Escándalo en Lago Escondido: un fiscal pide que la causa pase a Comodoro Py

Los tribunales de Comodoro Py (izquierda), la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido (derecha).

elDiarioAR

30 de enero de 2023 13:15 h

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Un dictamen del José Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, señala que la causa donde se investiga el viaje a Lago Escondido de jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios debería pasar de la justicia federal de Bariloche a los tribunales federales de Comodoro Py, tal como reclamaban los propios acusados.

Ahora, deberá ser el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien determine si efectivamente la causa cambia de jurisdicción, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de la causa a Comodoro Py ya había sido rechazado en primera instancia. Fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez del fuero penal económico quien está imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por otros jueces, entre ellos Julián Ercolini y Carlos Mahiques, junto al ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Todos ellos fueron recibidos en Bariloche por Pablo Casey y Jorge Rendo, representantes del Grupo Clarín.

En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en su dictamen de 7 páginas.

El fiscal recordó que, en la imputación formulada por María Cándida Etchepare, fiscal federal de Bariloche, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, sostuvo la fiscal Etchepare.

Por ahora, la causa se tramita ante el juzgado federal de Bariloche que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otro lado anunció recientemente su jubilación, por lo que será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal del Neuquén.

Los investigados en esta causa son los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). También se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

A principios de diciembre la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, emitió un dictamen en el que deja en claro que no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

LC con información de agencia Télam

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