Para Francos, “no hay una guerra con el Interior”, pero los intendentes evalúan judicializar la quita de subsidios

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró hoy que “no hay una guerra con el interior” por la eliminación de los subsidios al transporte y que la decisión presidencial no es una represalia por la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Sin embargo, los funcionarios provinciales y municipales anticiparon la posibilidad de judicializar la medida que podría llevar el boleta del colectivo a más de $1.000.

“No hay una guerra con el interior. Hay una organización de los recursos público que corresponde legalmente. Desde el Pacto Fiscal de 2017 y 2018 quedó claro que el transporte provincial era una responsabilidad de las provincias”, explicó Francos en diálogo con Radio Mitre en referencia a la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público.

Según indicó el funcionario nacional dicho Fondo fue creado en 2020, en el marco de la emergencia por la pandemia. “El Covid pasó, pero el fondo se mantuvo como siempre pasa en Argentina. Lo que hace el Gobierno es decir que, si este pacto fiscal está vigente, este fondo desaparece, no existe. No hay ya un fondo Covid”, dijo.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en su habitual conferencia de prensa que el transporte provincial es una facultad “no delegada a la Nación” a diferencia de las líneas interjurisdiccionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De este modo, esta zona seguirá recibiendo el beneficio hasta que se termine de conformar la Autoridad Metropolitana del Transporte, entidad con representantes de Provincia y Ciudad que nunca entró en funcionamiento pese a haber sido creada en 2012.

La medida del gobierno generó malestar entre los gobernadores y jefes comunales que se verán obligados a subir el valor de las tarifas de transporte ─que podría rondar los $1.000─ o a aumentar los fondos propios para mantener el subsidio. En este marco, un grupo de 22 intendentes de ciudades del Interior como Córdoba, Rosario, Corrientes, Mar del Plata, Jujuy y Neuquén rechazó la medida presidencial y advirtió sobre la posibilidad de judicializarla.

Según expresaron en un comunicado, tomarán “todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional” y frenar una política que “dejaría sin transporte a millones de argentinos”.

ACM con información de Télam