Luces y sombras en el juzgamiento del genocidio de la dictadura

El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el genocidio por los sicarios del Estado y sus cómplices en la dictadura de 1976-1983 sigue avanzando, lento pero sin pausas. En todo el país diversos tribunales dictaron 294 sentencias desde la reapertura de los procesos en 2006, lo que implica 1117 represores condenados y 168 absueltos. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) advirtió que persisten las demoras en las etapas recursivas (apelaciones eternas) y que se ha consolidado la prisión domiciliaria como modalidad de detención. Aunque por primera vez son más las causas con sentencia que aquellas que se encuentran en instrucción, persiste el fantasma de la “impunidad biológica” respecto del juzgamiento de estos delitos.

“En un año en que fue éxito la concurrencia a las salas para ver la película 1985, necesitamos que también sean acompañados los juicios en marcha, los sobrevivientes del horror necesitan acompañamiento y protección, nos sigue faltando Jorge Julio López”, dijo a elDiarioAR la periodista Giselle Tepper, de la agrupación H.I.J.O.S. “2023 debería ser el año de acelerar las causas, a 40 años de democracia no podemos seguir teniendo sobrevivientes empujando esos procesos desde abajo, necesitamos un Poder Judicial que haga real como política propia la Memoria, la Verdad y la Justicia”, agregó. Para Alejandrina Barry, diputada porteña por el FIT-U y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), “el Poder Judicial es responsable de la dilación de los juicios, si bien las sentencias este año fueron superiores al anterior, la clave siguen siendo los sobrevivientes y los familiares para aportar cada una de las pruebas”. En diálogo con este diario relató: “Estuve hace poco en el Pozo de Banfield en un juicio en una reconstrucción donde tuvimos que aportar nuevos elementos sobre los pibes y pibas de la Noche de los Lápices, cuando pasaron más de 40 años”.

Las cifras de los informes de la PCCH, difundidos por el sitio fiscales.gob, ratifican los conceptos de sendas militantes de derechos humanos. 

Los números surgen del Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina, actualizado al 5 de diciembre de 2022, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, que releva diferentes variables relacionadas a las personas imputadas, a las causas judiciales y a los tiempos que insumen las diferentes etapas del proceso. Ramos coincidió con Tepper y Barry en que “las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento, persisten, con algunos avances, en la faz recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. 

Durante 2022 tribunales de todo el país dictaron 21 sentencias con el siguiente detalle: 

La PCCH señala que los datos muestran que por primera vez la etapa de instrucción “no constituye la mayor cantidad de causas, representando el 43% del total”, dado que “la etapa de sentencias pasó a tener el mayor volumen, registrando un 46% al cierre de este informe”. Otro dato relevante que refiere el avance de los procesos es que el 10% de las 275 causas que tramitan en la instrucción ya se encuentran con requerimiento de elevación a juicio, porcentaje superior al 7,5 registrado el año pasado.

Represores en el banquillo

En 2022 se registraron 65 personas sentenciadas: 58 condenadas y 7 absueltas. “Esta cantidad de personas con sentencia desciende respecto de los datos registrados en diciembre de 2021. Asimismo, sigue estando por debajo de los datos registrados desde el 2017 (234), año en el que comienza a descender el total de personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad -por año- registrando en 2018 un total de 108, 95 en 2019 y 58 en 2020”, evalúa la PCCH.

“Continúa siendo significativo el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, añade. Refiere que 482 se encuentran procesadas, 138 con falta de mérito y 93 sobreseídas. Unas 558 personas tienen pedido de indagatoria sin que esta se haya concretado.

Violencia sexual

La PCCH señala que “la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado forma parte de la política criminal del MPF”. En tal sentido, se los considera delitos autónomos, se busca visibilizarlos y establecer responsabilidades. Desde 2012 se ha registrado un incremento en la cantidad de sentencias donde se juzgan esos delitos, que “han demostrado que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado”. Sin embargo, desde 2013 a la actualidad sólo se han dictado cinco sentencias con estas características por año. Al cierre del informe estadístico, el 16% de las sentencias dictadas desde 2006 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual. Esos hechos tuvieron como víctimas a 206 personas (173 mujeres y 33 varones) y como responsables a 154 condenados, en tanto que se dictaron 28 absoluciones. 

Apelaciones eternas

En el análisis de las demoras en la etapa de apelación, el fenómeno caracterizado por el regreso de la causa a una instancia inferior para que se dicte un nuevo pronunciamiento que otra vez deba ser revisado fue conceptuado por la PCCH como “espiral recursivo”. Esta particularidad fue advertida en los informes de 2019 y 2020. De las 59 causas que la Cámara Federal de Casación reenvió al tribunal de origen una sola se encuentra firme.

“Nos encontramos que el tiempo transcurre y las causas no avanzan a la par de las necesidades que tenemos de justicia, en general para la sociedad y en particular para evitar instancias de revictimización, con sobrevivientes y familiares, los tiempos del Poder Judicial en materia de Memoria, Verdad y Justicia no son los que necesitamos como sociedad con 40 años de democracia”, afirmó Tepper. 

En este contexto, el alto porcentaje de otorgamientos del beneficio de la prisión domiciliaria agrava el cuadro. “Esas condenas que tardan, cuando finalmente llegan para muchos vienen con el beneficio de la prisión domiciliaria, es decir que nunca pisan una prisión”, apuntó la diputada Barry, cuyos padres fueron secuestrados durante la dictadura y permanecen desaparecidos. “Desde 2016 cada vez en forma más marcada aumenta el beneficio del arresto domiciliario, tanto para quienes cumplen condena como para quienes tienen la prisión preventiva, con un muy bajo nivel de control electrónico para monitorear si se incumple el beneficio, hemos encontrado diversos casos que ponen en riesgo a toda la sociedad porque quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad jamás se arrepintieron ni aportaron información”, reflexionó Tepper.

La PCCH dio cuenta también de la consolidación de la“impunidad biológica”. Del universo de condenados y condenadas, 249 (23%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme y en el caso de los y las absueltos y absueltas fueron 24 (14%). Como en casi todas las áreas judiciables, el gran tapón lo pone, además de la Cámara de Casación, la Corte Suprema. De acuerdo con el relevamiento, en el Máximo Tribunal actualmente existen al menos 55 recursos pendientes de resolución que involucran a 101 personas en 29 causas.

Los civiles: persiste la deuda

Mientras sigue la incógnita respecto de la capacidad o no del empresario Carlos Pedro Blaquier de ser juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy, a partir del planteo de su defensa de que se encuentra senil, poco o nada avanzaron los procesos que tienen en el banquillo a civiles, ya sean empresarios, jueces, miembros de la cúpula de la Iglesia Católica o ex agentes de inteligencia. 

La primera condena a un empresario, Marcos Levín, fue dejada sin efecto por la Casación Federal en 2017. En octubre de 2022 la Corte Suprema revocó ese fallo y ordenó que sea dictada una nueva sentencia. En ese caso el Máximo Tribunal se tomó cinco años para resolver, casi la misma demora que tuvo con el empresario Blaquier, dueño del poderoso ingenio Ledesma. Es que a sus integrantes parece importarles muy poco el riesgo de la impunidad biológica respecto del juzgamiento del genocidio. De hecho, jamás aceptaron la propuesta de H.I.J.O.S para crear una secretaría especial que agilice estos expedientes. 

Hay otros casos emblemáticos de responsabilidad empresarial en las causas contra los ejecutivos de la Ford, de Mercedes Benz, y del Ingenio La Fronterita. Para Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la investigación de la responsabilidad empresarial excede el marco de los tribunales. La creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras, aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nunca llegó a concretarse.

“Hay que tomar dimensión del rol que tuvo y sigue teniendo el Poder Judicial, y sobre todo en las causas contra los civiles, los grandes impunes de la dictadura, protegidos por ese poder y el poder político”, expresó Barry. “En mi caso llevo adelante una causa contra la ex Editorial Atlántida (N.d.R: por haber publicado un artículo sobre sus padres guerrilleros, con su foto en soledad, informando en forma falaz que su madre se había suicidado frente a ella y su padre había sido abatido en un enfrentamiento). Pero son contados con los dedos de una mano quienes se atreven a juzgar a los empresarios que tuvieron centros clandestinos en sus fábricas, que fueron partícipes indispensables en la elaboración y planificación del genocidio”, agregó. Para esta legisladora de la coalición trotskista, “el reclamo histórico de la apertura de los archivos de la dictadura es para conocer a cada uno de los represores, para recuperar a los nietos apropiados, saber dónde están nuestros desaparecidos y para condenar a cada uno de los civiles, es un reclamo que sigue más vigente que nunca”.

Tepper compartió esa mirada. “Se esperó muchísimo para tener esto pero las deudas son grandes, y en ese marco la gran deuda es la resistencia de la mafia judicial a avanzar en la participación civil de empresarios, la cúpula de la Iglesia y revisar ese plan económico criminal que tuvo como herramienta el terrorismo de Estado y sus sucursales en los centros clandestinos”. La histórica militante de H.I.J.O.S consideró que falta uno de los tres pilares del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura. “Los juicios nos aportan instancias de justicia y de memoria, pero no logran romper los pactos de silencio para conocer la verdad, dónde están los miles de cuerpos desaparecidos de víctimas y para que las familias puedan encontrar a quienes nacieron en cautiverio y sufrieron la apropiación de su identidad, o para quienes fueron víctimas de secuestro siendo menores de edad. A esta justicia y a esta memoria todavía tenemos que sumarle la verdad, tiene que haber una fuerza social que de una vez por todas les reclame dónde están”.