Milei mueve las piezas: la batalla por la Corte Suprema entra en su recta final y se mezcla con Ficha Limpia

A las puertas de un año electoral que promete ser electrizante, el gobierno de Javier Milei enfrentará la semana próxima una de sus máximas pruebas de fuego: consolidar su influencia sobre la Corte Suprema mediante el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La escena, como en una partida de ajedrez donde los peones avanzan mientras los alfiles se preparan para cortar diagonales inesperadas, desvela una pugna por el control simbólico y real del más alto tribunal de Justicia. Pero este tablero no está exento de trampas y cañones listos para disparar desde las sombras.

El oficialismo, fiel a su estilo, plantea una estrategia de doble filo. “Los dos o ninguno”, había sido el mantra inicial desde Balcarce 50, pero el pragmatismo cambió las reglas a mitad del juego. Ahora, Milei está dispuesto a avanzar con Lijo a través del Congreso y dejar a García-Mansilla en manos de un decreto en comisión. La decisión, aunque legal según los cánones de la Constitución, tiene el aroma de la confrontación y el riesgo de judicializar el proceso, algo que desde el kirchnerismo ya anticiparon como inevitable.

El polémico magistrado de Comodoro Py es el caballo de batalla de Milei en esta cruzada. Lejos de la retórica rupturista que lo caracteriza, a la hora de ocupar el lugar dejado vacante en la Corte por Elena Highton de Nolasco, el Presidente no dudó en proponer a uno de los jueces más cuestionados de los tribunales federales de Retiro. Una decisión que, según indican varias fuentes, se vincula a la influencia de otra figura de gran relevancia en el mundo judicial: la del juez Ricardo Lorenzetti, posible aliado de Lijo en caso de que este llegue al máximo tribunal.

Con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado, en donde fue fundamental la estampa de la kirchnerista Lucía Corpacci, su pliego está a un paso de ser debatido en el recinto, donde necesitará los dos tercios de los votos presentes para convertirse en miembro de la Corte. La fecha prevista es el próximo jueves 20. Como en toda buena obra teatral, el desenlace de esta historia dependerá tanto de las alianzas de último momento como del movimiento de los actores más impredecibles. En este caso, los senadores de Unión por la Patria.

El dictamen de Lijo, oficializado el miércoles tras meses de letargo, llegó en un momento legislativo complejo. El kirchnerismo ya calificó el proyecto de Ficha Limpia, que acaba de ser aprobado por Diputados, como una herramienta para “proscribir” a su líder y amenaza con endurecer su posición. Sin embargo, no faltan quienes ven allí una carta de negociación estratégicamente jugada por el oficialismo. ¿Podría la Casa Rosada dar la orden de dilatar la iniciativa, originalmente impulsada por el PRO, a cambio de que Cristina Kirchner le garantice los votos necesarios para colocar a Lijo en la Corte? ¿La inminente suspensión de las PASO es otro comodín de ese virtual toma y daca?

Más allá de las especualciones, los principales requisitos del Instituto Patria para apoyar la candidatura del juez federal son tres y muy concretos: abrir una discusión que incluya la incorporación de una mujer a la Corte, la ampliación del tribunal y el nombramiento del Procurador General de la Nación. Pero en este ida y vuelta de intereses cruzados, ninguna de las partes está demasiado dispuesta a ceder, y cada movimiento se convierte en una declaración de intenciones.

Para que el pliego sea aprobado el próximo jueves, Milei necesita asegurarse 48 votos en caso de que todos los senadores estén presentes. Actualmente, el kirchnerismo cuenta con 34 bancas propias, lo que obliga a La Libertad Avanza a buscar el respaldo de al menos 14 senadores de la oposición o de bancadas provinciales. Este “poroteo” llevó a una intensa ronda de negociaciones en busca de voluntades clave. Desde el mileísmo confían en que algunos sectores dialoguistas, particularmente del peronismo no alineado con el kirchnerismo, podrían terminar de inclinar la balanza, aunque reconocen que la tarea no está exenta de dificultades.

Es que la estrategia de Milei incluye un cuidadoso cálculo político. En las últimas horas, según pudo saber elDiarioAR, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, asumió nuevamente el rol de operador clave, acelerando los contactos con dirigentes opositores para garantizar un avance sin contratiempos. La mesa chica del Gobierno, encabezada por Santiago Caputo, confía en que la aprobación del pliego de Lijo sea vista como un triunfo que compense las resistencias generadas por el eventual decreto de García-Mansilla, quien durante su exposición ante la comisión de Acuerdos del Senado, en agosto pasado, llegó a admitir que no conocía a Milei y que el cargo se lo había habría ofrecido el propio asesor presidencial.

El catedrático es rechazado de plano por el kirchnerismo. Su pliego nunca consiguió siquiera las nueve firmas necesarias para salir de comisión. Sin embargo, el Gobierno no parece decidido a dejarlo caer. En un movimiento que recuerda a los tiempos de Mauricio Macri, en el entorno de Milei aseguran que podrían designarlo en comisión durante la única semana de febrero en la que el Congreso estará en receso, una vez que finalicen las sesiones extraordinarias. Un paso audaz, pero también peligroso, que amaga con encender una discusión institucional de proporciones.

Decreto sí/decreto no

Desde Casa Rosada, la narrativa busca mostrar a Milei como un presidente que agota todas las instancias parlamentarias antes de recurrir al recurso del decreto. Es una estrategia discursiva que intenta legitimar una decisión que, aunque contemplada por la Constitución, no deja de ser controvertida. “No pueden decir que no tuvimos voluntad de diálogo”, insisten las fuentes oficiales, recordando que desde diciembre el mandatario lo podría haber firmado y no lo hizo.

El kirchnerismo, mientras tanto, no solo observa, sino que también actúa sopesando costos y beneficios. En noviembre, el senador José Mayans entregó una carta a Guillermo Francos en la que se advertía que el eventual nombramiento por decreto abriría un frente de batalla. “Pediremos inmediatamente la destitución”, le dijo formoseño al Jefe de Gabinete. Pero en el Gobierno hicieron caso omiso a lo dicho por Mayans y decidieron avanzar, incluso bajo la amenaza de una judicialización. “El Senado no puede voltear un nombramiento por decreto en comisión”, replican fuentes cercanas a Milei.

Detrás de esa ingeniería jurídica está la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal, fundamental a la hora de revisar y elaborar de los argumentos que respaldan las distintas medidas oficiales. Su misión, discreta pero crucial, es asegurar que todo trabajo solicitado por Milei cuente con una base legal lo más sólida posible y así evitar hipotéticas impugnaciones. En el caso de García-Mansilla, el objetivo es ni más ni menos que blindar su designación por decreto, una decisión que está destinada a levantar polvareda.

La cuestión desvela particularmente al equipo de jóvenes abogados que trabajan a muy pocos metros de Ibarzábal, en el Salón de los Próceres del primer piso de la Casa Rosada. Uno de ellos, Ignacio Arizu, publicó en noviembre un extenso artículo en el blog En Disidencia, donde defiende la práctica de los nombramientos de jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial durante el receso de la Cámara alta, —exactamente lo que Milei pretende hacer ahora—, amparándose en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución.

En su análisis, Arizu utiliza una elaborada argumentación “textualista” e “histórica” para destacar que la referencia constitucional a “empleos que requieran acuerdo del Senado” incluye no solo a embajadores o generales, sino también a los magistrados judiciales. Respalda así su postura técnica con antecedentes de la Constitución de 1853, la reforma de 1860 y la práctica estadounidense, país que sirvió como modelo para esta cláusula. El letrado, que fue ayudante en la cátedra que García-Mansilla dicta en la Universidad de San Andrés, también refuta en su texto las críticas que sostienen que este mecanismo afecta la independencia judicial. Según él, se trata de una herramienta excepcional diseñada para evitar la parálisis institucional.

Pero no todos dentro del oficialismo ven en esta maniobra un camino allanado. Las voces más precavidas advierten que avanzar con un decreto podría desencadenar una serie de reacciones en cadena, incluyendo la judicialización del proceso y una eventual resistencia del propio máximo tribunal a tomar juramento a García-Mansilla. El antecedente de 2015, cuando la Corte mostró cautela frente a los nombramientos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, sigue fresco en la memoria.

Además, desde la oposición podrían argumentar que se trata de un mecanismo irregular. Que esos “empleos” que se mencionan en la Constitución, y de los que Arizu se aferra para sostener su argumento, en realidad únicamente son válidos a la hora de nombrar por decreto a empleados del Ejecutivo, pero que no corren por igual si se trata de integrantes de otro poder, como los jueces. ¿O acaso Santiago Caputo está pensado en echar mano a este recurso, considerado excepcional, para llenar las 150 vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías del pueblo que todavía quedan por ocupar en la Justicia?

A medida que se acerca el 1° de marzo, fecha en la que Milei inaugurará el año legislativo, el Gobierno se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Si el pliego de Lijo no es aprobado por el Senado, el Ejecutivo tendrá apenas seis días hábiles para firmar los decretos, notificar al tribunal y garantizar que sus dos candidatos estén sentados en el Congreso para escuchar el discurso presidencial. Es una tarea titánica que requiere sincronización absoluta. Y de una confianza que, en Balcarce 50, nunca deja de confundirse con cierta actitud temeraria.

PL/MG