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Municiones a Bolivia: el juez rechazó un pedido de Macri para frenar la investigación interna del Gobierno

El ministro de Gobierno de Bolivia, CarlosEduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material antidisturbios por parte gobierno de Mauricio Macri.

Emilia Delfino

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El juez federal Javier López Biscayart rechazó este lunes un pedido del expresidente Mauricio Macri para frenar la investigación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el presunto contrabando de municiones a Bolivia, según informó a elDiarioAR una fuente con acceso directo al expediente.

En la cartera a cargo de Sabrina Frederic, Gendarmería Nacional instruye un sumario administrativo para determinar las circunstancias en las que supuestamente se desviaron 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en La Paz y habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país.

Esa investigación interna es clave en la causa, ya que nutre al expediente de pruebas oficiales que la Justicia deberá luego corroborar. Una primera parte se incorporó este mismo lunes, según confirmó una fuente judicial.

De hecho, este lunes el fiscal Claudio Navas Rial amplió la acusación en la causa en base a información aportada por el Ejecutivo, que avanza rápidamente en la investigación interna. El fiscal imputó a otro excomandante de Gendarmería señalado como el encargado de coordinar con la policía boliviana el envío de los elementos bélicos en noviembre de 2019. Los nuevos elementos aportados por el Gobierno “permiten robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada”, sostuvo el magistrado en su dictamen.

Macri había solicitado la suspensión de la investigación de Seguridad porque entiende que no garantiza su derecho de defensa. El juez rechazó el pedido de los abogados de Macri, encabezados por Pablo Lanusse, argumentando que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias administrativas del Ejecutivo.

Seguridad presentó este lunes una primera parte del sumario administrativo con las declaraciones de un grupo de gendarmes que participaron en el operativo de traslado del arsenal, confirmó una fuente judicial.

En la investigación interna aún restan medidas y declaraciones, informó una fuente del caso a elDiarioAR, entre ellas, las declaraciones de cuatro de las exautoridades de Gendarmería pasados a disponibilidad que habrían tenido conocimiento del traslado del armamento y municiones del que se habría contrabandeado una parte (79 mil cartuchos antidisturbios)

También deben declarar los miembros de la tripulación del Hércules que realizó el vuelo a Bolivia con el cargamento y agentes del Grupo Alacranes, una fuerza especial dentro de Gendarmería, que viajaban en el avión que realizó el traslado.

El 12 de julio, el Gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri, a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia; y a exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional por el supuesto contrabando de municiones que habrían sido destinadas ilegalmente a las fuerzas que apoyaban el golpe a Morales.

Fue luego de que el actual gobierno boliviano hiciera las primeras acusaciones, tras el hallazgo de una carta que reveló el envío presuntamente ilegal.

Este lunes, Frederic; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria ampliaron la denuncia original, aportando información sobre el origen de las municiones.

Según Seguridad, esos 70 mil cartuchos serían parte de una adquisición realizada por el ministerio de Bullrich en 2018, cuando adquirió más de 558 mil cartuchos antidisturbios a Fabricaciones Militares para los operativos de seguridad del G-20,que tuvo lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018.

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