Ordenan retirar a la policía de la Ciudad frente a la casa de CFK pero el Gobierno porteño apelará la medida

El jefe Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, tendrá que retirar “de forma inmediata” el operativo montado en las inmediaciones de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner. Así lo resolvió el juez Roberto Gallardo, quien tiene jurisdicción en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, quien determinó que la seguridad de la vicepresidenta es una competencia de la seguridad federal.

La decisión abrió un nuevo capítulo en la pelea entre oficialismo y oposición por el manejo de la seguridad en torno a la vivienda de la vicepresidenta, ya que el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, anunció que apelará la medida.

De acuerdo con el fallo, Gallardo dispuso “ordenar el señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación”.

El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la medida cautelar en el marco del trámite de una serie de recursos de amparos presentados durante el fin de semana por dirigentes vinculados al Frente de Todos, en un fallo al cual tuvo acceso Télam.

Además, Gallardo ratificó en el segundo punto de su resolución que “la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.

“La fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”, agregó el magistrado.

La decisión de Gallardo fue tomada luego de que durante la jornada de hoy volvieron las manifestaciones frente al edificio de Cristina Fernández, en Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta. El sábado por la noche, la vicepresidenta había pedido que se retiraran. Pero la calma duró sólo 24 horas.

La resolución judicial es una respuesta al amparo presentado por Juan Grabois y Ofelia Fernández para que se despejara la zona y se “garantice la libre circulación de las personas, los derechos a la libertad de expresión”.

Apenas se conoció la decisión de Gallardo, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, adelantó que se va a ampliar la custodia de la vicepresidenta.

La reacción de la Ciudad no se hizo esperar. Felipe Miguel anunció que la decisión de Gallardo será apelada. “Es un juez absolutamente politizado, que no le hace ningún favor al prestigio de la Magistratura. Es un juez kirchnerista que permanentemente falla con una intencionalidad política”, dijo Miguel en declaraciones a TN.

“Lo que acaba de decidir no tiene nada que ver con lo que está en discusión. Nunca estuvo en discusión que la custodia de la vicepresidente corresponda al Gobierno Nacional. Jamás estuvo en discusión. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad respecto de la Ciudad de Buenos Aires, de los vecinos, del barrio ni de las calles de la Ciudad. Ya estamos estudiando y analizado los abogados del gobierno de la Ciudad, una posible recusación, por supuesto la apelación, como habitualmente nos tiene acostumbrados con sus decisiones este juez”, siguió el funcionario porteño.

Como para sumarle más polémica, Gallardo convocó a una audiencia para este miércoles a las 11 a los encargados de la seguridad en Nación y Ciudad, Aníbal Fernández y Marcelo D'Alessandro.

La decisión del juez se conoció luego de que el sábado pasado la policía porteña decidiera vallar los alrededores del edificio donde vive Cristina Fernández, convertidos en el centro de las movilizaciones en su apoyo luego de que el lunes se conociera el pedido de 12 años de prisión a la vicepresidenta del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad.