Un pliego y un decreto: Milei busca apurar las designaciones de Lijo y García-Mansilla en la Corte

El gobierno de Javier Milei se prepara para dar un paso decisivo en su estrategia de reconfiguración del Poder Judicial. El jueves de la semana que viene, en el marco de las sesiones extraordinarias, buscará someter a votación en el Senado el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, mientras que la designación de Manuel García-Mansilla podría llegar por decreto, ante la falta de los votos necesarios en la Cámara alta. El movimiento se inscribe en un complejo entramado de negociaciones, resistencias y apuestas de alto riesgo, con un oficialismo dispuesto a forzar las reglas del juego.

Desde la Casa Rosada aseguran que Lijo cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobado en el Senado. Las reuniones entre operadores del oficialismo y sectores del peronismo fueron clave para garantizar las firmas necesarias en la comisión de Acuerdos, instancia previa para habilitar el debate en el recinto. Fuentes del Ejecutivo confirman que las nueve firmas requeridas ya están asegurados, destacando el rol de Lucía Corpacci, senadora cercana a Cristina Fernández de Kirchner, cuya adhesión, en noviembre pasado, fue interpretada como un gesto de pragmatismo del kirchnerismo hacia el gobierno libertario. ¿Un pacto implícito entre enemigos? Alianzas inesperadas en tiempos de fragmentación política.

Para que el pliego del controvertido juez de Comodoro Py sea aprobado en el recinto, Milei necesitará asegurar 48 votos en caso de que todos los senadores estén presentes. Actualmente, Unión por la Patria cuenta con 34 bancas propias, lo que obliga al oficialismo a buscar el respaldo de al menos 14 senadores de la oposición o de bancadas provinciales. Este “poroteo” llevó a una intensa ronda de negociaciones en busca de voluntades clave. Desde La Libertad Avanza confían en que algunos sectores dialoguistas, particularmente del peronismo no alineado con el kirchnerismo, podrían terminar de inclinar la balanza a favor de Lijo, aunque reconocen que la tarea no está exenta de dificultades.

La estrategia de Milei incluye un cuidadoso cálculo político. En los últimos meses, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, asumió el rol de operador clave, manteniendo contactos con referentes opositores y peronistas para garantizar que el pliego de Lijo sea tratado sin contratiempos. La mesa chica del Gobierno, encabezada por Santiago Caputo, confía en que su aprobación será vista como un triunfo que compense las resistencias generadas por el eventual decreto de García-Mansilla.

Detrás de esa iniciativa está la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal, fundamental a la hora de revisar y elaborar de los argumentos jurídicos que respaldan la decisión oficial. Su misión, discreta pero crucial, es la de asegurar que el proceso cuente con una base legal sólida para resistir eventuales impugnaciones y así blindar una medida que está destinada a levantar polvareda.

Es que el panorama para García-Mansilla es diferente al de Lijo. El catedrático, conocido por su perfil conservador y sus posturas antiaborto, no logró reunir el consenso necesario en la Cámara alta, lo que llevó al oficialismo a contemplar su designación por una vía alternativa. Desde el entorno presidencial aseguran que el decreto saldrá antes del 1° de marzo, día en que se inician las sesiones ordinarias. “Vamos a avanzar de cualquier forma”, se le escuchó decir a un alto funcionario, dejando en claro que la prioridad del Gobierno es consolidar su influencia en el máximo tribunal.

Juego a dos bandas

La decisión de avanzar por decreto con García-Mansilla no deja de generar resistencias incluso dentro del oficialismo. Algunos sectores advirten que el perfil del jurista podría fortalecer los cuestionamientos de la oposición, que ya se muestra reticente a habilitar su designación. Además, el hecho de que ocupe la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco, quien se jubiló en 2021, alimentó críticas por la falta de perspectiva de género en la conformación de la Corte. Pero en Balcarce 50 no parecen preocupados: los ruidos son, según dicen, el precio inevitable de tener un plan ambicioso.

Sobre la mesa de negociaciones está una virtual ampliación del tribunal a nueve miembros. Esta iniciativa, que busca asegurar una mayor representatividad en la Corte, forma parte de las negociaciones de los enviados de Milei con sectores del peronismo. Entre los posibles nombres que la Casa Rosada baraja para integrarla aparece el de Ricardo Rojas, exjuez federal y autor del libro “La inflación como delito”, texto que inspiró algunas de las propuestas legislativas más controvertidas del Presidente. Rojas, que había sonado en las últimas semanas como eventual Procurador del Tesoro, podría ser la carta bajo la manga para consolidar la influencia libertaria en la Justicia.

El papel de Cristina Fernández de Kirchner y su espacio resulta crucial en esta trama. La prioridad del kirchnerismo es garantizar la ampliación de la Corte —con la exsenadora María de los Ángeles Sacnun como principal candidata—, pero también alcanzar un objetivo compartido con el oficialismo: desmantelar lo que ambos consideran una de las trinchera de influencia del macrismo en la Justicia. En el mileísmo entienden que, con aliados coyunturales como el bloque de Unión por la Patria, puede erosionar ese poder acumulado en los tribunales federales durante los años de Mauricio Macri, y las piezas del tablero parecen alinearse para esa jugada.

Desde el vamos, el expresidente se mostró abiertamente crítico de la designación de Lijo, alertando sobre los riesgos institucionales que podría implicar. Pero en su entorno admiten que la jugada de Milei deja al PRO atrapado: apoyar significa avalar al Gobierno, pero oponerse podría resultar en un juego de suma cero. Es una situación que refleja las tensiones dentro del partido amarillo, donde algunos sectores temen quedar relegados en las negociaciones con el oficialismo y reconocen que su margen de acción es limitado, especialmente ante la perspectiva de un decreto que podría sortear al Congreso.

Con la apertura de sesiones ordinarias prevista para el 1° de marzo, la Casa Rosada se encuentra en un juego de presiones y plazos ajustados. En Balcarce 50 están convencidos de que este es el momento de reacomodar las fichas puertas adentro del Poder Judicial y, de paso, enterrar la influencia residual del macrismo en los tribunales. Sin embargo, la apuesta no está exenta de riesgos: avanzar con decretos y alianzas coyunturales puede resultar en una victoria fugaz que, lejos de consolidar un nuevo orden, amplifique la fragmentación del tablero político. El desenlace no está escrito, pero una cosa está clara: nadie juega gratis en esta partida.

PL/JJD