El proyecto de Ley de Presupuesto 2022 prevé una disminución en educación del 6,2% respecto a 2021

Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación apuntó que en el proyecto de Ley del Presupuesto 2022, enviado al Congreso hace ya casi dos meses, el Gobierno nacional planteó una reducción en el dinero destinado a Educación de 6,2% con respecto al año anterior.

Según se desprende del informe “¿Cuál es el lugar de la educación en el proyecto de presupuesto nacional 2022?”, en 2022 se destinarán $522.490 millones para educación, que equivale al 5,4% del total de gastos previstos. En este sentido, los montos destinados a esta cartera verán una reducción de alrededor de 34 mil millones de pesos respecto de 2021.

Al ser consultados por LA NACION, desde el Ministerio de Educación de la Nación, respondieron que se está trabajando “en corregir los errores del presupuesto para aumentar la inversión en educación respecto de lo que se invirtió este año”, sin más detalles.

La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que la proporción de gasto consolidado en educación (Nación más provincias y CABA) sobre el PIB debe ser 6% o mayor en cada ejercicio. Sin embargo, durante el periodo 2013 a 2018 (último año con información consolidada oficial disponible) dicho mandato legal sólo fue cumplido en 2015, añade el informe.

Al analizar los gastos del Estado Nacional para el período estudiado, “se observa que lo destinado al Ministerio de Educación 4 representa entre el 4,2% y el 5,9% de los gastos totales de dicho nivel de gobierno. El ministerio que presenta la mayor participación desde esta perspectiva jurisdiccional es el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el cual representó entre el 39% y 51% a lo largo de cada año, principalmente explicado por los recursos implementados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se contabilizan en la cartera mencionada”.

Después de su pico máximo en el año 2015, los gastos en la función educación se mantuvieron con cierta estabilidad hasta el año 2017 y a partir de 2018 experimentaron una tendencia a la baja, principalmente explicada por el deterioro del salario real de un sector muy intensivo en recursos humanos. En los años 2019 y 2020 se tocaron los valores mínimos en el periodo analizado. Si bien la reducción de 2019 y 2020 se ve acompañada en general en todos las dependencias que participan en la función educación, el ajuste se explica principalmente por una caída en el gasto impartido por el Ministerio de Educación, indican desde el Observatorio.

Desde el nivel máximo en el gasto total en la función educación logrado en 2015, se observa una caída del 32,5% en términos reales acumulada hasta al año 2020. Por otro lado, al ver sólo el gasto educativo implementado por el Ministerio de Educación, se observa que el año de mayor gasto por parte de esta cartera en el período analizado fue el ejercicio 2017. La caída acumulada por dicho organismo desde allí hasta 2020 alcanzó a 32,2% en términos reales (520.419 vs 374.615 en millones de pesos de 2021). 

“Luego de la recuperación experimentada durante el ejercicio en curso, el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 prevé gastos correspondiente a la función educación por $522.490 millones que presentan una reducción de alrededor de 34 mil millones de pesos respecto de 2021 (siempre considerando valores constantes de 2021). El 67,6% de esa reducción (equivalente a 23 mil millones de pesos) corresponde al Ministerio de Educación”, detalla el informe.

Finalmente, el informe detalla que el proyecto de ley del presupuesto para 2022, prioriza el programa 47 de implementación del programa federal Juana Manso, representando un 34,1% del total de los otros gastos (11,5% del total). La gestión de becas continúa en el segundo lugar manteniendo un 18,5% de los gastos (6,2% del total). Por último el programa 32 muestra otra leve recuperación en términos relativos pasando a 800 millones de pesos de 2021 (representando un 0,5% de los otros gastos y 0,18% del total).

La importancia del programa 32 radica en que tiene como objetivos “ofrecer evidencia técnicamente sólida para la toma de decisiones”, diseñar acciones relativas al planeamiento para el desarrollo y seguimiento de políticas educativas apoyado en datos rigurosos, realizar evaluaciones y seguimientos de políticas para mejorar las intervenciones, y difundir información rigurosa que aporte a la igualdad y calidad de la educación (Proyecto de Ley del Presupuesto 2022)

AB con información del Observatorio Argentinos por la Educación.