Ningún responsable político, penas tardías para policías y asesinos “anónimos”: la deuda de la justicia con las víctimas de diciembre de 2001

Tirar a matar para dispersar protestas y saqueos: desde una terraza, desde el interior de una sucursal de banco, desde móviles policiales o camionetas sin identificar. Disparar a mansalva: vestidos de civil o uniformados. Abrieron fuego agentes de las Fuerzas de Seguridad, pero también personal de custodia privada y dueños de supermercados. El 19 y 20 de diciembre de 2001 dejaron un saldo de 38 muertos: diez eran menores de edad; casi todas las víctimas no tenían más de 30 años. A veinte años de la represión, la Justicia no determinó responsables políticos. El ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído. Ramón Mestre, entonces ministro del Interior, falleció antes de llegar a juicio. La causa contra Carlos Reutemann, entonces gobernador de Santa Fe donde se produjo la mayor cantidad de asesinatos, fue archivada en 2009.

Las condenas llegaron tarde y para funcionarios públicos que ocupaban segundas líneas de mando. Y ni siquiera están firmes. En muchos de los casos no pudieron determinar a los autores materiales de los crímenes. Hay, también, policías condenados que denuncian haber sido “chivos expiatorios”. Y agentes que ocupaban cargos jerárquicos desplazados y con sentencia en contra por haber “encubierto” despliegues violentos que terminaron en asesinatos.

Entre los asesinados hay chicas que tomaban mates en el patio de la casa de sus familiares, adolescentes que salieron, curiosos, a “ver los saqueos”, personas que advertían sobre el peligro de acercarse a “ver los saqueos”, manifestantes que reclamaban por sus ahorros confiscados por los bancos, militantes, referentes de comedores comunitarios. Hubo demoras en la entrega de los cuerpos. Uno, incluso, tardó en aparecer: diez días después dieron con el cadáver de José Daniel Rodríguez, 25 años, militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), es uno de los tres entrerrianos asesinados. El cuerpo estaba en una zanja, tapado con neumáticos, baleado y con signos de tortura. 

Sobreseimientos, causas archivadas y condenas que no están firmes

Cinco personas murieron en Plaza de Mayo y alrededores. Diego Lamagna tenía 26 años. Fue herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular. Gastón Riva tenía 30 años. Andaba en moto por la Avenida de Mayo cuando recibió un balazo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban en la zona, disparando. Carlos “Petete” Almirón tenía 30 años. Era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en 9 de Julio y Avenida de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a la Plaza de Mayo. Alberto Márquez tenía 57 años. Murió en la Plaza, dos disparos de itaka por la espalda.

Gustavo Benedetto, 23 años, quedó en la línea de fuego de una sucursal del banco HSBC, ubicada en Avenida de Mayo y Chacabuco. Se había quedado sin trabajo: el Día% que lo empleaba había sido saqueado y lo despidieron. Fue a protestar, murió de un disparo. En la investigación determinaron que del banco hacía afuera se efectuaron 60 disparos y ninguno de afuera hacia adentro. Omar Alberto Bellante, subcomisario, recibió la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años. No es el responsable directo del homicidio, pero fue acusado de encubrir al responsable de la muerte de Benedetto.

Fernando de la Rúa, entonces presidente, fue procesado en 2007 por esos cinco homicidio y 107 lesiones culposas. Al Tribunal Oral Federal N°6 declaró como testigo. Dijo que él no había bajado ninguna orden a las Fuerzas de Seguridad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo sobreseyó en 2015 por no encontrar pruebas suficientes que lo inculparan. Fernando de la Rúa gobernó entre 1999 y ese diciembre fatal en el que presentó la renuncia. Murió en julio de 2019. Tenía 81 años.

Hace unos días, la Cámara de Casación Penal confirmó las penas para Enrique Mathov -4 años y 3 meses-, quien estaba a cargo de Secretaria de Seguridad en aquel momento, y del exjefe de la Policía Federal de entonces, Rubén Santos - 3 años y 6 meses-. Tienen un plazo de diez días para apelar, pero podrían volver a la cárcel para cumplirlas. Son, por lo pronto, los únicos dos funcionarios públicos de más alto rango en ser condenados.

Raúl Roberto Andreozzi, exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, recibió la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años, y Norberto Edgardo Gaudiero, 3 años y medios de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años. Ninguno apeló la sentencia, con lo cual queda firme. Los cuatro -Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi- obtuvieron los años de prisión efectiva cercanos al máximo que indica la ley, 5 años, para las figuras de homicidio y lesiones culposas -es decir: son “responsables”, pero no “con intención”-. 

En su declaración a la Justicia, en 2007, de la Rúa apuntó contra su ministro del Interior, Ramón Mestre. Dijo que la Policía Federal Argentina operaba bajo su responsabilidad. Mestre fue imputado pero no llegó al juicio. Murió en 2003, en Córdoba, por una complicación de la hepatitis que padecía y que derivó en un infarto. Tenía 65 años. Mestre aseguró haber renunciado a su cargo en la mañana del 20 de diciembre de 2001. En El palacio y la calle, de Miguel Bonasso, de la Rúa lo desmintió.

En Santa Fe mataron a nueve personas, ocho sólo en Rosario. Se acreditó en la investigación que siete crímenes fueron por balas policiales. Organizaciones civiles y de Derechos Humanos señalaron a Carlos Reutemann, gobernador entonces, como máximo responsable político de la masacre. En abril de 2009, cuando Reutemann ocupaba una banca como senador, archivaron la causa en su contra: la Justicia no encontró elementos que lo incriminen. Reutemann murió en julio, a los 79 años.

VDM