Desde reventa de ropa hasta servicio de remisería y delivery: las changas de los trabajadores de Garbarino que no cobran su sueldo hace meses

Ofrecen servicios de moto mensajería, remisería o revenden ropa; con ayuda económica de familiares o préstamos bancarios, pero sin cobertura médica, los trabajadores de la cadena de electrodomésticos Garbarino de zona oeste atraviesan el quinto mes sin cobrar su salario. Con las ocho sucursales de esa región con las persianas bajas -dos de forma definitiva-, su único ingreso, denuncian, son los 22 mil pesos correspondientes al Programa de Recuperación Productiva (REPRO II) que le otorga el Estado a las empresas.

Hace exactamente dos meses, este diario publicó el reclamo de los empleados que, concentrados en el barrio porteño de Recoleta, entre pancartas, bombos y cornetas, reclamaban supuestos despidos encubiertos, suspensiones y atrasos en los sueldos. Luego se trasladaron a Casa Rosada con un contundente mensaje para Alberto Fernández. “Estamos pasando por un momento de total abandono y desesperación, ya que se nos adeudan sueldos de abril, mayo, bono de fin de año, aguinaldo y aportes previsionales. Nos quedamos sin atención medica en plena pandemia. Todo lo que se retiene de nuestros sueldos no es derivado correctamente a donde debería, como, por ejemplo, las cuotas de alimentos, que no le son depositadas a los hijos de los trabajadores”, decí el petitorio.

Hoy, aseguran, la situación laboral y salarial es “insostenible” y se vieron obligados a “salir a hacer changas” para solventar sus necesidades básicas. “Ya es el quinto mes adeudado, más aguinaldo, más bono que nunca se pagó. Cada situación es particular. Tanto mi pareja como yo dependemos de Garbarino, porque los dos trabajamos para la empresa y solamente estamos cobrando los 22 mil de REPRO del Estado y no más que eso. Estamos subsistiendo con la ayuda de familiares, préstamos que pudimos sacar en algún banco y endeudándonos con las tarjetas”, cuenta Erika a elDiarioAR Salazar,  trabajadora de Garbarino y delegada del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (SEOCA).

Entre sus compañeros, escucha diferentes historias de reconversión laboral para cubrir gastos y deudas acumuladas en el último tiempo: “Quienes tienen auto hacen alguna que otra changa como remís y mensajería. Con ayuda de familiares, otros se pusieron un kiosco. La reventa de productos es lo que más se ve, como ropa y calzado. Otros fueron desalojados de sus hogares por falta de pago de alquiler”, cuenta Salazar.

La empresa ya se encontraba en crisis el año pasado, cuando Carlos Rosales la compró a sus dueños originales, Omar y Gabriel Garbarino. Rosales la obtuvo por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, pero con el compromiso de asumir su deuda de $ 12.000 millones.

Tal y como reveló este medio en exclusiva, los Garbarino son investigados por presunto lavado mientras la compañía atraviesa esta grave crisis financiera. La AFIP denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa, según los documentos a los que accedió elDiarioAR y desde 2017, la compañía es eje de una causa en Comodoro Py.

La semana pasada, el Gobierno porteño transfirió a la empresa de Rosales una parte de los saldos a favor que la compañía tenía en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el ente recaudador de la ciudad, por un monto estimado en alrededor de $225 millones.

El dinero representa un pago promedio de menos de $60.000 para cada empleado. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.

“Solamente le pagaron a las sucursales abiertas: trabajadores que van un par de horas pero ni siquiera a vender. La cantidad de stock es casi nula y las operaciones que se pueden hacer son limitadas ya que, al ser mercadería en consignación, solo se pueden hacer ventas en efectivo”, apunta la delegada Salazar.

Desde la representación legal de SEOCA se comunicaron con el área de Recursos Humanos de la empresa “preguntándole por qué no pagaron a ningún trabajador de zona oeste el 20% de lo adeudado, como sí lo hicieron en otros casos”, dice Salazar “a lo que respondieron que fue porque 'las sucursales estaban tomadas'. Nunca las tomamos, sí hicimos cese de tareas”.

“En zona oeste hay ocho locales. El primero que cerró de manera definitiva fue el de Morón y el segundo fue el de San Justo. Esto ocasionó que se tuvieran que reubicar trabajadores, lo que derivó en problemas e irregularidades salariales: el cobro de sueldo en cuotas, falta de pago de aportes y suspensiones. Comenzamos con las medidas de fuerza y retención de tareas y, como consecuencia, la empresa decidió bajar las persianas. Todas las sucursales de zona oeste están cerradas en las cuales, en promedio, trabajamos 35 personas en cada una”, apunta Salazar.

En un contexto de pandemia, aseguran, se encuentran sin cobertura médica. “Con pacientes oncológicos, compañeras embarazadas, embarazos de riesgo y tratamientos que tuvimos que dejar”, dice Salazar quien, agrega, los trabajadores están tramitando el traspaso a la cobertura de la Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC).

Desde el sindicato y con la ayuda de los mismos empleados, gestionaron bolsones de mercadería, lo que “ayudó a todos a pelear esta situación que es desesperante, no solamente por la necesidad económica, sino también por la incertidumbre que manejan sobre nuestro futuro laboral porque nadie nos aclara qué va pasar. Y la solución no llega”.

AB