Tucumán elimina una pregunta sobre abortos en formularios de postulación a empleo público

Desde 2004 hasta marzo de este año, cualquier mujer o persona gestante que quisiera postularse para un empleo público en la provincia de Tucumán debía llenar un formulario donde, entre otras cosas, debía revelar información íntima sobre sus historiales médicos. La alarma se encendió cuando la Fundación Mujeres x Mujeres (MxM) descubrió que, con carácter de declaración jurada, las postulantes debían responder si se habían practicado abortos en su pasado, a pesar de que desde hace tres años la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho garantizado por ley. 

Recién el 8 de marzo pasado el Gobierno de Tucumán eliminó esta pregunta del formulario oficial del Servicio de Salud Ocupacional Provincial a raíz de una denuncia presentada por la fundación MxM ante la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia de esa provincia. Esa oficina, liderada por Mario Racedo, realizó una investigación sobre esta práctica discriminatoria. 

En diálogo con DiarioAR, Racedo confirmó: “La página donde se hacía la pregunta por posibles abortos ya fue bajada y el Gobierno local está elaborando una nueva. Se pusieron las cosas en su lugar”. Según agregó el funcionario, esta pregunta de los formularios preocupacionales “solo tenía una finalidad medicinal y laborativa” y “no tenía ningún deseo ni intención de transgredir ningún derecho constitucional”.

Sin embargo, también en comunicación con este medio, Soledad Deza, presidenta de la mencionada Fundación y abogada feminista tucumana, contrarrestó esa versión: “Nosotras estuvimos investigando con médicas y médicos si el dato personal requerido es significativo para la salud, en este contexto preocupacional. Las médicas nos dijeron que no. Sobre todo, porque a veces se escudan diciendo que preguntan por ‘abortos espontáneos’ pero eso no es verdad. El formulario dice 'abortos' directamente”. 

Esta intromisión en la vida privada e intimidad de las postulantes afecta, aseguró Deza, además “el derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque a los varones no le preguntan nada sobre su vida sexual”.

La desigualdad de los requerimientos 

Esta situación representa un eslabón más en una larga cadena de desigualdades que construyen la brecha de género entre hombres y mujeres en esa provincia. En 2021, las mujeres presentaban una tasa de actividad laboral del 44,6% versus 67,2% de los varones y la brecha salarial alcanzaba entonces el 23,1%, según un estudio denominado “Las brechas de género en las provincias argentinas”, hecho por la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género del Ministerio de Economía de la Nación. 

Por otro lado, Deza apuntó que esto incluso “afecta el derecho constitucional de no autoincriminarse”: “A ellas se les obligaba a tener que hacer una declaración jurada y entrar en una disyuntiva de pensar ‘miento para poder entrar al trabajo o digo la verdad y puedo ir en cana'”, aseguró. 

Es por esto que la abogada instó a mantenerse alerta y cuestionarse “hasta qué punto la actividad estatal estaba impregnada por los conservadurismos”. Según contó, desde la ONG se sorprenden que esa pregunta lleve 20 años en los formularios para trabajos estatales y que ninguna mujer haya denunciado esto antes. “Estas cosas también obligan a un doble esfuerzo a los feminismos, porque una tiene que estar buscando en todos los rincones por dónde van a salir a transgredir nuestros derechos, en una coyuntura donde la narrativa nacional declara la guerra de las mujeres”, reflexionó. 

Consultada sobre el porvenir de este tema en la provincia, Deza respondió: “Nosotras realizamos la denuncia el día 5 de febrero y el formulario fue bajado el día 8 de marzo con el dictamen que ordenaba su revisión. Diría que no hay intención gubernamental de continuar con este tema”. Sin embargo, esto podría provocar que también se revisen los formularios preocupaciones en otras provincias.   

Acceso al aborto legal 

A pesar de que el aborto ya es ley en Argentina, el acceso a un aborto seguro y gratuito no se encuentra garantizado por completo en todas las provincias. Aún más, organizaciones como Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios de Estado y Sociedades advirtieron sobre la falta de información pública respecto a cuántas IVE fueron realizadas en el sector privado y las dificultades de cumplimiento del acceso a la práctica entre obras sociales y prepagas.

Tucumán quedó marcada por haberle negado el acceso al aborto a una niña de 11 años que había quedado embarazada producto de una violación, a inicios del año 2019. “Lucía”, pseudónimo con el que los abogados de la familia de la niña la mencionan ante la prensa, y su mamá dejaron claro que ella quería interrumpir su embarazo. La menor había sido explícita: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. 

Sin embargo, la voz eclesiástica fue más fuerte que la de la niña y su familia, que quedaron atrapadas en una disputa y discusión que tomó rápidamente escala nacional y se transformó en la campaña #NiñasNoMadres. 

El entonces gobierno local de Juan Manzur y organizaciones religiosas quisieron decidir por la menor y sus padres, tildando de “milagro” la vida que se gestaría en el vientre de una niña que apenas había ingresado a la educación primaria. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación, publicado por Chequeado, desde el año 2021 hasta octubre de 2023, se practicaron un total de 245.000 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público en el país. 

La distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por provincia, el mayor número de abortos entre 2021 y septiembre de 2023 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 34 cada mil mujeres, seguida por Salta, donde fue de 30,4. En tanto, en la provincia de Tucumán, la tasa es de 27,5 abortos por cada mil mujeres fértiles. 

Al respecto, Deza compartió que “la semana pasada también se obstruyó en un hospital público una interrupción legal de una niña de 11 años víctima de un abuso sexual. Estas cosas parecen aisladas, pero en realidad están encadenadas y concatenadas. Me parece que van a emerger modos más enmascarados y solapados de impugnar la autonomía de las mujeres y diversidades sexuales”. 

Sin duda, en un contexto nacional donde la principal voz del Gobierno, el presidente Javier Milei, señala como “asesinato agravado por vínculo” al aborto, además de afirmar que lo puede argumentar “moral y matemáticamente”, no sorprende que acontecimientos como la pregunta sobre “cuántos abortos tuvo” no genere una revisión integra del Estado como ente que debería garantizar la pluralidad y sobre todo la protección de los derechos individuales. Se deberán revisar todas las instancias y condicionamientos de selección de personal para que nadie quede expuesto a prácticas anticuadas hacia las personas gestantes que ejercieron su legítimo derecho. 

EN/FG/DTC