Caminaba a su casa y fue detenida por la Bonaerense: la madre de 26 años que apareció ahorcada en una comisaría

El domingo 5 de junio de 2022 fue una mañana helada en Laprida, una ciudad de 12.000 habitantes a 450 kilómetros de Capital Federal. Daiana Abregú, de 26 años, caminaba sola por las calles, tras haber salido de El Castillo, un popular boliche de la zona. Vestía una campera de jean, remera blanca y unas zapatillas negras. A Daiana no le molestaba andar sin compañía por las calles vacías. Hacía muchas otras cosas sola. Iba a bailar, criaba a su hijo de tres años y planeaba irse a vivir con él a la ciudad de La Plata. Volver a empezar. También jugaba al fútbol: en el Club Atlético Lilán de Laprida era conocida por ser una jugadora “aguerrida”. Su actitud y tozudez, además, le eran reconocidos por familiares y amigos. De hecho, esa palabra ─actitud─ la llevaba tatuada en su cuello. A las 7 de la mañana, un móvil de la Policía Bonaerense frenó a su lado. Daiana no lo sabría, pero ese instante cambiaría su vida y haría que Laprida, la ciudad donde nació y se crió, se dividiera en dos.

Esa mañana, Daiana fue detenida por policías de la comisaría comunal de Laprida. La acusaban de generar disturbios en la vía pública. Fue trasladada y alojada en soledad en una celda de la dependencia. El destacamento tenía una denuncia por clausura: eso significa que no podía tener personas apresadas por más de seis horas. Daiana apenas estuvo unas horas más. Esa noche fue la única detenida. La joven fue encontrada ahorcada por tres oficiales bonaerenses de turno durante el mediodía de aquel domingo.

“Su hija se suicidó”, le dijo el entonces comisario de la estación, Marcelo Amaya, a los padres de la joven, horas después de hallarla sin vida. Los policías, sostuvo Amaya, encontraron a Daiana ahorcada en la celda con su campera de jean. Pese a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) —les narró el comisario—, no pudieron salvarla. Tampoco les dejaron ver el cuerpo: una ambulancia la estaba trasladando hasta la ciudad de Azul, a 160 kilómetros de Laprida, para realizar la primera autopsia.

Al día siguiente, la Asesoría Pericial de Azul determinó que Daiana se habría suicidado, avalando la hipótesis policial. Sin embargo, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tras llegar a Laprida y asumir la querella en su calidad de particular damnificado, impugnaron esa autopsia por no respetar el Protocolo de Minessota, un procedimiento internacional que exige una serie de estándares para investigar muertes bajo custodia estatal, así como también la Resolución 1.390 de la Procuración provincial, en la que se exige el apartamiento de las fuerzas de seguridad presuntamente involucradas. Entre las irregularidades que se cometieron en la primera autopsia —señaló la CPM—, se encontraba la falta de tecnología necesaria para determinados análisis que se hicieron, como así también el uso de la policía científica de la provincia para recolectar pruebas que podrían comprometer a la misma fuerza de seguridad sospechada del crimen: la Bonaerense. El cuerpo de Daiana, además, se preservó en la morgue de esa misma fuerza.

El segundo fiscal del caso, Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, ordenó una segunda autopsia del cuerpo, tras insistencia de la CPM. La Asesoría Pericial de La Plata, por sugerencia del organismo, fue la encargada de llevar a cabo la tarea. Su conclusión ─amparada por nuevos informes que no se hicieron en la primera instancia─, determinó que Daiana presentaba heridas compatibles con signos de una “autodefensa” por sofocación. Además, el lazo de ahorcadura de su cuello mostraba señales de que la herida había sido realizada por “terceros”, descartando la hipótesis inicial del suicidio, de acuerdo con el informe de los peritos.

El fiscal Calonje, luego de esos resultados, imputó a cinco policías por homicidio y encubrimiento, además de ordenar su encarcelamiento de forma inmediata. Aquel giro en la causa, sin embargo, no duraría mucho. El fiscal, por pedido de la defensa de los efectivos, ordenó que un nuevo equipo pericial analice los resultados de las dos autopsias. El órgano encargado, esta vez, fue la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal. El mismo ─criticó la CPM al conocer la decisión—, estaba compuesto en su mayoría por especialistas en criminología y médicos legistas, como psiquiatras, y no por perito forenses, acordes para estudiar los informes de la autopsia.

Los miembros de la UCAC rechazaron rápidamente las conclusiones de homicidio de la segunda autopsia y enfocaron su análisis en los aspectos psicológicos de Daiana. En su informe —que incluyó una recreación del supuesto suicidio en la celda de Laprida—, los expertos describieron a la víctima como una persona con una personalidad “inestable” y con problemas de consumo de drogas. La noche anterior a ser detenida, detalló la unidad especial, la joven había consumido alcohol y cocaína, por lo que un contexto de encierro, explicaron, pudo haber provocado “una crisis nerviosa que llevó a la joven a quitarse la vida”.

Además, en el peritaje de la campera de Daiana estuvo “mal medido”, afirmaron a elDiarioAR peritos de parte del organismo de derechos humanos CPM. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, aseguró el perito forense y antropólogo Fabián Quintero. Virginia Creimer, perito de parte de la CPM, reconstruyó la escena del hecho en la comisaría. “Hubo un montaje casi perfecto por parte de la policía”, señaló Creimer a este medio.

A pesar de que Abregú ya había sido detenida en otras ocasiones en esa comisaría, y que aquel domingo 5 de junio fue apresada por un delito menor como una supuesta contravención, el dictamen final de la Policía Federal no dio lugar a otra posibilidad: Daiana se suicidó. Con dos estudios que avalaban esta última hipótesis —primero el de la autopsia de la Asesoría Pericial de Azul; y ahora esta resolución de la fuerza federal— Calonje ordenó la libertad para los cinco oficiales bonaerenses. Pero la vía judicial aún no estaba terminada.

Tanto el abogado de la familia, Sergio Roldan, como la CPM, le exigieron al fiscal una tercera instancia pericial, dado que no reconocían a la primera autopsia —la de Azul— como válida, al no respetar los protocolos necesarios. Con ese escenario, donde había un informe como el de la Asesoría de La Plata, que decía que la joven fue presuntamente asesinada, y otro, el de la Federal, que concluía que Daiana se había quitado la vida, se requería una tercera opinión que reconfirme alguna de estas dos hipótesis. El órgano elegido por Calonje para la tercera instancia de análisis fue, finalmente, el Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este último órgano judicial, sin embargo, no dio lugar a los resultados de la segunda autopsia y cerró el caso como otro de los 13 supuestos suicidios que hubo en comisarías de la provincia en 2022. Tras dos años del caso, cuatro de los cinco policías imputados volvieron a trabajar como policías. Sólo una efectiva irá a juicio por la falta de cuidado hacia la única detenida de la dependencia que debía custodiar durante su turno, aquella fría mañana de junio.

Una fuente policial que trabajó en Laprida describió a los oficiales de entonces como “violentos” y dijo que las guardias de inspección de calabozos se “adulteraban”, tal como confesó una de las efectivas imputadas ante el fiscal. Dos vecinos que prefirieron no dar sus nombres contaron a elDiarioAR que fueron torturados por personal de esa comisaría utilizando la metodología del “submarino seco”, una modalidad de sumisión que consiste en la asfixia con una bolsa plástica en la cabeza. 

Juan Pablo Guzmán, vecino lapridense, también denunció que en 2020 fue torturado dentro de la dependencia con golpes y tormentos. “Le sacaron la tapa a sus linternas y me quemaron con el foco prendido”, narró Guzmán, cuyo testimonio fue presentado ante la fiscalía de la ciudad. Uno de los oficiales señalados en su denuncia fue imputado dos años después por el caso de Abregú.

El ministro de Seguridad bonaerense por aquel entonces, Sergio Berni, se refirió al caso de la joven en una conferencia de prensa que realizó en noviembre de 2022 en Olavarría, a pocos kilómetros de Laprida. Allí Berni defendió la actuación de sus policías. “Lamentablemente fue un suicidio. La primera autopsia lo demuestra”, concluyó el exministro, sin aludir a que en el primer examen pericial del cuerpo participaron funcionarios de la fuerza bonaerense, una acción vetada por el Protocolo de Minnesota y la Resolución 1.390 de la Procuración. El caso de Abregú fue tomado por Amnistía Internacional como un ejemplo de violencia institucional en el país. En la última marcha del 5 de junio por el segundo aniversario de la muerte de Daiana, la policía de Laprida reprimió a sus familiares.  

De las 200 investigaciones penales que se iniciaron por muertes bajo custodia estatal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia desestimó o archivó 25, mientras que otras 175 se encuentran en trámite judicial. Sólo 12 causas de ese total se elevaron a juicio. “Las cifras de esos informes están sujetas a la voluntad de trabajar de los fiscales”, señaló Augusto Infante, director de litigio de la CPM. “Muchas denuncias no se registran como de violencia institucional, aún cuando les corresponde. Eso hace que para el MPF un departamento judicial pequeño como el de Azul tenga más casos que La Matanza”, explicó Infante.

Durante el primer semestre de 2023, hubo 917 procesos penales iniciados contra oficiales bonaerenses, según el último informe del MPF provincial. De ese total, 326 casos corresponden a hechos ocurridos en el ámbito de las comisarías. Además, detalla el MPF, 96 de esas investigaciones penales son por muertes en contexto de encierro. Siete decesos de ese total ocurrieron en dependencias policiales, mientras que otras cuatro sucedieron en hospitales, tras ser derivados desde comisarías. Para la CPM, en el primer semestre del año pasado hubo siete ahorcamientos y ocho fallecimientos por descompensación médica o causa desconocida. Es decir, cuatro muertes más que para el MPF. La diferencia en el número, explica Ariel Lede, analista de información en la CPM, se debe a que el organismo público sólo toma en cuenta las muertes con investigaciones penales iniciadas. “Nosotros incluimos, además, las denuncias de familiares y organizaciones que luego pueden convertirse en una causa judicial registrada para la Justicia”, señala Lede.

Laura Abregú, mamá de Daiana, dice estar “cansada” de tantos idas y vueltas con el caso de su hija. Cada vez que pasa por la comisaría de Laprida, a pocas cuadras de su casa, cierra los ojos por un momento. “La veo a Dai abrazando a su hijo, que la extraña mucho”, dice Laura. “Y me veo a mí, abrazándolo a los dos”.

Nota: este artículo se actualizó el 21 de julio de 2024 a las 11:28.

ED