Desde Caputo hasta Barra, ya afloran los focos de conflictos de intereses en el nuevo gobierno
El gabinete de Javier Milei es un gran abanico de posibles conflictos de intereses. Desde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la cúpula del equipo económico que lidera Luis “Toto” Caputo, hasta subsecretarios de Estado integran la lista de funcionarios provenientes del sector privado que deberán ir con pie de plomo a la hora de tomar decisiones que involucren a sus ex empleadores, socios y clientes.
Al igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, los nuevos roles de los hombres y mujeres que integran el nuevo gobierno implican cargos sumamente sensibles para el Estado porque se trata de quienes deben velar por los intereses de todos los argentinos por sobre empresas, empresarios y particulares, como el caso del procurador del Tesoro de la Nación, que encabezará el abogado Rodolfo Barra.
elDiarioAR elaboró una lista de los focos de posibles conflictos de intereses más sobresaliente, pero habrá decenas, como mínimo: secretarios y subsecretarios de Estado y directores son también cargos clave a la hora de tomar decisiones administrativas que involucran a los privados. La concesionaria de los aeropuertos, Corporación América, de Eduardo Eurnekian, es un exempleador recurrente en el gabinete -incluido el Presidente- pero también hay consultoras y estudios jurídicos y de asesoría a través de los cuales prestaron servicios a bancos, empresas de energía, alimentos, exportadores e inmobiliarios, entre otros rubros.
Un caso sensible fuera del gabinete también será el del nuevo CEO de YPF, Horacio Marín, hasta ahora exdirector de Explotación y Producción de Tecpetrol. Tecpetrol pertenece al grupo Techint, de los Rocca, y es una de las empresas competidoras de YPF en el rubro del gas y petróleo. Milei quiere privatizar la compañía. Techint fue uno de los aportantes a la campaña de Milei.
Los funcionarios públicos -incluido el Presidente- no pueden dirigir, asesorar, representar ni administrar a personas o empresas que sean concesionarios o proveedores del Estado. Sería incompatible, como establece la Ley de Ética de la Función Pública. Tampoco pueden realizar actividades reguladas por el Estado cuando el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa con la actividad; ni pueden ser proveedores por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.
Además, y aquí surge uno de los focos centrales para el nuevo gabinete, aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante tres años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado. Es decir, no pueden privatizar una compañía del Estado y participar de su control por tres años.
Pero el foco clave para varios de los funcionarios de Milei es que deberán abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos tres años.
Si no lo hicieran, sus actos de gobierno respecto de estas empresas, personas o asuntos sobre los que tomaron decisiones o prestaron servicios serán nulos “de nulidad absoluta”, dice la ley.
El primer paso para estos funcionarios es realizar una declaración jurada de sus vínculos con el sector privado cuando presenten su primera declaración jurada patrimonial integral. Tienen un plazo de 30 días hábiles desde la asunción de sus cargos para hacerlo. En dicha declaración deberán informar a la Oficina Anticorrupción quiénes fueron sus clientes y empleadores durante los últimos tres años, hasta su asunción como funcionarios públicos.
Esas listas no son públicas pero quedan a resguardo de una dirección de la OA que se encarga de monitorear esos conflictos de intereses potenciales. Será el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, el encargado de elegir al funcionario o funcionaria a cargo de la OA y del control último del gabinete.
Caputo y equipo
Tras su nombramiento como ministro de Economía, Caputo anunció a principios de diciembre que cerraría su consultora financiera, Anker Latinoamérica SA, que dirigía junto a Santiago Bausili, ahora presidente del Banco Central. Anker también estaba integrada por otros dos colaboradores del ministro, quienes se unieron al gabinete económico: Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos asesores del Ministerio.
Anker cerró sus puertas este mes pero desde 2020 asesoraba en materia de macroeconomía y finanzas, realizaba informes y alertas, y brindaba charlas personalizadas “para hacer crecer su negocio”. Los cuatro nuevos funcionarios deberán ahora informar quiénes fueron sus clientes en estos tres años de trabajo, y abstenerse de tomar decisiones que los favorezcan.
A través de Anker, Caputo y Bausili organizaron el fideicomiso para financiar el Espacio Gigena, una megaobra en el ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo, que es terreno público de la Ciudad de Buenos Aires, como reveló elDiarioAR en agosto último. El gobierno porteño invertirá $3.000 millones para terminar obras de infraestructura del proyecto, publicó La Política Online.
Tanto Caputo como Bausili conocen de conflictos de intereses que terminaron en causas judiciales, en las que finalmente fueron favorecidos.
En 2017, el fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que Caputo formaba parte como ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. La operatoria fue a través del fondo Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.
Además, Bausili estuvo procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de su intervención en el “megacanje II”. Bausili estaba acusado de haber favorecido a la entidad bancaria Deutsche Bank, que era su empleadora hasta que ingresó en la función pública. Fue favorecido pocos días antes de asumir como presidente del Banco Central por un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que le dictó por segunda vez una falta de mérito y lo dejó al borde del sobreseimiento.
Caputo y Bausili siempre negaron haber intentado favorecer a Axis o al Deutsche Bank desde sus cargos en el gobierno de Mauricio Macri y el abogado de ambos, Matías Cuneo Libarona, apeló los fallos en contra de sus clientes hasta lograr desestimaciones, archivos o faltas de mérito.
Cuneo Libarona y Justicia
El penalista Mariano Cuneo Libarona renunció al estudio jurídico que integraba con sus hermanos. Matías Cuneo Libarona, el menor del clan, absorberá la cartera de clientes del ministro, confió una fuente del bufete legal.
Matías Cuneo Libarona ya representaba en los tribunales a Caputo y Bausili en las causas que se les iniciaron a ambos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, además de los clientes de Mariano, suma al propio ministro de Justicia a su lista de defendidos en caso de que su hermano así lo requiera, contaron en el estudio.
Los Cuneo Libarona conocen los tribunales penales de la A a la Z. En una entrevista con revista Noticias, de 2018, los hermanos se jactaron de que podrían ingresar a las dependencias judiciales con los ojos cerrados “y recorrer sus pasillos de noche y a oscuras”. Los conocen desde niños, escribió la periodista Nora Fernández.
El ministro de Justicia deberá abstenerse de intervenir en licitaciones y contrataciones a sus clientes, por ejemplo. Además debería abstenerse de participar en los concursos en los que participen algunos de los jueces a los que representó como abogado en los últimos tres años.
La cartera de clientes de Mariano Cuneo Libarona es larga y variada. Desde el expresidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma hasta Guillermo Coppola, el excomisario Juan José Ribelli, el empresario Víctor Stinfale -quien fue acusado en la tragedia de Time Warp-, pero también de empresarios con aceitados contactos con el Estado. En la causa de los cuadernos, defendió a la familia Eurnekian y a Sergio Taselli. También representaba hasta su asunción como funcionario público al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, en el caso por presunta violación a su sobrina y colaboradora.
En su CV también se destacan clubes del fútbol argentino y varios futbolistas: Claudio Caniggia, Martín Palermo y Ezequiel Lavezzi, entre otros. También a Alan Schlenker, exbarra brava de River Plate.
Bajo la órbita del ministerio de Justicia, otros funcionarios de menor rango tendrán a su cargo organismos sensibles a los conflictos de intereses: la propia OA, la Unidad de Información Financiera (UIF) -que debe controlar y denunciar sospechas de lavado de dinero y terrorismo- y la Inspección General de Justicia (IGJ), que controla a las sociedades comerciales, fundaciones y entidades.
La OA cuenta con un Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP), que tiene como objetivo cotejar y verificar el cumplimiento de las normas de ética pública por parte de las personas que ingresan y egresan de cargos públicos de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional. Será clave el rol que le dará el Ministro a esta herramienta.
Posse y Corporación América
El jefe de Gabinete Posse era hasta julio último el gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Aeropuertos Argentina 2000 (Corporación América), la empresa de Eurnekian que posee la concesión de los aeropuertos de todo el país. Posse fue el encargado de los aeropuertos de la Patagonia hasta que decidió sumarse al equipo de Milei, a quien conoció cuando el economista trabajaba para Eurnekian. Deberá abstenerse de intervenir de cualquier contratación o resolución que involucre al grupo empresario.
Barra, el Estado y las empresas
El procurador del Tesoro de la Nación es el jefe de los abogados del Estado, que debe litigar en nombre de la Administración pública contra empresas por demandas iniciadas por el propio Estado o contra el mismo.
Barra es experto en Derecho Administrativo y tenía su propio estudio jurídico en el que representaba a los privados en las causas contra el Estado hasta antes de asumir en la función pública. También deberá declarar ante la Oficina Anticorrupción quiénes fueron sus clientes y abstenerse de resolver cualquier demanda que los involucre durante los primeros tres años de su mandato como funcionario público.
Tras excusarse, otros funcionarios que dependen de él deberán ocupar su lugar, lo que también plantea un escenario sensible. Quiénes serán los subprocuradores del Tesoro será clave también en esta etapa.
La jefa de la AFIP
Otro de los casos que abre un frente de posibles conflictos de intereses es la flamante titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, experta en impuestos, aduanas y agronegocios. Fue socia del estudio Lisicki Litvin entre julio y su asunción como funcionaria.
Este bufete representa a algunos de los argentinos más poderosos en sus embates contra la AFIP o por demandas del fisco en su contra, como en el caso de Susana Giménez por presunta evasión impositiva. Es, además, el estudio número uno en auditoría del país y uno de los que encabezó las demandas contra el impuesto a la riqueza impulsado por el kirchnerismo durante la pandemia.
Misrahi también asesoró hasta julio último en materia de impuestos a Cargill, la agroexportadora de capitales estadounidenses que estuvo varias veces en la mira de la AFIP.
La funcionaria deberá informar sus antecedentes laborales y los clientes a los que asesoró y representó desde diciembre de 2020 y abstenerse de intervenir en cualquier decisión que los involucre por el lapso de tres años. Lo mismo deberán hacer sus colaboradores y funcionarios de estratos inferiores en el organismo en caso de provenir del sector privado.
Ferraro y KPMG
Guillermo Ferraro, el economista que asumió como ministro de Infraestructura, era directivo de KPMG Argentina, la consultora internacional que asesora en materia de impuestos, finanzas, negocios y auditorías.
Entre 2010 y abril de 2023, fue director de Infraestructura y Gobierno en dicha multinacional. Allí, lideró la evaluación y estructuración financiera del Túnel Ferroviario Aconcagua, la Central Hidroeléctrica de Chihuido, el puerto de cargas de Ushuaia y los modelos de Participación Público Privada para los corredores viales, de acuerdo a su perfil en LinkedIn.
Estos proyectos fueron liderados por Corporación América. Ferraro también trabajó como consultor independiente en los últimos entre abril y septiembre último, según su CV. Deberá informar la nómina de sus clientes en ambos trabajos y abstenerse por tres años de intervenir en asuntos entre estos y el Estado.
Energía y Rodríguez Chirillo
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, lideraba hasta hace poco ERC Consultores, una consultora en materia de energía (electricidad, renovables, gas y petróleo) con negocios en Argentina, México y España. También podría estar alcanzado por conflictos de intereses en su nuevo rol en el Estado y debería declarar la lista de sus clientes de los últimos tres años.
Subsecretaria de Ambiente
Ana Lamas asumió como subsecretaria de Ambiente, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano. Se trata de una de las áreas más sensibles para el ámbito privado. La ahora funcionaria, que ejerció en la cartera durante la gestión de María Julia Alsogaray y a nivel provincial y municipal, fue hasta su regreso a la función pública asesora legal ambiental empresaria.
Entre sus servicios a bancos y empresas se dedicó a la gestión de permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental.
Desde 2018, asesoró a los bancos BBVA y Santander Río, al Hospital Italiano y a Telecom/Cablevisión. También a Bureau Veritas Argentina S.A. desde 2004 y a la compañía francesa SOGREAH, entre otras.
ED/DTC
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