Lucas González y una gran deuda de la democracia argentina

El asesinato de Lucas González, presuntamente en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, conmociona al país. Me voy a ocupar de ello, pero desde otro lugar. Antes, haré algunas precisiones. Dejo a un lado la investigación judicial que está en curso. Aunque la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es protagonista del caso, me voy a referir a las fuerzas de seguridad en general y algunas de las causas de los abusos funcionales de las policías. Voy a identificar algunas de las premisas de estos hechos que se mantienen muy firmes, más allá de los gobiernos de turno.

¿Qué tiene de nuevo este hecho aberrante para los argentinos? Lamentablemente poco. Sin embargo, despertó un interés público que no suelen tener estos temas. Los sociólogos deberán explicarnos la singularidad de este hecho. Lo concreto es que el caso “Lucas” muestra algunas prácticas que revelan el déficit democrático de la democracia argentina. Aunque parezca un juego de palabras, se trata de una paradoja inquietante. Pero el hecho tiene causas bastante específicas.

Desde hace mucho tiempo, la dirigencia política justifica cualquier cosa en nombre de la, pongo comillas, seguridad. Una de ellas es la necesidad, vuelvo a poner comillas, “hacer inteligencia” . Permanentemente se interpela a las diferentes policías a que hagan inteligencia para prevenir los delitos. Sobre todo, cuando algún crimen despierta la ira popular.

¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Hablamos de actividades que se hacen de manera secreta, mediante el engaño y en los márgenes de la legalidad. Esa necesidad que se naturalizó, generó que las fuerzas de seguridad muy sueltas de cuerpo, sin identificarse, de manera clandestina y autónoma circulen por las calles en búsqueda de información. En esa costumbre se ubica el primer acercamiento de Lucas con la policía porteña.

Más allá de tecnicismos legales, es contra intuitivo en una democracia que el Estado, a través de sus policías, se camufle entre los ciudadanos para pescar información. Por ello las leyes distinguen entre las tareas de prevención que hacen las fuerzas de seguridad con sus autos y sus uniformes, de las tareas de inteligencia que exigen control del sistema judicial. En otras palabras, la policía solo puede hacer ese tipo de trabajos bajo la supervisión de jueces y fiscales. 

Pero esto no es solo culpa de las fuerzas de seguridad. Al reclamo permanente de la dirigencia se suma el problema de la autonomía de las policías. Ello quiere decir que en las calles pueden hacer, de hecho, cuando les plazca. Aquí hay otra cuestión: la ausencia de una clara y firme conducción política. Esa es una responsabilidad de los gobiernos. Especialmente porque con las reglas de la democracia no valen los relativismos. Las prácticas del Estado se tienen que inscribir en la lógica de las leyes. Aquí no existen las ambigüedades. El argentinismo del “Sí, pero bueno…” no vale para la Constitución. Son las autoridades electas las que tienen el timón que guía el trabajo de las agencias policiales.

El caso Lucas también revela los hábitos de los policías para borrar los rastros de sus faltas. No hacen falta mayores detalles. Basta reparar en que Lucas estuvo internado en condición de “sospechoso herido”. ¿Cómo puede ser que estas cosas pasen en el siglo XXI? Pasan, entre otras, por dos razones. En primer lugar, porque en los tribunales hay una tendencia a dar por ciertos los discursos de las fuerzas de seguridad. Ello no es malo en sí mismo porque se trata de la palabra oficial. Pero en la realidad hay un blindaje que incluye cierto rechazo a la corroboración. Eso es fuente de arbitrariedades. En segundo lugar, en plena revolución tecnológica nuestras fuerzas de seguridad permanecen trabajando con actas que documentan sus versiones de los hechos. No se graba, se filma poco y para colmo de males las cámaras de seguridad de las calles no siempre funcionan.

En otras palabras, las fuerzas se mueven sin control o con controles insuficientes. Falta de rendición de cuentas. Sabemos que los salarios ni herramientas de trabajo no son los mejores. No se publica con la nitidez necesaria el proceso de formación y de selección de los funcionarios. Podría seguir enumerando aspectos de este tipo, pero no tiene mayor sentido. Puedo concluir que la combinación de inoperancia, opacidad, escaso control, abuso de poder y cierta desidia trae aparejada la muerte y, en general, el temor de los ciudadanos con las fuerzas de seguridad que, pese a tanto cheque en blanco, no dan en el clavo.

Es que la seguridad no es cualquier cosa. Se trata de una obligación indelegable del Estado. Precisamente, como se trata de una obligación del Estado, está sujeta a reglas. Reglas que rigen pero que no siempre se cumplen del todo en nuestro país, en casi todos los campos. Cuando las fuerzas de seguridad no lo hacen, coquetean con la muerte, con la corrupción, con el espionaje ilegal y con todas esas patologías que son secretos a voces en los despachos oficiales y que corresponde a los funcionarios convertirlos en denuncias que ellos mismos deben investigar o impulsar las investigaciones.

Lucas en Barracas, Alejandro en San Clemente del Tuyú. Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires. Magalí en San Luis. Blas en Córdoba. Espinoza en Tucumán. Cambian los nombres o los apellidos, cambian las fuerzas de seguridad, pero las prácticas y las sospechas se mantienen porque el rol de las fuerzas de seguridad es una deuda de la democracia.

CDE