A 12 años del crimen de las jóvenes francesas en Salta, la causa está paralizada y se cuestiona una condena a perpetua

Tres perfiles genéticos no identificados, pericias forenses que se contradicen, pruebas que se extraviaron, apremios ilegales a diestra y siniestra, el suicidio dudoso de un investigador, un condenado a prisión perpetua que espera desde hace seis años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise las circunstancias de su proceso.

A doce años de los hechos en la provincia de Salta, la investigación de los crímenes de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni no sólo se revela incapaz de responder interrogantes básicos sino que agrega irregularidades y dilata el esclarecimiento de los delitos cometidos por la policía.

La causa está paralizada desde 2017. El 1° de agosto de ese año la ONG Innocence Project Argentina, que litiga en casos de condenas erróneas, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema en defensa de Santos Clemente Vera, un vecino de la zona de la Quebrada de San Lorenzo, donde fueron hallados los cadáveres de las jóvenes. Vera fue absuelto en el primer juicio, que concluyó el 2 de junio de 2014, y condenado a prisión perpetua el 3 de febrero de 2016 por la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta.

El recurso de queja se refiere a la valoración de la prueba por parte del Tribunal que revisó la primera sentencia y a la condena de Vera. “Se interpretó de manera arbitraria el resultado de los informes de genética forense y se hicieron desaparecer pruebas. Además se condenó a Vera sin darle la posibilidad de ser escuchado y en contra de lo que prescribe el Código Procesal de Salta, por lo que debió tener un segundo juicio. Hay una afectación al debido proceso”, dice el abogado y ex diputado nacional de la UCR Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina.

El periodista francés Jean-Charles Chatard, que investigó el caso en Salta y publicó el libro Francesas. Autopsia de un doble homicidio (2015), sostiene que la condena de Vera “ha sido cuidadosamente pensada por la justicia de Salta para desviar la atención de los verdaderos culpables del doble asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni”.

Chatard destaca que “al menos tres culpables han sido identificados gracias a la presencia de su ADN en la escena del crimen, especialmente en los cuerpos de las víctimas, y sin embargo, la justicia de Salta se ha negado a investigar a estos individuos, quienes actualmente están en libertad”.

La condena contra Vera se fundamentó en principio en las declaraciones de Gustavo Lasi, condenado a prisión perpetua por robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado y doble homicidio calificado criminis causa. “El Tribunal le da una relevancia como si fueran los dichos de un testigo pero es un coacusado que quiere mejorar su situación echándole la culpa a otros —apunta Garrido—. Dice que él no mató a las víctimas, que lo obligaron a violarlas y a entregar su escopeta, el arma homicida”.

Chatard se entrevistó tres veces con Lasi en prisión y, según contó, lo hizo “sin la autorización de sus abogados” y “sin que la administración penitenciaria escuchara” sus conversaciones. A pesar de las pruebas de ADN que lo incriminaron, dice el periodista, el condenado “afirmó que no había conocido a las francesas y que el juez de instrucción le habría dictado la falsa versión para exonerar a su padre, empleado de la reserva donde se encontraron los dos cuerpos, y a su novia”.

Lasi se expresó “con fluidez y sin contradecirse”, subraya el periodista, que además recibió una confesión: “Juró que Clemente Vera era completamente inocente porque la policía le había soplado el nombre. Le pedí que se lo dijera a un fiscal, pero nunca lo hizo”.

Pericias con resultados contradictorios

Una pericia del Laboratorio de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires sobre muestras de los cuerpos, por otra parte, detectó el cromosoma Y coincidente con la línea paterna de Vera. Este hallazgo se contradice con los exámenes del Instituto de Huellas Genéticas, en París, y de un perito de la Fundación Favaloro, que no encontraron ningún componente de ADN que pueda involucrar a Vera.

Las pericias realizadas en Francia, como puntualiza Chatard, detallaron tres perfiles de ADN de personas desconocidas. “Sorprendentemente, entre estos sospechosos también figura una mujer”, dice el periodista francés a elDiarioAr. “Hay dos peritajes que excluyen a Vera y uno que menciona un vínculo paterno —resume, a su vez, Garrido—. Pedimos un nuevo juicio, como establece el Código Procesal de Salta, para que se busquen las muestras y se haga un peritaje que resuelva de manera racional la contradicción: los mismos hisopados no pueden dar simultáneamente positivo y negativo”.

El destino de las pruebas genéticas es incierto, según el director de Innocence Project Argentina: “Hay una certificación de que existen sobres en la caja fuerte del Tribunal de Salta que podrían incluir las muestras. Pedimos que se abrieran esos sobres, pero el Tribunal respondió de manera informal que no va a hacer nada hasta que la Corte lo resuelva. No sabemos si las muestras están o no están”. Cuando el perito de la Fundación Favaloro solicitó el material para el examen, en el Tribunal salteño le dijeron que no las tenían, y finalmente hizo la pericia con los remanentes que conservaba la Justicia de Francia, enviados por valija diplomática.

Una escena contaminada

Los cadáveres de Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 24, fueron encontrados por un turista en el atardecer del 29 de julio de 2011. Las jóvenes francesas presentaban huellas de golpes y abusos y estaban en el sector del mirador de la Quebrada de San Lorenzo, donde habían registrado su ingreso el 15 de julio. Este dato rodea de interrogantes a la fecha en que ocurrieron los femicidios, otra circunstancia que no fue aclarada.

Bouvier había recibido un tiro en la cabeza y Moumni, otro disparo que ingresó por la espalda y atravesó el pulmón. Las autopsias realizadas por el Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Salta y por el Tribunal de Grande Instance de París, donde se desarrolló otra investigación, coincidieron en que las jóvenes habían fallecido entre tres y cinco días antes de su hallazgo. “Los cuerpos no tenían un avanzado estado de descomposición ni huellas de haber sido atacados por animales, y hacía quince días que habían desaparecido. Cabe suponer que estuvieron cautivas en algún lugar, pero de eso no hay nada”, señala el abogado Manuel Garrido, quien enfatiza en que “todo estuvo mal hecho” durante la instrucción del juez Martín Pérez.

El juez de primera instancia descartó las conclusiones de la autopsia y afirmó que Bouvier y Moumni murieron después de ser brutalmente atacadas entre una y dos horas antes de su hallazgo. Su fundamento principal fue un estudio de fauna cadavérica realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. La conclusión deja en pie la incógnita sobre dónde estuvieron las francesas a partir del 14 de julio, cuando fueron vistas por última vez por la dueña del hostal donde se alojaban, la española Rosa María Gómez Millet.

La desaparición de Bouvier y Moumni pasó inadvertida hasta el hallazgo de los cadáveres. “No hubo una búsqueda previa. La dueña del hostal se limitó a sacar sus valijas de la habitación que ocupaba y a ponerlas en el depósito del establecimiento. La única persona que podría haber notado que tenían un problema era ella, pero no alertó a nadie”, afirma el director de Innocence Project Argentina. Gómez Millet declaró en la investigación pero no en el juicio, ya que regresó a España.

“Hubo presiones políticas para que la causa se resolviera rápidamente. Cuando llega la policía al lugar, ya era de noche. La primera orden del juez fue que mantuvieran una custodia hasta que los equipos forenses pudieran trabajar con la luz del día. Pero hubo una contraorden a la 1 de la madrugada para que levantaran los cuerpos y los rastros del hecho, lo que se hizo en la oscuridad”, detalla Garrido.

Después de que la zona fuera rastrillada exhaustivamente y sin novedad por peritos, bomberos, fotógrafos, policías, gendarmes provistos de detectores de metales y hasta el propio juez, y mientras la policía realizaba detenciones indiscriminadas entre los vecinos de la Quebrada, el comisario Walter Omar Mamamí anunció que había encontrado los casquillos de los proyectiles disparados contra Bouvier y Moumni. Sin embargo, correspondían a un revólver calibre 22 que fue plantado por la policía salteña en la casa de un jornalero con antecedentes por robos y un abuso sexual.

El ADN de Gustavo Lasi fue detectado en las muestras extraídas de las jóvenes francesas, y el teléfono y la cámara de fotos de Houria Moumni fue hallado por la policía en manos de su novia. Lasi llegó como acusado al primer juicio junto con Vera y con el jornalero Daniel Octavio Vilte, también absuelto en esa instancia.

Urtubey declaró el caso “esclarecido” y después apareció un policía muerto de un tiro

Poco después de que el presidente francés Nicolás Sarkozy tratara el asunto en una reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el entonces gobernador de Salta, José Manuel Urtubey, consideró públicamente esclarecido el caso. La sombra de la sospecha volvió a desplegarse el 24 de noviembre de 2011, cuando el comisario Néstor Edgardo Píccolo fue hallado muerto de un disparo en la cabeza. Píccolo había recibido una condecoración por su actuación al frente de la investigación policial por los crímenes de las francesas y su muerte fue considerada un suicidio.

Contra la explicación oficial, surgió entonces la versión de que Píccolo se proponía seguir otra línea de investigación en el barrio cerrado Bella Vista, vecino de la Quebrada. El suicidio habría sido un homicidio, en esa hipótesis. El comisario habría querido indagar la supuesta participación de “hijos del poder” y la presencia de las francesas en una fiesta, una conjetura sobre la que no existió ningún elemento en concreto y que parece más bien una expresión de la desconfianza que provocó la actuación de la Justicia salteña.

“Lasi y Vera eran vecinos de la comarca pero no amigos, contra lo que se dijo —destaca Garrido—. Ese es un dato importante respecto de cómo se valoró la prueba. Por el contrario, la familia de Lasi tiene una vieja enemistad con la de Vera. El tribunal del juicio dijo además que no podía condenar a Vera cuando había informes genéticos contradictorios y el que lo mencionaba no era de ADN nuclear”.

Los tres fueron torturados por la policía —Vera no lo denunció porque lo amenazaron con represalias contra sus hijos, según Garrido— y sus testimonios, con los de otros detenidos, dieron origen a una causa por apremios ilegales. “Hablá chango, con quién has matado a las chicas, dónde está el arma”, le dijeron a Nelson Vilte, familiar del jornalero Daniel Vilte, mientras lo torturaban con golpes y con submarino seco primero en un descampado y después en la comisaría de San Lorenzo. A Francisco Tejada —un hombre que estuvo detenido y que se dedicaba a alquilar caballos en la quebrada de San Lorenzo— “comenzaron a pegarle para que dijera que él era el autor de la muerte de las francesas”.

Once años después, la causa por apremios ilegales todavía no tiene fecha de juicio en Salta. “La demora obedece a que el juez Martín Pérez, que estuvo en la instrucción, integra ahora la sala 1 del Tribunal de Juicio, que tiene que fallar. También se inhibieron fiscales porque habían actuado en otras causas con los policía que torturaron a los detenidos”, explica el abogado José Humberto Vargas, defensor de Vera.

La fiscal de la Justicia de Menores Carolina Hernández aceptó finalmente la competencia y el 6 de marzo de 2020 pidió que sean enjuiciados dieciséis policías, pero eso no resultó suficiente para que la Justicia de Salta fijara la fecha. Walter Mamamí no se encuentra entre esos policías, pero fue desafectado de la fuerza. En noviembre de 2020 un tribunal salteño lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por un caso de privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica en la ciudad de Apolinario Saravia, donde también fue denunciado por apremios ilegales.

Las turistas que no lo eran

Cassandre Bouvier era historiadora y fue doctorada post mortem en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona por una tesis sobre la revolución sandinista. Moumni, socióloga, había recibido una beca para realizar estudios en la Argentina.

“Las turistas francesas” fue una etiqueta que cristalizó con la cobertura periodística del caso y que afecta a la memoria de las víctimas. “Es algo que no es correcto y que enfurece a los padres. Ellas habían venido a la Argentina para hacer un trabajo de posgrado en la UBA y decidieron tomar unos días de vacaciones en Salta. Estaban en el país por temas académicos”, dice Garrido.

El doble crimen encuadra además en un contexto local de alta violencia de género: según las estadísticas de Mujeres de la Matria Latinoamericana, Salta es una de las provincias con mayor tasa de femicidios (1,8 sobre la población de mujeres, travestis y trans), después de Jujuy y Santiago del Estero.

Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, siguió la investigación desde un principio y apoya el reclamo de Santos Clemente Vera. El presidente Alberto Fernández no le concedió una entrevista pese a que había sido prometida durante su visita a Francia.

“La actuación de la Justicia de Salta fue arbitraria —destaca Garrido—. Claramente hubo una manipulación de la investigación. Es inexplicable que hayan extraviado o hecho desaparecer los hisopados, fundamentales para establecer la verdad. Es injustificado que no hayan cumplido con el propio Código y que la revisión de las condenas haya sido superficial. Buscaban sacarse el tema de encima y condenar a un chivo expiatorio”.

“La Justicia de Salta nunca salió a aclarar nada –agrega Vargas, abogado defensor de Vera—. Si revocaran la condena de Vera seguramente no van a decir nada. No reconocen que hicieron mal los procedimientos. Necesitaban tres personas para acusar y llevar al juicio”.

Vera cumple su condena en la Unidad Carcelaria número 1, en la ciudad de Salta. “Anímicamente está bien. Tiene la esperanza de que se haga lugar al recurso de queja y que le den la libertad”, dice Vargas. En el mismo presidio se encuentra Lasi, quien también presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la extensión de su pena de los 30 años fijados por el primer juicio a la prisión perpetua del Tribunal siguiente.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dijo en su dictamen que corresponde hacer lugar a la queja. Si en un principio hubo expectativas por una rápida resolución de la Corte el tiempo transcurrido extienda un compás de incertidumbre. El recurso presentado en otro caso –el del taxista Jorge González Nieva, condenado por una causa armada por la policía bonaerense y absuelto después de pasar 14 años preso— tardó cinco años en resolverse. El de Vera sobrepasó esa marca. “Queremos que se establezca la verdad. La Corte puede revocar la condena y ordenar un nuevo juicio con distinto alcance”, reclama Garrido.

“Clemente Vera es totalmente inocente de estos asesinatos, su coartada es incontestable y no hay ningún testimonio ni evidencia científica en su contra –enfatiza Jean-Charles Chatard-. Debería ser liberado sin demora, exonerado de manera indiscutible y debidamente indemnizado. Su libertad podría llevar a la reapertura de las investigaciones para identificar a los verdaderos culpables”.