Con una reforma de la Constitución provincial, Pullaro busca convertir en ley su política de “mano dura”

La mano dura fue su propuesta de seguridad cuando asumió el gobierno de Santa Fe en diciembre de 2023 y ahora se proyecta con la posibilidad de convertirse en ley. Maximiliano Pullaro anuncia que no habrá “ningún concepto garantista” si la lista del frente Unidos triunfa en las elecciones de los convencionales que reformarán la Constitución de la provincia, previstas para el 13 de abril.

Pullaro planteó su programa de una Constitución sin garantías en la apertura de sobres de la licitación para la construcción de una cárcel destinada a presos de alto perfil en la localidad de Piñero. A un año de la difusión de videos y fotos de presos exhibidos “a lo Bukele” en la cárcel de Coronda, editadas con bandas de sonido heavy metal y proclamas beligerantes contra la criminalidad, el gobernador velará porque no haya “ningún tipo de beneficio para los delincuentes”, según dijo.

“La Constitución provincial tiene que ajustarse a los derechos y garantías de la Constitución nacional y a los pactos internacionales que ha suscripto la Argentina. Para que no existan conceptos garantistas habría que revisar también la legislación en derecho penal”, observa Cecilia Lesgart, politóloga y profesora de la Universidad Nacional de Rosario consultada por elDiarioAR. Las declaraciones de Pullaro “tienen que ver con una campaña electoral que para la ciudadanía aparece confusa por la cantidad de cargos que se eligen y van de lleno a la disputa con LLA sobre el orden securitario”, analiza la investigadora.

La utopía punitivista de Pullaro también provocó las reacciones de constitucionalistas santafesinos en la red X. “Es un oxímoron. ¿Qué es una Constitución sino garantista, en el sentido de respetar las garantías penales y procesales que vienen del derecho penal liberal desde el siglo XVIII?”, se preguntó Oscar Blando. “¿Se pretende reprimir desde el absoluto inquisidor que jamás se equivoca? Retrocedemos hasta antes de la Revolución Francesa”, observó Víctor Corvalán.

Los anacronismos de la Constitución de Santa Fe quedaron patentizados en 2021, cuando el senador Armando Traferri se escudó en la norma para no comparecer ante la Justicia por las acusaciones de protección a una red de juego clandestino. El 13 de abril los santafesinos elegirán cincuenta asambleístas por una lista común a nivel provincial, que se reunirán en una convención con otros diecinueve, uno por cada departamento de la provincia. Las reformas fueron acordadas por ley e incluyen la posibilidad de la reelección del gobernador.

“Las reformas institucionales buscan beneficiar a quienes las impulsan. En este caso, al gobernador que aspira a la reelección en un contexto político y social que le es favorable. Para eso será decisivo el número de votos que alcance Unidos, si logra mayoría propia o necesita alianzas. Ese es el foco de la disputa”, señala Cecilia Lesgart, también investigadora del Conicet.

Pullaro encabeza la nómina de Unidos, donde convergen la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista y otros partidos menores. Con el peronismo disperso en tres listas, el gobernador observa como su principal competidor al periodista Juan Pedro Aleart, referente de La Libertad Avanza. “Aleart saltó a la arena política después de denunciar a su padre y a un tío por abusos sufridos en la infancia –recuerda Lesgart–. A diferencia de Pullaro es un outsider pero su denuncia, en horario central de la televisión rosarina, causó una identificación muy fuerte con la audiencia. Unidos y La Libertad Avanza disputan los mismos electores. Aun reconociendo la volatilidad del electorado, juegan en un mismo clima de época corrido hacia la derecha, en donde los discursos punitivos concitan adhesión”.

Los posicionamientos de Pullaro ante la coyuntura nacional pueden ser interpretados como señales hacia los electores de La Libertad Avanza. El gobernador de Santa Fe se pronunció en contra del juicio político al presidente Javier Milei por el escándalo cripto y, en la misma conferencia de prensa en que postuló una Constitución sin garantías, dijo que compartía los objetivos de la ministra Patricia Bullrich en seguridad pública.

“Hay varias elecciones este año, en un momento en que la ciudadanía siente una gran apatía por el poroteo cotidiano y no tiene claro qué se vota –destaca Lesgart–. Una elección es la de constituyentes, pero también se renuevan concejales, hay municipios que eligen por primera vez intendente, elecciones nacionales y está el debate por la derogación de las PASO. En este clima no es extraño que Pullaro haga esas manifestaciones sobre el garantismo, porque hay una disputa fuerte con La Libertad Avanza para retener o ganar electores y se manifiesta en la definición pública de qué es un delito, cómo reprimirlo y cómo sancionarlo, no solo en términos jurídicos sino también socialmente”.

El rebote de la violencia

Pullaro reivindicó en conferencia de prensa “el policiamiento que tenemos en la calle”, en alusión a los operativos de pinzas donde las fuerzas de seguridad interceptan a vehículos y peatones y requieren documentos de identidad. El gobernador resaltó la disminución de delitos contra la propiedad en la provincia: según sus registros, “en enero de 2024 hubo 4.700 delitos contra la propiedad y en enero de 2025 tuvimos 2.100”. Como corolario pidió un aplauso para la policía provincial, a la que por otra parte privilegió por encima de los docentes y los trabajadores de la salud al otorgarle en 2024 un 3% más de aumento sobre los montos concedidos por paritarias.

“Hay un problema ideológico en algunos jueces, en algunos fiscales que fueron cambiando, ni hablar en los (abogados) defensores que es su trabajo” agregó Pullaro en un video publicado en su cuenta de X. El contexto incluye otro dato relevante: los homicidios dolosos en Rosario aumentaron durante enero un 10% por encima del registro de enero de 2024.

“Algunos cambios en los últimos años pueden tener un impacto positivo en la disminución de los homicidios dolosos y otros, coyunturales, son muy débiles y permiten rebotes de la violencia”, dice el criminólogo Enrique Font a elDiarioAR, quien agrega que “hay un reordenamiento en la policía provincial con la hegemonía de un sector que disciplina y logra acotar pero no erradicar el cuentapropismo en la corrupción institucional”.

El último caso es el de una banda de poliladrones que actuaba dentro del Comando Radioeléctrico de Rosario, cuyos diez integrantes fueron imputados por robos, allanamientos ilegales y falsificación de actas de procedimientos a principios de enero. Font suma “la incapacidad para detener a los integrantes de la banda de Los Menores tiene que interpretarse como lo que es: dejar hacer a un grupo en ascenso en desmedro de otros”.

La banda de Los Menores se encuentra en actividad desde 2021 en la zona noroeste de Rosario y su notoriedad escaló a partir del 9 de noviembre pasado, ante la sospecha de que instigó o por lo menos proveyó los sicarios que ejecutaron a Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra de Rosario Central– y Daniel Raúl Attardo. Uno de sus jefes, el prófugo Jonatan Garraza, revistaba en la Policía de Investigaciones, la sección de la policía de Rosario encargada de perseguir a las organizaciones criminales.

Siete integrantes de la Policía de Acción Táctica están acusados en la Justicia Federal por un allanamiento ilegal realizado el 13 de agosto de 2024 en una casa del barrio Azcuénaga de Rosario, donde robaron entre 12 y 15 kilos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285 mil pesos. También privaron de la libertad a cinco personas, entre ellas dos menores de edad. El Ministerio Público Fiscal amplió las acusaciones el 10 de enero: los policías enfrentan cargos por comercio de estupefacientes, violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento, y según se sospecha derivaron la droga a otras personas para su venta en la calle.

De la cárcel a la calle

La promesa de Pullaro de recuperar el orden en la calle y en las cárceles no aparece solamente en duda por el aumento de homicidios en enero. El mismo día en que el gobernador reafirmó la apuesta por la política de mano dura, la Justicia Federal ordenó un segundo allanamiento en la cárcel de Las Flores ante el hallazgo de más de cuatro kilos de marihuana enterrados en el patio de un pabellón donde no había cámaras de vigilancia, además de armas de fuego y celulares. El Ministerio de Seguridad de la provincia debió remover a la cúpula de la cárcel.

“Los allanamientos demuestran que las cárceles santafesinas no están controladas como afirma el gobierno sino que se parecen a las cárceles de siempre. En el Servicio Penitenciario de la provincia también hay cuentapropismo y así se puede arreglar matar a alguien dentro de la cárcel”, agrega Font. La referencia es el homicidio del preso Agustín de la Encina, perpetrado en la cárcel de Piñero el 13 de enero: el jefe de vigilancia Hernán Peralta y dos guardias fueron imputados por facilitar el crimen por parte de reclusos no identificados. Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales y como tal responsable política de las cárceles santafesinas, es candidata a convencional constituyente en las elecciones del 13 de abril .

“El éxito de la política de Pullaro depende de actores a los que no va a reformar, que son la policía y el Servicio Penitenciario provincial –explica Font–. Al interior de estas instituciones sigue existiendo un problema de autonomía por lo que la situación es muy inestable, con el agregado de un Ministerio Público de la Acusación que no investiga ni esclarece nada importante y que está totalmente controlado políticamente”.

Lanzado a una nueva campaña electoral, Pullaro reafirma la prédica con la que se impuso en las últimas elecciones a gobernador: “Tenemos que terminar con que los delincuentes son pobrecitos, víctimas de un sistema injusto que por eso cometen delitos y por eso salen a robar y salen a matar”, dice en su cuenta de X. La consigna de una Constitución sin garantías “no será olvidada después de las elecciones, porque es persistente en el discurso del gobernador y configurativa de su proyecto político”, destaca Cecilia Lesgart.

Pero la política punitivista recrea el problema que trata de enfrentar, advierte Enrique Font: “La retórica de la mano dura construye un relato de superhéroes e hipervillanos que consolida identidades y hace crecer el valor simbólico de las bandas, algo que termina operando en contra. La fragmentación de las organizaciones criminales generada por la participación policial y penitenciaria es otro problema. En Santa Fe hay circo, hay garrote y hay negocio”.

OA/MG