En el año electoral, Massa ajustará en subsidios, pero también en ambiente, turismo y género

En los proyectos de presupuesto se suele contar en qué se gastará, pero no se explicita en qué se dejará de erogar respecto del año que termina. Por eso, una de las maneras de advertir dónde se ajusta consiste en comparar cuánto aumentarán las partidas de cada ministerio en términos nominales, en pesos, y compararla con la inflación prevista para el próximo año. Así se descubre que la iniciativa de gastos que envió el ministro de Economía, Sergio Massa, al Congreso el pasado jueves se centra en recortes de subsidios a la energía, pero también va más allá en un 2023 de elecciones presidenciales.

Teniendo en cuenta que el Gobierno prevé un índice de precios al consumidor (IPC) del 60%, varios ministerios sufrirán recortes porque sus presupuestos crecerán menos que eso: empezando por el de Turismo, ya sin el plan Previaje, sube en pesos un 37,1%; Economía, que apuesta a la quita y la reducción de subsidios de luz y gas según la segmentación de tarifas por ingresos de los hogares y a la disminución de importaciones gasíferas por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, con lo que crece 46,6%; Salud, ya sin las exigencias extraordinarias que provocó la pandemia, se eleva 49,6%; Transporte, con recorte de subvenciones al colectivo y el tren, se incrementa el 53,2%; Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 56%; Educación, con ajuste en universidades, aumenta el 56,6%; Mujeres, Géneros y Diversidad, el 57,9% y Desarrollo Social, el 59,2%, lo que implica un leve recorte.

Sin embargo, si se analiza el gasto por funciones, es decir, no sólo el de cada ministerio sino los de todos los organismos de la administración nacional, se observa que algunas áreas sensibles quedan excluidas del ajuste. Las erogaciones en salud crecen 85,9%, las de promoción y asistencia social, 72,7%; y las de educación y cultura, el 76,5%, todas por encima de la inflación. En cambio, aumentan menos que el IPC, es decir, ajustan, las funciones de energía, 53,3%; comunicaciones, un 59%; transporte, un 53,2%; medio ambiente, un 56,3%; comercio y turismo, un 57,2% y seguros y finanzas, un 51,8%.

El gasto total se elevará 71,2%. A su vez se subdivide en las erogaciones corrientes (para mantener el funcionamiento del Estado), que ascienden el 70,1%, y las de capital (inversión), el 85,1%, aunque estas suelen correr el riesgo de subejecutarse en caso de turbulencias económicas. Entre las transferencias corrientes, las destinadas a familias y personas crecen solo 36,4% y 35,7%, por los recortes de subsidios a la energía y el transporte, pero las destinadas a las universidades tampoco se incrementan mucho, 54,6%, y a las provincias y municipios, tampoco, 51,5%.

Las inversiones públicas, en teoría, aumentarán del 1,5% del PBI al 1,6% en el año electoral. El mayor presupuesto dentro de la administración nacional en este rubro va para el desarrollo de infraestructura hidráulica, con $ 37.875 millones, y el de saneamiento (cloacas), 28.565 millones. Se trata del área donde está AySA, la empresa que preside la esposa de Massa, Malena Galmarini. La construcción de autopistas, a cargo del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se llevará 23.963 millones. Pero también destaca el gasoducto Kirchner, que construye Enarsa, que preside el cristinista Agustín Gerez; el plan de crédito hipotecario Procrear y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, en manos del ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi; el programa de reparto de computadoras en escuelas Conectar Igualdad, inversiones de transporte, en reactores nucleares de baja potencia, del Ministerio de Defensa, control ambiental, salud y misiones satelitales.

En cuanto a las empresas estatales, las que más asistencia del Estado necesitarán para compensar sus pérdidas son: Enarsa, 570.000 millones, destinados en su mayoría a importaciones subsidiadas; la operadora de los trenes OFSE, 260.000 millones, necesarios para subvencionar el boleto; Aerolíneas Argentinas, con $ 90.000 millones (equivalentes a US$ 410 millones, al tipo de cambio oficial promedio que prevé el presupuesto, de $ 219); AySA, con $ 70.000 millones; el Correo, 29.500 millones; el tren Belgrano Cargas y Logística, 22.700 millones; Radio y Televisión Argentina, con 20.000 millones; Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, 16.700 millones, y Corredores Viales, 16.000 millones.

Exenciones tributarias

Uno de los puntos que más lobby provocará el proyecto que debe debatirse en el Congreso es la separata que propone eliminar exenciones tributarias. La iniciativa plantea lo siguiente:

El proyecto no prevé otros aumentos de impuestos. Incluso vaticina que, si no se eliminan las exenciones mencionadas, la recaudación perderá peso en relación al PBI: bajará la presión tributaria del 23,9% en 2022 al 23,7% en 2023. Por ende, la reducción prevista del déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI este año al 1,9% en el próximo año, calculada sin tener en cuenta la poda de esos beneficios impositivos, no se basará en aumento de ingresos sino en poda del gasto.

Podrá leerse en clave electoral que el gasto de la administración nacional crecerá en casi todos los distritos menos en dos: en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el presidenciable Horacio Rodríguez Larreta, aumentará solo 45,4%, por debajo de la inflación, y en Tierra del Fuego, donde manda Gustavo Melella, del Frente de Todos, un 53,5%. En cambio, donde más crecerá es en Santa Cruz, de Alicia Kirchner, un 141,3%; Chaco, de Jorge Capitanich, un 93,3%; Jujuy, del radical Gerardo Morales, un 97,6%; Misiones, de Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador de la Concordia, un aliado distante del Gobierno por la tensión por los fondos, un 97%; Salta, de Gustavo Sáenz, de Identidad Salteña, que aportó a Massa a la secretaria de Energía, Flavia Royón, un 94,5%; Santiago del Estero, de Gerardo Zamora, un 99,6%; y Tucumán, de Osvaldo Jaldo, pero bajo la mirada del jefe de Gabinete, Juan Manzur, un 95,1%.

AR