A los cachetazos

A los cachetazos, como en Hollywood, el gobierno del Frente de Todos dirime sus internas ante la suba de precios y la escasez de energía por la guerra de Ucrania. Eduardo “Wado” de Pedro admitió esta semana que la política antiinflacionaria divide tanto a la coalición como lo hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reclama día a día en público más suba de retenciones al campo para disociar los elevados valores internacionales de los locales, pero de inmediato el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la descarta y su par de Agricultura, Julián Domínguez, deja trascender que renunciaría en caso de incremento. 

Las mediciones propias que organiza Feletti en el Gran Buenos Aires muestran que, así como los alimentos habían trepado 8,6% en febrero, en marzo lo hicieron un 6%, un nivel alto pero que podría marcar una tendencia a la baja. En su secretaría atribuyen la leve moderación a que descendió la estacionalidad de las frutas y las verduras, por mejores condiciones climáticas e intervenciones en el Mercado Central, así como al impacto del fideicomiso del aceite, que evitó que a nivel local se replicaran las subas internacionales. Esperan que en abril continúe la merma porque entrará en vigencia el fideicomiso del trigo, pero también aguardan que comience a causar efecto la receta ortodoxa que pactó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI: suba de tasas de interés, reducción drástica del financiamiento monetario del déficit fiscal -posibilitado con más recaudación por retenciones de materias agrícolas apreciadas por la guerra y con mayor endeudamiento interno- y acumulación de reservas del Banco Central -reforzadas por el nuevo préstamo del Fondo-. En este aspecto hay consenso entre economistas albertistas y cristinistas, más allá de la desconfianza de Cristina Fernández de Kirchner hacia el acuerdo y de que también en la Casa Rosada temen la espiralización de la inflación, principal preocupación de los argentinos.

Pero surgen diferencias cuando el secretario de Comercio Interior pide más retenciones porque advierte que en marzo impactaron aumentos de productos derivados del encarecido maíz, como el huevo, dado que las gallinas se alimentan con ese cereal. Feletti irritó a los productores del campo y a los industriales de la alimentación cuando los acusó de especular para comprarse 4x4 y departamentos en Miami, pero en las conversaciones en privado lo perciben con un tono más cordial. La semana próxima pactará con el sector manufacturero la renovación en los supermercados del plan Precios Cuidados (en el segundo trimestre permitirá incluso un alza del 3% mensual, en lugar del 2% en el primero) y la puesta en marcha de la tantas veces anunciadas pero nunca concretada canasta para comercios de proximidad. También prevé ampliar el programa Cortes Cuidados para la carne vacuna e iniciará una cesta de frutas y verduras a bajo precio en municipios del conurbano. 

Pero en el cristinismo consideran que no sólo debe trabajarse en los costos sino también en la oferta y la demanda. Critican que no se estimule la oferta productiva ni la de dólares (exportaciones). En el albertismo responden que sin acuerdo con el FMI era difícil conseguir inversiones y que fue la vicepresidenta la que lo demoró dos años. También señalan que en el Congreso duermen los proyectos de ley para estimular la agroindustria, los hidrocarburos y la industria de autos eléctricos, iniciativas que ahora Sergio Massa promete impulsar junto con la prórroga del blanqueo de la construcción. En el cristinismo retrucan que Guzmán nunca “militó” esos proyectos en el Legislativo y que hasta ahora se comportó sólo con ministro de “Finanzas”. Hasta albertistas como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el jefe de asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, critican al asediado Guzmán. “Pero no hay otro y al él le encanta ser ministro”, ironizan cerca de la vicepresidenta. El Presidente lo banca, mientras los gobernadores le piden un plan económico. Martín Redrado, candidato de Massa para reemplazarlo, pasó de la reconciliación con Cristina Kirchner a pregonar a favor de la eliminación de legislaturas provinciales y ministerios nacionales, ideas más cercanas a los libertarios como José Luis Espert, que propone fusionar provincias deficitarias. El discurso de Javier Milei contra la “casta” prende: el 45,3% de la gente cree que los políticos y sus familiares son los más privilegiados en la Argentina, más que el 10% que apunta sólo al kirchnerismo y el 8,8%, a los ricos, según una encuesta de Grupo de Opinión Pública (GOP), de Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, y TresPuntoZero, de Shila Vilker. Y eso que el 1% de la población mundial acumula tanto patrimonio como el restante 99%, según admite el banco Credit Suisse.

Argentina Productiva

Kulfas lanzó esta semana una agenda pro inversión con el plan Argentina Productiva 2030, inspirado en la concepción de la economista ítalonorteamericana de moda, Mariana Mazzucato, pero el anuncio quedó opacado porque en el mismo acto el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, propuso una regulación de las redes sociales que el Gobierno después debió desmentir. Otra falla en la comunicación. Como cuando Fernández anunció un viernes por la noche la “guerra” contra la inflación. ¿No hubiese sido mejor que lo explicara el académico Guzmán? Las posteriores declaraciones del Presidente sobre los “diablos” que aumentan los precios y sobre la necesidad de una “terapia de grupo” para ordenarlos demuestran que se necesita una voz técnica para convencer a los actores económicos. 

En el albertismo reconocen que debe trabajarse sobre la demanda y por eso Guzmán, Kulfas, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la jefa de gabinete de Economía, Melina Mallamace, conversaron este jueves con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y dos de los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer y Carlos Acuña, sobre la posibilidad de que las empresas paguen un bono a sus empleados y el Estado, a los suyos, de modo de compensar el impacto del salto inflacionario, del mismo modo que se lo concederá a los jubilados. No fue invitado el otro integrante del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano, que el mismo día se fotografiaba con Máximo Kirchner.  Pero el problema son los trabajadores informales. En una Argentina que se ha recuperado rápido de la cuarentena 2020, con un descenso notable del desempleo del 13% al 7%, el menor nivel desde 2016, los empleados públicos recibieron de un aumento salarial del 59% interanual hasta enero pasado (frente a una inflación del 51%) y los privados formales, del 56%, con lo que recuperaron al menos parte de la pérdida de poder de compra que los azotó los tres años anteriores. Pero a los trabajadores en negro el sueldo les subió sólo 40%. Por eso laburan pero están más lejos de la clase media. Por más que la pobreza cayó del 42% al 37% de 2020 a 2021, seguirá habiendo más acampes como el de esta semana frente al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar la inclusión de más personas en el programa Potenciar Trabajo y de más alimentos para los comedores populares.

El 44% de los encuestados por GOP y TresPuntoZero considera que la inflación es el principal problema personal de los argentinos, seguido por la pobreza (16%) y la inseguridad (9%). Y el 32% piensa que Milei es el dirigente más capacitado para controlar lo suba de precios. Y eso que los estudios académicos muestran que su propuesta dolarizadora puede vencer la inflación, pero no ha traído prosperidad a los países latinoamericanos que la han implementado. Después de Milei, en el sondeo aparecen Cristina Kirchner (26%), Fernández (22%), Macri -cada vez más lanzado a regresar a la Casa Rosada, más allá de su participación en el mundial de bridge- (14%) y sus rivales en la interna presidencial del PRO, Patricia Bullrich (13%) y Horacio Rodríguez Larreta (12%). La encuesta también muestra que el 56% considera que la emisión monetaria y los impuestos son las causa de la inflación y sólo el 22% responsabiliza a la falta de regulación del Estado. El discurso ortodoxo ha ganado la batalla comunicacional al heterodoxo. Hoy por hoy, Juntos por el Cambio ganaría en 2023, mientras el Frente de Todos necesita mantenerse unido y doblegar la inflación sin hundir el crecimiento para revertir el panorama y evitar una rastrera disputa por el segundo puesto con los libertarios.

“El Gobierno irá cada vez peor”, vaticina el dueño de una de las grandes fortunas de la Argentina, esas de las que están en la mira del nuevo proyecto de blanqueo que plantearon esta semana los senadores cristinistas, con apoyo de los albertistas, para pagarle al FMI. “Es cada vez más probable que gane Juntos por el Cambio. Esto te da esperanzas, pero en el medio quedan desgraciadamente muchos meses, 20, con esta administración. Entonces hay un mix de feelings. Hay que tratar de que los cristinistas hagan el menor daño posible de acá a que asuma el nuevo presidente”, completa el empresario, que prefiere el anonimato.

En Nueva York, los banqueros que ofrecen comprar barato bonos o acciones de la Argentina con la promesa de un cambio político en 2023 ya no encuentran el mismo entusiasmo que con Macri en 2015. Ya se quemaron. “No te recibe nadie -cuenta un banquero-. No tienen ni interés por los bonos en pesos. Creo que se equivocan. Puede que los activos hayan subido 20% en marzo por el acuerdo, pero los inversores (financieros) están esperando un cambio estructural de la Argentina, que incluya reforma jubilatoria, fiscal, monetaria. Ven que falta mucho para 2023, van a esperar hasta fin de 2022 antes de comprar, quieren ver las coaliciones, los candidatos, los planes económicos, las encuestas, aunque no les creen. Incluso muchos piensan que el próximo gobierno reestructurará otra vez la deuda y por eso no entrarán aunque la Argentina esté barata”, remata el financista.

Mientras el establishment formula sus apuestas por un cambio neoliberal, la agrietada gestión de la política energética del Gobierno se enfrenta a otro de los impactos de la guerra de Ucrania, en paralelo con la inflación: la escasez. Tanto se ha encarecido en dólares el petróleo y el gas que no se alcanza a pagar con pesos devaluados. Ya se raciona el gasoil a los transportistas de la cosecha actual y de otras mercancías en el interior. Las autoridades prometen a la UIA que no faltará gas y para eso negocian mayor provisión de Bolivia, que piden más plata por su combustible. Pero además este mes los cristinistas que dirigen los entes nacionales reguladores del gas (Enargas), Federico Bernal, y de la electricidad (ENRE), Soledad Manin, deberían convocar a audiencia pública para elevar otro 20% la tarifa a la clase media, según el pacto con el FMI. ¿Lo harán, pese al alza de la inflación? En el cristinismo especulan que no tienen otra opción. Igualmente, vaticinan que en mayo, cuando venga la primera revisión adelantada del acuerdo, el Fondo advertirá que la guerra conllevará a un incumplimiento en la meta de recorte del déficit fiscal y temen que, en lugar de mostrarse comprensivos por la crisis internacional, reclamen otros ajustes.

AR/CC