Paritarias: los Moyano piden aumentos por encima del 45% y alejan la discusión de la pauta oficial

Primero se ubicaron en torno al 30%, luego se desplazaron al orden del 35% y ahora avanzan al 45%. Con el correr de los meses, las exigencias salariales puestas sobre las mesas paritarias fueron creciendo en línea con los precios, que cada vez dejan más atrás el objetivo oficial de cerrar el año con una inflación en niveles del 29%.

El diputado Facundo Moyano, que fue durante una década titular del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (Sutpa) y está en plan de recuperar esa posición, comunicó informalmente ayer que las pretensiones de ese sindicato estarán alineadas con las de Camioneros, que conduce su hermano Pablo. El pedido de aumento será de entre 45% y 50%, aunque todavía no se presentó oficialmente a las cámaras sectoriales porque no se abrió todavía la mesa de discusión.

“Ni el Covid, ni ningún gobierno van a condicionar que la Argentina vuelva a ser un país productivo y con desarrollo, con pymes y comercios reactivándose, y fundamentalmente con consumo interno. Esto solo se logra con trabajo registrado y buenos salarios, defendiendo y garantizando los derechos de los trabajadores. En esta paritaria y en todas”, publicó en sus redes sociales Facundo Moyano, acompañado de una foto abrazado a su padre, Hugo. 

En el caso del sindicato de Camioneros —que viene de conseguir que la empresa Walmart, comprada por el grupo De Narváez a fines de 2020, les pague un bono de $40.000 a sus afiliados como compensación por la antigüedad— se busca no solo terminar el año por encima de la inflación, que privados estiman en torno al 47%. También apunta a recuperar algo de lo perdido en la paritaria anterior, que cerró en 30% en cuotas mientras que el IPC oficial dio 36,1%. De todos modos, hay que considerar que los camioneros recibieron un bono navideño de $25.000.

“El pedido del 45% suena en línea con lo que se viene discutiendo, es un reclamo para negociar. Posiblemente le apunten a estar por encima de los acuerdos que se firmaron hasta ahora, pero tampoco van a estar muy por arriba”, relativizó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que sigue de cerca la discusión paritaria de todos los sectores. Para el analista, se mantiene el esquema que se registró en los primeros cinco meses del año: acuerdos que arrancaron en torno al 30%, se fueron estirando al 35% y unos pocos que se desmarcaron y se ubicaron por encima. La variable determinante es, claro está, la inflación, que moldeará los ánimos con que se encaren las negociaciones por delante.

Si bien el grueso de los acuerdos ya se cerraron, otras paritarias importantes que quedan por delante son las de alimentación —esta semana hubo paros de actividades con la intención de apresurar la discusión— y sanidad. Además, están pendientes las revisiones acordadas por la mayoría de los sindicatos que ya definieron de aumento. Entre ellas, la de los bancarios, que si bien estaba agendada para septiembre, el gremio reclama que se adelante y advierte por posibles medidas de fuerza. 

Como dato altisonante, ayer el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) cerró la paritaria más alta hasta el momento, con un aumento del 68% desde el mes de mayo, que además tendrá posibilidad de revisar en octubre. De acuerdo a la comunicación oficial del gremio, el acuerdo fue suscripto en presencia de los Ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Educación, Nicolás Trotta. “No le hace mucho favor a la política económica anunciarlo con bombos y platillos”, comentó a este diario un analista. De todos modos, el acta oficial no detalla la composición de ese porcentaje (ni el porcentaje en sí), que podría podría abarcar un período de tiempo más largo que un año.

Estas discusiones se dan en un marco en el que el salario real está en niveles muy bajos. Según un informe de Iaraf en base a datos oficiales, desde marzo de 2018 el valor real de los salarios se redujo un 15,6% para el sector privado registrado, 20,7% para el sector público y 25,9% para el sector privado no registrado. Esto equivale a la pérdida acumulada de 6,8 salarios en el sector no registrado; 4,7 salarios para los estatales y 3,6 salarios para los trabajadores y trabajadoras del sector privado formal. 

DT