Con Pedro Sánchez llegó el presidente de la empresa concesionaria de los peajes de la polémica

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó anoche a Buenos Aires en compañía de empresarios de su país que buscan internacionalizarse. Las empresas de la antigua metrópolis salieron al mundo en los 90 y llegaron a la Argentina con las privatizaciones, pero después vino la crisis de 2001 y la de España (2008-2014). Sin embargo, aún quedan grandes compañías españolas por estas tierras, como Telefónica, Santander, BBVA, la gasífera Naturgy o el grupo constructor ACS, que pertenece al presidente del Real Madrid, Florentino Peréz, y que cuenta con una empresa, Abertis, que se dedica a las concesiones de peajes.

Precisamente, el consejero delegado (CEO) de Abertis, José Aljaro, es uno de los diez hombres de negocios que acompañan al socialista Sánchez en su gira y que hoy se reunirán con Alberto Fernández. Abertis mantiene varios frentes abiertos en la Argentina por la prórroga que el gobierno de Mauricio Macri hizo de las concesiones a sus empresas locales, Autopistas del Sol (Ausol), a cargo del acceso Norte a la ciudad de Buenos Aires, y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), en cuyas manos está el acceso Oeste. Por un lado, continúa abierta una causa en el juzgado de María Eugenia Capuchetti contra el ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich y otros ex funcionarios por la extensión de ambos contratos con un reconocimiento de una supuesta deuda por obras a Abertis por US$ 499 millones, que debía devolverse con un interés del 8% anual y a través del cobro de peajes. Por otro, el propio Gobierno está revisando el contrato mientras le ha autorizado para fin de este mes un aumento de peajes del 9,7%, menor al reclamado por la firma española.

El equipo del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, elaboró una revisión técnica integral de los contratos de Ausol y GCO, que incluye lo financiero, lo legal y lo relacionado a las obras, pero mantiene su veredicto en secreto. El ministro espera que defina el Presidente. Se enfrentan tres opciones: 1) dejar todo como firmó Dietrich, con la prórroga contractual por diez años, hasta 2027, una posición prácticamente descartada; 2) renegociar las condiciones de la concesión, sobre todo la deuda dolarizada, y completar el periodo y 3) rescindir el convenio, de común acuerdo, como ocurrió con los seis proyectos público-privados (PPP), o de manera unilateral. En la discusión también opinan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Al presentar en abril pasado sus planes económicos financieros a Katopodis, Ausol reclamó un alza de peajes del 766%, a partir de lo que establecía la prórroga concedida por Dietrich, mientras GCO exigió un 549%. El Gobierno les concedió 9,7%, que comenzará a aplicarse en las próximas semanas. Es la primera suba desde marzo de 2019. Fuentes vinculadas a Abertis aclaran que su CEO vino porque lo invitó Sánchez y no para negociar con Fernández.

Pero a la dueña de las concesiones tampoco le va tan mal con este gobierno: su constructora Dycasa ha ganado el principal contrato de obra pública que licitó hasta ahora la administración del Frente de Todos. Por $ 4.111 millones construirá un viaducto ferroviario del Belgrano Sur desde la calle Taborda, en Barracas, hasta la estación Constitución, una obra a cargo del Ministerio de Transporte.

Junto al CEO de Abertis llegaron otros empresarios españoles: Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE); Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España; Vicente Di Loreto, CEO de la empresa de juegos de azar Codere, afectada por los cierres de sus bingos en la Argentina por las restricciones del Covid-19; Javier Sánchez Prieto, jefe de Iberia; José María López Piñol, consejero delegado de Urbaser, responsable de una de las zonas de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires a través de Urbasur; Alberto Freire, CEO de Iberconsa, que pesca en la Patagonia; Narciso Casado, director general de la poderosa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); Purificación Torreblanca, principal ejecutiva del Gupo Puentes, de infraestructuras; y Trinidad Jiménez, directora global de Asuntos Públicos de Telefónica. Esta última empresa no envío a su presidente ni a su CEO: está en suspenso su presencia en el país desde que anunció que vendería filiales extranjeras para concentrarse en España, Alemania, Brasil y Reino Unido.

Tampoco han venido ejecutivos de los grandes bancos. Otras firmas españolas que permanecen en la Argentina son NH Hoteles, la bodega Codorniú, la empresa de seguridad privada Prosegur, Constructora San José, la aseguradora Mapfre, Cementos Avellaneda (propiedad de Cementos Molins), la firma de ingeniería Duro Felguera, Editorial Planeta, la pesquera Pescanova, la informática Indra (célebre por los escrutinios de votos) o Casino Puerto Madero (de Cirsa y otros socios argentinos como Ricardo Benedicto).

AR