Retiros voluntarios, la variante de grandes empresas para reducir personal

En un contexto de desplome de la actividad generado por la pandemia de coronavirus, las medidas oficiales para prohibir los despidos sin causa justa y duplicar la indemnización no alcanzaron para contener la pérdida de puestos de trabajo. Según un relevamiento que hizo elDiarioAR entre las 100 empresas principales de la Argentina en términos de facturación, las compañías apelaron herramientas retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y cierto tipo de suspensiones para ajustar sus dotaciones y generar un ahorro de costos. 

En YPF, cerca de 500 empleados aceptaron un plan de retiro voluntario (lo que en el artículo 241 de la ley de contrato de trabajo se define como extinción por mutuo acuerdo) abierto entre julio y septiembre. Sobre una plantilla de 22.000 empleados, el plan estaba disponible para los 4.000 empleados fuera de convenio, pero solo el 12% aceptó la oferta de doble indemnización más un plus.

Los ahora exempleados recibieron el 30% de lo pactado en el momento del acuerdo y el 70% restante será pagado en 36 cuotas ajustables por inflación. También se les mantendrá el plan privado de salud durante los próximos tres años. Para YPF, empresa controlada por el Estado en 51%, el costo total del plan de retiros voluntarios fue de US$85 millones, pero redundará en ahorros anuales de 50 millones de ahora en más, según detallaron los ejecutivos de la empresa en una reunión virtual con inversores.

Dado que YPF es la principal accionista de Metrogas, el plan de retiros voluntarios también se puso a disposición en esa distribuidora, pero sólo para los empleados que habían pasado antes por la petrolera. Se acogieron diez empleados de los alrededor de 1.500 de Metrogas.

El Grupo Techint detalló que las empresas que lo integran no tuvieron programas institucionales de retiro voluntario, pero, “muchas veces motivados por la existencia de la doble indemnización y colaboradores que elegían reperfilar su carrera laboral, se hicieron acuerdos de cese de mutuo acuerdo”. El grupo no precisó cuántos, pero empleados de recursos humanos informaron la existencia de alrededor de 300 trabajadores desvinculados por esa vía. 

La cementera Loma Negra, del grupo brasileño Camargo Corrêa, llegó a un “acuerdo de salida” con diez empleados, sobre un total de 2.000 en diferentes plantas. El banco chino ICBC lleva adelante un programa de retiros y calcula que lo cerrará el mes próximo. El Galicia tiene el suyo, pero aclaró que hasta el momento se acogió “un número bajísimo'' de personas.

Coca-Cola ofreció un programa de desvinculación a 250 trabajadores en la Argentina, de los que entre un 12% y un 15% lo tomó, según calculó la empresa norteamericana.

“Estamos en pleno proceso de readaptación y reestructuración. El programa de retiros voluntarios es apenas un elemento de algo mucho mayor”, informó la mayor prepaga y obra social del país, OSDE, que prefirió no dar números de un plan que todavía está abierto. 

Minera Aguilar, de la anglosuiza Glencore, anunció el mes pasado el cierre de su explotación en Jujuy por agotamiento del material, decisión que estaba prevista para febrero o marzo próximos y fue precipitada por la pandemia. La compañía determinó abrir un plan de retiros voluntarios para 460 personas y conservar 180 empleados para “la etapa de cuidados y mantenimiento”. Luego de permanecer cerrado desde el inicio de la cuarentena y sin perspectivas de reapertura, Parque de la Costa, de Sociedad Comercial del Plata, también acordó ofrecer desvinculaciones de mutuo acuerdo a sus 480 empleados. Sin embargo, el jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para el salvataje del parque de diversiones, que busca conservar su operación y todos sus puestos de trabajo. 

En el mercado aerocomercial, la estatal Aerolíneas Argentinas ofreció un programa de jubilaciones anticipadas para quienes estuvieran cerca de la edad de retiro. Según los cálculos de la firma, entre 900 y 1.000 empleados —de los 12.000 totales— estaban en condiciones de acogerse al programa, que cerró el mes pasado. Sin embargo, muchos menos trabajadores de los que se esperaba se mostraron interesados. “Son dos caras de una misma moneda: cuanto menos generoso sos con el programa que ofrecés, menos atractivo es para que lo acepten”, explicaron en la compañía, y detallaron que las ofertas varían de acuerdo al área de actividad del empleado o empleada y del sindicato que los representa. “Lo cierto es que la compañía no estaba en condiciones de hacer una gran erogación ahora para conseguir ese ahorro futuro”, añadieron. 

Si bien es un caso diferente, porque la empresa decidió abandonar el mercado de cabotaje, Latam Airlines también acudió al retiro voluntario como una manera de desvincular a los 1.715 empleados que se quedaron sin trabajo. Según los últimos registros de la firma, se cerraron 1.200 acuerdos individuales y la negociación todavía continúa abierta con las 515 personas restantes. 

El dato de cuántas desvinculaciones ocurrieron en total con estas herramientas es difícil de construir, dado que no existe un registro centralizado y desde hace algunos meses tampoco la obligación de pasar por el Servicio de Conciliación Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo. El 10 de septiembre pasado, la Corte Suprema emitió un fallo en el que ratificó la legitimidad de la extinción del contrato de trabajo celebrada frente a escribano público, sin intervención de una autoridad administrativa o judicial. 

Marco legal

El abogado laboralista Julián de Diego calcula que hubo 600 mil desvinculaciones acordadas desde el inicio de la pandemia, la mayoría ante escribano público, sin intervención de la autoridad de aplicación. “Las empresas todavía tienen un 30% de exceso de dotación y por eso el Gobierno sigue resistiéndose a levantar la prohibición de despedir y la doble indemnización. Si sale de golpe, va a haber una oleada de despidos”, advierte. 

El decreto 329, del 31 de marzo de 2020, estableció la prohibición de los “despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por el plazo de 60 días, pero se fue prorrogando y actualmente se encuentra vigente hasta fines de enero. También se prorrogó hasta el 25 de enero de 2021 la doble indemnización en caso de despido sin justa causa, disposición que venía desde antes de la pandemia, desde que asumió la Presidencia Alberto Fernández, en diciembre de 2019. 

Culminado el primer mes de 2021, el Gobierno deberá definir si vuelve a extender la vigencia de las normas o inicia un proceso de transición. Según De Diego, se debaten dos opciones de salida: una es permitir que se produzcan despidos por falta de trabajo, pero manteniendo la doble indemnización; otra es partir de la doble indemnización e ir reduciendo gradualmente el porcentaje hasta alcanzar el esquema habitual.

“Si bien es muy difícil de cuantificar, por muchísimos lugares nos aparecen casos que revelan que la modalidad de extinción del vínculo por mutuo acuerdo es una herramienta que sobre todo están utilizando las empresas de mayor tamaño y medianas”, señaló Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Su registro indica que en algunos casos los empleadores ofrecen el equivalente a una doble indemnización, pero en otros hacen ofertas “muy inferiores”. “Más allá de que es una decisión individual y hay trabajadores a los que estos acuerdos pueden servirles, recibimos otros testimonios en los que aparecía una sensación de temor por dos aspectos: porque la empresa no siguiera funcionando, se fuera a la quiebra y se quedaran finalmente sin nada, o por la posibilidad de sufrir represalias internas si no aceptaba”, contó Campos. 

Otro mecanismo de desvinculación más propio de las empresas chicas son las renuncias. “El empleador ofrece un monto de dinero y el empleador manda un telegrama, lo que suele suceder cuando los trabajadores tienen menos posibilidades de acceso a un asesoramiento”, detalló el abogado sindical. En la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo se advierte que. de representar el 32% de las bajas totales en abril, la modalidad legal de la “renuncia” escaló hasta significar el 58,9% en octubre. 

En el sector informal las desvinculaciones no adquieren la forma de ninguno de los instrumentos mencionados anteriormente. “Ahí es directamente: ‘No vengas más por ahora, después te llamo’, y posiblemente cuando se eliminen las restricciones a la movilidad vuelvan a llamarlos, como puede ser el caso de las trabajadoras de casas particulares”, añadió el letrado de la CTA Autónoma, con la sospecha de que bajo esa modalidad se inscribe gran parte de los 3,7 millones de puestos de trabajo que, según el Indec, se perdieron entre abril y junio.

“Estamos recibiendo muchísimas consultas de cómo afrontar conversaciones con la gente teniendo, por un lado, la restricción para no generar desvinculaciones, pero por otro la necesidad de sí o sí revisar las estructuras organizacionales porque para muchas empresas el agua está llegando al cuello y tienen que tomar algún camino”, señaló Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y Capital Humano de ManpowerGroup Argentina.

Según Aguilera, “hay una gran resistencia a acogerse a retiros voluntarios” por parte de los empleados, que saben que “el mercado laboral está muy recesivo”, lo que obliga a las compañías a elaborar propuestas lo más generosas posible. “La gente no se conforma sólo con la doble indemnización, sino que además piden otras alternativas como extensión de la medicina prepaga, alguna gratificación adicional o incluso el acompañamiento en servicios de outplacement (reubicación profesional) para que puedan enfocarse en su reinserción laboral”, apuntó. 

Aunque la mayoría prefiere no hacerlo público, Aguilera asegura que “muchas empresas” iniciaron en los últimos meses programas tendientes a revisar entre un 10% y un 20% de sus plantillas. “Es el plan A, de corto plazo y para esta parte de la coyuntura, pero estoy seguro que la mayoría de las empresas tienen un plan B y un plan C, que tendrán que ver con la evolución de la situación económica”, anticipó. 

En el decreto de prohibición de despidos también se limitan las suspensiones, con la excepción de aquellas que se realicen en los términos del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Se trata de un artículo que habilita las suspensiones en caso de “falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada”, figura que permite discontinuar el pago de aportes y que sirvió para contener las desvinculaciones. El último registro de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) indica que cerca del 20% de las empresas aplicaron esta variante en los últimos meses y en mayo pasado casi el 9% del empleo registrado del sector privado se encontraba suspendido, número que bajó en octubre a 4,8%, aunque sigue siendo históricamente alto. 

DT/AR/SL