Sin subsidios energéticos ni transferencias discrecionales a las provincias, el gasto público cayó 16,6% en términos reales

El último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) reveló un gasto público equivalente a $1.412.853 en enero de 2023, lo que representó una caída del 16,6% en términos reales. Se trata de la séptima reducción mensual consecutiva, que se diferencia del comportamiento fiscal de la primera mitad del 2022.

La reducción en el gasto público se reflejó en el envío de dinero a las empresas públicas no financieras: tal como había prometido el ministro de Economía, Sergio Massa, al Fondo Monetario Internacional (FMI), no hubo transferencias a estas entidades. Tampoco hubo gastos en subsidios energéticos durante el primer mes del año, una marcado contraste con respecto a enero de 2021, cuando los gastos asignados al sector ascendían a $46.100 millones. Estos subsidios tienen asignados $1.697.705 millones para este año, lo que constituye una baja en su participación en el presupuesto: pasaron del 7,2% en 2022 al 5,9% en 2023. Los subsidios al transporte, concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), experimentaron una baja del 5% con respecto a enero de 2022.

El Gobierno Nacional también limitó las transferencias discrecionales a las provincias. Una de las principales herramientas para enviar dinero a las provincias son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que constituyen el 1% de la masa coparticipable y están destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en las provincias. Pese a las funciones establecidas, el Poder Ejecutivo Nacional cuenta con alta discrecionalidad a la hora de asignar estas transferencias entre las unidades subnacionales.

La Provincia de Buenos Aires (PBA) fue la única destinataria de los ATN durante enero. En el primer mes del año, la provincia recibió un monto total equivalente a $1.582 millones. El gobierno de Axel Kicillof también se vio beneficiado por el Programa de Fortalecimiento Fiscal de la PBA, surgido de la reversión de la coparticipación excedente que fue entregada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto 194/16.

El informe del CESO también reportó una caída interanual de 16% en la inversión de capital, rubro que también tiene incidencia en las provincias.

El gasto en planes sociales, contrario a lo esperable por las bajas anunciadas durante diciembre y enero por el Ministerio de Desarrollo Social en el programa Potenciar Trabajo, se incrementó en el primer mes de 2023, cuando se esperaba un ahorro de $2.500 millones. El gasto para esta línea de asistencia, que busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través de la finalización de los estudios, la formación laboral y la capacitación en oficios, acumuló $44.472 millones, un 113% más que hace un año.

En la misma línea, el gasto de la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para aquellos que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, ascendió a $32.591 millones y presentó un aumento del 78% con respecto a los datos del 2022. Recientemente, se incrementó el presupuesto de Desarrollo Social y se redujo el de Seguridad, según indicó el informe de CESO, aunque ambas carteras fueron las que encabezaron el nivel de ejecución: 85,5% para Seguridad y 83,9% para Desarrollo Social.

ACM con información de la Agencia Nuevas Palabras