Detrás del suspendido aumento a las prepagas asoma la reforma que impulsa la vicepresidenta Fernández de Kirchner

La polémica entre el presidente Alberto Fernández y su ministro de Salud, Ginés González García por las idas y vueltas del finalmente suspendido aumento del 7% de las prepagas en febrero tiene por mar de fondo la reforma del sistema de salud que propuso a fin de año la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, dijo la vice al cerrar el VII Encuentro Nacional de la Salud que organizó el espacio Soberanía Sanitaria, que integra el Frente de Todos y que encabeza el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. “La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente. En materia sanitaria, debemos reconceptualizar el sistema. La pandemia mostró que algunos lugares tienen muchos recursos que a otros les faltan. Tenemos un modelo concéntrico que debe ser reformulado.”

En diálogo con elDiarioAR, Kreplak sostuvo que la Argentina “necesita un sistema integrado para tener información completa, transparente y observable de la situación epidemiológica: cuáles son las enfermedades, qué influencia tienen sobre qué personas, cuáles son los servicios, dónde están distribuidos, dónde hace falta más inversión pública o privada, dónde hay exceso de recursos y sería mejor reorientarlos hacia otro lado”. “También hay que articular la formación de recursos humanos: dónde los necesitamos y cómo potenciar la radicación de trabajadores en los lugares donde hacen falta. La Argentina es un país muy grande, federal, con grandes desigualdades respecto de la distribución de la población y la riqueza. Por eso, el Estado tiene que tener un sistema de salud mixto, coordinado, integrado, que compense las desigualdades para que nadie quede más desfavorecido”, completó el viceministro de Salud bonaerense.

En las cercanías de la vicepresidenta sostienen que los sistemas de salud están en discusión en todo el mundo y citan un reciente artículo de la revista científica The Lancet, que señala que, cuanto más fragmentado están, más sobreoferta de recursos hay para unos y escasez de oferta para otros. Sus asesores sostienen que el sistema sanitario argentino está muy fragmentado y que esto quedó en evidencia con la pandemia. Alegan que, a veces, es el Estado el que dispone de prestaciones y otras el sector privado, por eso debe haber una mejor organización que evite la duplicación de esfuerzos. Rechazan, por ejemplo, construir hospitales donde ya hay otro tipo de entidades que están dando la misma prestación que se pretende dar en esos centros públicos.

Un punto clave de la argumentación por el cambio sostiene que faltan normas para compensar a los centros públicos cada vez que atienden a pacientes de prepagas u obras sociales.

Esa postura se podría resumir en que, hoy en día es el Estado el que planifica, pero debería hacerlo mejor y en coordinación con las prepagas y las obras sociales. Señalan que, por ejemplo, hay medicamentos que algunas entidades pagan cinco o seis veces más caros que otras, dependiendo del poder de negociación de cada prepaga u obra social: sugieren, como alternativa, que se desarrollen compras masivas y a laboratorios nacionales. Abogan por que cada entidad haga sus gestiones, pero no se canibalicen. La idea de la vicepresidenta incluye, también, mejorar el diálogo del sistema con las universidades.

También cuestionan que un paciente que deriva sus aportes de la obra social a una prepaga reciba atención a domicilio por un catarro mientras que una persona sin cobertura sindical o privada que está sufriendo un infarto puede sufrir demoras en la llegada de una ambulancia. En países desarrollados, España es el caso citado, los seguros privados de salud restringen el envío de médicos a domicilio a casos graves.

Un punto clave de la argumentación por el cambio sostiene que faltan normas para compensar a los centros públicos cada vez que atienden a pacientes de prepagas u obras sociales. Enumerán, por ejemplo, que casi toda la accidentología se recibe en hospitales públicos. O que, de los 650.000 partos anuales en la Argentina, 350.000 ocurren en esos mismos hospitales: aunque casi la mitad corresponden a personas con obra social, no siempre el Estado recibe su retribución. Anticipándose a las críticas, esos mismo expertos aclaran que no se busca la desaparición del sector o su estatización.

En el entorno de la vicepresidenta argumentan que todos los actores del sistema coinciden en que se necesita una reforma que acabe con los parches de las últimas décadas. Aclaran que no hay nada cerrado, que está todo por discutirse, que el trabajo conjunto en la pandemia derribó desconfianzas entre los actores. En el Ejecutivo, González García y su equipo están de acuerdo en integrar información, compras y prácticas. En obras sociales, prepagas y clínicas privadas, en tanto, escuchan con recelo las ideas que deslizan los allegados a Cristina Fernández de Kirchner, a la espera de más detalles.

Los interlocutores del sector sindical incluyen a pesos pesados como José Luis Lingeri, representante de empleados de AySA, y Omar Maturano, de los maquinistas de La Fraternidad. Del lado empresarial están algunos de los mayores magnates de la Argentina: Julio Fraomeni, dueño de Galeno, Claudio Belocopitt, de Swiss Medical y América TV, pero también los dueños de farmacéuticas Alberto Roemmers, Hugo Sigman (50% de Elea-Phoenix y 100% de mAbxience), Juan Carlos y Sebastián Bagó, Lilia Neumann de Sielecki (50% de Elea-Phoenix).

AR