Bolsonaro se pinta de verde sin amarelho antes de la Cumbre Climática de Glasgow

Ampliamente cuestionado por sus actos de gobierno contra la protección del medio ambiente, Jair Messias Bolsonaro imposta una nueva posición ‘verde’ que no convence a los indignados activistas. En especial, al coincidir con los meses preparatorios a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow a partir del 1° de noviembre.  Después de que la temporada de incendios inusualmente severa de Brasil desatara una tormenta internacional, el gobierno derechista de Brasil lanzó una campaña global de relaciones públicas para tratar de convencer al mundo de que todo está bajo control.

La deforestación se ha disparado a un máximo de 12 años bajo un líder que, según los críticos, ha envalentonado a los “forajidos” de Amazonia con sus palabras y hechos anti-medioambientales. Antes de la Cumbre, el Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), dio a conocer que el trágico cambio del clima está ocurriendo, además, en una escala que no conoce precedentes, y con una velocidad que no desacelera. Y en Argentina la difusión del documento se acompañó con la propuesta de Cupo Socioambiental de los Debates Políticos en la Argentina, avalada por casi 20 mil firmas.

Entre garimpeiros y grandes empresas mineras

En tupí, Itaituba significa ‘reunión, ayuntamiento de piedras pequeñas’. Este municipio del estado de Pará es una de las ciudades del oeste de Brasil que presenta un crecimiento económico más acelerado en el interior del país. Ahí se encuentra el Parque Nacional de la Amazonia, de más de un millón de hectáreas con una lujuriosa biodiversidad, con vegetación de bosque tropical mixto, numerosas formaciones de distintas eras geológicas, especies raras de árboles terrestres y semi- terrestres junto con variedad de especies de animales.

Sólo entre 2001 y 2015, la minería de los garimpeiros (explotadores informales a pequeña escala), destruyó más de 183 kilómetros cuadrados de bosque protegido en la región de Itaituba. Mientras iniciativas como la soja sostenible, moderaron – en cierta medida- la destrucción de la selva; la deforestación, como consecuencia de la minería de oro, se ha acelerado desde la crisis del 2017. Otros estragos medioambientales influyeron por su continuidad. El reiterado uso de mercurio, cianuro y otras sustancias tóxicas –prohibidas por la legislación brasileña desde 2013 – usadas para ‘lavar’ el barro en la orilla del río. El garimpeiro extrae oro con máquinas que hacen ruido las veinticuatro horas del día; en condiciones insalubres, están expuestos a múltiples enfermedades.

Las grandes compañías mineras, sin embargo, nunca demostraron ser, pese a toda su legalidad y formalidad, más razonables, ni más sensibles con el medio ambiente de lo que fueron los garimpeiros que ahuyentan a las comunidades nativas. La empresa canadiense El Dorado Gold, de Vancouver -cuya mina de oro en Rumania había desatado protestas masivas por el uso de cianuro- instaló en 2010 su mina Pilar, a 30 kilómetros más al sur de Itaituba, que en este mes fue vendida a Equinox Gold en U$S 35 mil millones. Al lado de la polémica megarepresa de Belo Monte, está otra empresa canadiense Belo Sun, cuya actividad lograron posponer la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y los indios del río Xingu, que nace en el Estado de Matto Grosso, en el centro oeste y atraviesa varios estados en su recorrido al norte del país. Al otro lado del estado de Pará, otra empresa canadiense, Colussus Minerals, está bajo investigación por fraude tras estafar a miles de garimpeiros, quienes participaron en la reapertura de la mina de Serra Pelado, cuya (mala) fama perenne se inició en la década de 1980 por las célebres fotografías de Sebastião Salgado.

Este epicentro de la extracción minera, empobrecido por la pandemia, se convirtió en centro de feroces disputas entre los pueblos indígenas y agencias gubernamentales. El  Tapajós (o Tapajoz), largo y caudaloso río amazónico brasileño, el principal afluente de la margen derecha del río Amazonas que atraviesa de los estados de Amazonas y Pará, aunque su curso alto atraviesa el estado de Mato Grosso, se convirtió en el testigo de las excavadoras para abrir cráteres de 30 metros en el suelo arcilloso de la selva desforestada en busca del oro que se esconde en su lecho. La crisis financiera provocada por la pandemia de coronavirus y la devaluación del real frente al dólar hizo que el gramo de oro alcanzara un récord de U$S 1800. La escalada en la producción, cuyo valor, medido por impuestos, casi se triplicó de 2019 a 2020.

En el centro de esta escalada se encuentra otro municipio de Pará, Jacareacanga, donde semanalmente se liberan alrededor de 80 kg de oro, el 90% de los cuales son ilegales. “Jacareacanga es actualmente la capital del oro en la Amazonía, pero prácticamente todo se toma de tierras indígenas o de la Flona (Bosque Nacional) de Crepori”, dice el empresario Alan Carneiro, defensor de la legalización de la minería en unidades protegidas que trabaja en la creación de una cooperativa con objetivo de regularizar la situación en Jacareacanga. Un futuro integrante de la cooperativa, Valbim Oliveira de Mato Grosso, cuyas dos excavadoras fueron quemadas en un operativo realizado en agosto, mientras operaba en la Tierra Indígena Mundurucu, se lamentó: “La Policía Federal llegó en helicóptero por la mañana y empezó a disparar contra las bombas hidráulicas. Te duele demasiado perder todo tu capital en media hora. Con cada vez más excavadoras quemadas, hay escasez de máquinas. Si el alquiler solía costar 1 gramo de oro la hora, hoy cuesta 2 gramos, lo que enoja a muchos buscadores con Bolsonaro, ya que ningún presidente antes hizo algo así”, y a pesar de la pérdida sigue apoyando al mandatario.

La destrucción de grandes maquinarias, que Bolsonaro intensificó espectacularmente en una campaña que culminó esta semana, había sido prevista en un decreto de 2008, en tiempos del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder, que reglamentó la Ley de Delitos Ambientales. Esta medida fue denunciada por los defensores del garimpo ante el ex Ministro de Ambiente Ricardo Salles - renunció a su cargo en junio de este año- uno de los autores del PL (Proyecto de Ley) conocido como PL490, para legalizar la minería, la tala, la agricultura industrial y otros proyectos considerados “de interés nacional” en tierras indígenas, sin el consentimiento de las comunidades locales. El polémico proyecto de ley fue aprobado el 23 de junio por la Comisión de Constitución y Justicia y ahora se trasladará a la Cámara de Diputados antes de dirigirse al Senado. Los conservadores aliados con las agroempresas —los “ruralistas”—, junto con los fundamentalistas evangélicos, representan la mayor parte del bloque de votos que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso brasileño.

El superintendente de la Fundación Amazonas Sustentable (FAS), Virgílio Viana, sostuvo que la explotación de tierras indígenas solo debe existir si es comandada en su totalidad por los indígenas considerando las consecuencias sociales que terminan destruyendo la forma de vida y el tejido social de la comunidad.

La  herramienta que se utiliza para medir la producción del garimpeiro es el Contribución financiera para la exploración minera (CFEM). A través del sistema de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se tramitaron más de 3.000 solicitudes mineras superpuestas a tierras indígenas en la Amazonía Legal. 

Los datos sobre minería ilegal ofrecen una nueva muestra de la aceleración del deterioro ambiental en Brasil, especialmente en lo relativo al avance de la deforestación e incendios forestales, desde la llegada al poder de Bolsonaro. En sus primeros cien días de mandato, actuó con rapidez para cambiar el personal y quitarle autoridad al Instituto del Medio Ambiente Brasileño (IBAMA), y al Instituto Chico Mendes par la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) que se encarga de las áreas de conservación. Y por Decreto 9760, creó “centros de conciliación” para investigar multas ambientales y eventualmente anularlas, entre ellas, la que impuso IBAMA a la enorme empresa minera brasileña Vale debido a una variedad de infracciones graves de leyes ambientales previas al Desastre de Brumadinho.

Los incendios aumentaron en los proyectos de asentamientos como resultado de las invasiones, la deforestación y el acaparamiento de tierras. La lógica del acaparamiento y degradación de tierras afecta a los asentamientos precarios convencionales, como Pilão Poente, y los ambientalmente sustentables Esperança y Virola-Jatobá con titulación colectiva de tierras, incluyendo un área legalmente designada que debe ser mantenida con vegetación nativa, mayor remoción de productos vegetales, como acapú, una especie de madera en peligro de extinción.

Con un ojo en Glasgow 2021 y otro ojo en octubre 2022

Entre agosto de 2020 y julio de 2021, la selva tropical perdió 10.476 kilómetros cuadrados, un área casi siete veces más grande que el gran Londres y 13 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, según datos publicados por Imazon, un instituto de investigación brasileño que ha estado rastreando la desforestación del Amazonas desde el 2008. La cifra es un 57% superior a la del año anterior y es la peor desde 2012.

“Esta morigeración de la retórica no me convence... [y] realmente no creo que el mundo se lo compre tan fácilmente”, dice Suely Araújo, ex directora de la agencia ambiental brasileña Ibama. Araújo, ahora especialista en políticas públicas del grupo ambiental Observatório do Clima, aseguró que el gobierno de Brasil había comprendido claramente la importancia de la Cop26 “y decidió ver si este [cambio de imagen verde] se mantendrá”.

Tulio Pinheiro, un minero desempleado de 33 años, en Jardim do Ouro de Itaituba, dijo que sabía exactamente a quién culpar por su difícil situación. No a Bolsonaro, sino al presidente estadounidense “Joe Bye”, quien el año pasado advirtió de “consecuencias económicas significativas” si Brasil continuaba hundiendo el Amazonas. A la amenaza no tan velada del demócrata Joe Biden atribuye este desempleado que cita el diario británico The Guardian la pérdida de la fuente de su trabajo. El mensaje de Bolsonaro llega así, según él lo espera, correctamente a sus dos destinatarios: el mundo exterior en la cumbre de Glasgow, y el electorado en el interior de Brasil que el 2 de octubre de 2022 deberá decidir a quién quiere como presidente. Según todos los sondeos, el candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva podría ganarle a Bolsonaro la elección, incluso en primera vuelta. 

AG/WC