Un año de gobierno de Pedro Castillo en el Perú

— Análisis

365 días vividos en peligro por un presidente campesino en Lima

La victoria del candidato izquierdista Pedro Castillo en el balotaje presidencial del 6 de junio 2021, con un exiguo margen de diferencia de 44, 263 votos,  acendró el  imaginario de fuerte antagonismo de la ciudadanía peruana. La campaña de “Libertad o Comunismo”, enarbolada por su rival Keiko Fujimori de Fuerza Popular, estuvo dirigida a las bases populares y populistas de su partido (el único movimiento político peruano articulado y continuo) y a sectores populares urbanos cuyo voto le disputó al sindicalista serrano. Los sectores medios urbanos no temían octubres rojos, pero sí alineamientos declarativos de política exterior, gastos sociales que según su mirada serían despilfarro, descuido del comercio exterior y abandono de tratados y preferencias bilaterales o regionales, incompetencia técnica generalizada para gobernar, malgasto y déficit, frustraciones seguidas de protestas sociales o sectoriales, descontrol de las fuerzas de seguridad con avances del narco o del senderismo o de voraces cooperativismos comunarios o mineros, enfrentamientos con el Congreso. A cumplirse un año de mandato, estos temores han perdido intensidad o relevancia, sin por ello haber sido sustituidos, en aquellos sectores intermedios. Un año atrás vivían esperanzados en el futuro, al festejar a la vez el año 200 republicano y el año 0 del gobierno del primer presidente campesino peruano, que dotaría al país diverso de una nueva constitución y un mejor porvenir.

Para los sectores socioeconómicos más bajos, que se han percibido a sí mismos como perdedores del crecimiento económico de las últimas tres décadas, la imagen de Castillo, hijo de campesinos, ex maestro y gremialista docente de 51 años que portaba como símbolo de su partido un lápiz del tamaño de un bastón y había popularizado el lema “No más pobres en un país rico” prometiendo aumentar los impuestos a las empresas mineras en un país que es el segundo exportador mundial de cobre, trajo una gran esperanza. Castillo fue visto como una suerte de refundador de la patria que sacaría al Perú de 200 años de injusticia social.

A cumplirse un año de mandato, Castillo no despierta esperanzas de cambio y cada vez son más quienes son conscientes de que la “amenaza comunista” no existe (y nunca existió), que se trata más bien de un gobierno improvisado y, al igual que muchos de los anteriores, con varios escándalos de corrupción.

Crisis y protestas del mes de abril

En el transcurso de las dos primeras semanas de abril, Perú fue el escenario de masivas protestas iniciadas cuando la  Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) convocó el 28 de marzo – el mismo día que en el Congreso la oposición, que perdió por un voto,  presentaba la segunda moción de vacancia contra el presidente  Castillo –a  un paro  y el corte de las principales carreteras del país contra los aumentos en el precio del combustible reclamando además  el congelamiento de las tarifas de los peajes, la condonación de papeletas (multas), entre otras demandas. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), entidad sindical de los trabajadores, también convocó a la movilización exigiendo al gobierno “tomar decisiones en favor de los más pobres y no reprimir al pueblo que se moviliza por solución al incremento del costo de vida y por justicia social”. Luego, se sumaron trabajadores agrícolas golpeados por el alza de los precios de los fertilizantes, cabezas de familia indignadas por la subida de los alimentos, docentes descontentos por lo que consideran abandono de la educación pública y otros colectivos más o menos organizados. 

En 18 regiones del país —once de ellas en donde había ganado de manera contundente en la segunda vuelta del 6 de junio de 2021— salieron a las calles a manifestarse en contra de su gestión.

El 5 de abril el gobierno decretó la “inamovilidad social obligatoria”. El anuncio agravó el conflicto gremial convirtiéndolo en un tema nacional. Los negros gallinazos carroñeros de Lima, que Salazar Bondy tematizó hace más de 50 años en su notable ensayo Lima, la horrible, fueron testigos de la movilización en la ciudad capital donde un gran número de personas ocuparon la calles con banderas de Perú y camisetas de la selección de fútbol, símbolos de los que había apropiado durante la campaña Keiko Fujimori. Lima que es una plaza hostil para el actual presidente se le demandaba el respeto de la protesta ciudadana y mejores condiciones salariales y laborales. Entre los reclamos, uno de los más persistentes fue la destitución de Castillo.A menos cuatro personas muertas fueron el saldo de las protestas en el interior del país.

El Palacio de Pizarro y las regiones

A partir de octubre, las 17 sesiones realizadas en los Consejos de Ministros Descentralizados, con la finalidad de que el gobierno central afincado en Lima conozca y atienda las demandas locales, en principio habían logrado detener la caída de la popularidad del presidente en los lugares de su base electoral.

Entre las 238 promesas por parte del gobierno, se ha presentado el proyecto de ley para que se someta a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente : “Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso (...) para que, en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que, también a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo con una nueva constitución”, dijo el mandatario izquierdista al liderar un consejo de ministros en la ciudad andina de Cuzco, el ombligo del mundo. Una  de las principales banderas de su campaña electoral, respaldada por Perú Libre, que aboga por la elaboración de una nueva Carta Magna que sustituya la vigente, pero que la ex primera ministra Mirtha Vázquez abogada ambientalista y defensora de los DDHH que había reemplazado al ex primer ministro a Guido Bellido y el actual jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres habían descartado en varias oportunidades. El diario El Comercio recordó que, si bien Castillo habló mucho de una nueva Constitución  para reemplazar a Constitución Política del Estado (CPE) de 1993, compuesta después del auto-golpe de Alberto Fujimori en 1991, y bajo su atenta vigilancia, cuando gobernaba la República como eficaz autócrata, en caso de llegar al poder, lo cierto es que, siendo presidente, en al menos nueve oportunidades dijo públicamente que no llevaría adelante este proceso.

Sin contar con la mayoría de legisladores en el Congreso, controlado por la oposición derechista, el éxito de la iniciativa que debía obtener una votación favorable se ha visto como una suerte de huida hacia adelante. El proyecto de ley fue rechazado por el parlamento en primera instancia, el 25 de abril. La opositora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, declaró  “Estamos tratando de que esto no se vuelva ni Cuba ni Venezuela”, acotó, y acusó a Castillo de pretender “cerrar” el Parlamento. El primer ministro Torres, aseguró que “ El Congreso ya resolvió, ya se pronunció y eso por supuesto termina allí”, pero advirtió que en consecuencia persistirá la inestabilidad política que existe desde hace muchos años: “Inestabilidad política que quieren los monopolios, oligopolios, las posiciones dominantes. Al igual que las especulaciones, que benefician solo a un pequeño grupo de la población. Así como los que están de acuerdo con los contratos leyes que favorecen a los más poderosos del Perú”. 

Sin embargo, no es la única promesa gubernamental incumplida de los Consejos de Ministros Descentralizados. “Estuvimos con el premier y el ministro de Economía. El presidente Pedro Castillo nos iba a recibir, pero no lo hizo por la audiencia que tuvo en la Fiscalía. Los gobernadores les hemos expresado nuestra disconformidad, malestar porque los compromisos no se están cumpliendo, no había resultados de estos consejos descentralizados”, informó Zenón Cuevas, gobernador de Moncagua, la tierra natal de José Carlos Mariátegui, quien introdujo el marxismo en el continente y entre otras obras escribió el célebre libro Siete ensayos sobre la realidad peruana,  quien sumó al descontento de otros varios gobernadores regionales que pese a todo le dan otra oportunidad al ejecutivo.

La disputa de la izquierda por el poder o la ilusión de ruptura ideológica

Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado en junio, solo 25% de los peruanos con una identificación ideológica de izquierda aprueba la gestión presidencial. Sin embargo, la izquierda peruana se encuentra en una disyuntiva: seguir apoyando a Castillo, a pesar de su idas y venidas, o sumarse a la oposición, que planea destituirlo en el Congreso (“vacarlo”) desde el primer día que asumió su mandato para obtener para si el poder. La dilemática provocó rupturas políticas en Nuevo Perú. La entonces presidenta de este partido progresista de izquierda, Anahí Durand, que dirigía el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se opuso a retirar su apoyo al gobierno y renunció al partido que ayudó a fundar y “hoy ya no es útil a las clases populares peruanas”, tras haberlo presidirlo durante unas pocas semanas en reemplazo de Verónika Mendoza, quien a su vez se había alejado a inicios de este año y convocando a tomar las calles, pues no habría “proceso de cambio sin un pueblo consciente, organizado y movilizado”.

AGB