Crisis institucionales en América Latina

Un año de Gobierno de Castillo en Perú entre crisis, sospechas de corrupción y pedidos de destitución

Contra todo pronóstico, Pedro Castillo cumple este jueves un año como presidente. Desde que asumió el cargo al frente del Gobierno de Perú, el hombre de las múltiples crisis no ha hecho más que opacar las expectativas de sus votantes, armar y desarmar gabinetes, multiplicar los escándalos por corrupción y esquivar los pedidos de destitución promovidas por la oposición en el Congreso.

Castillo se ha convertido en el presidente débil de un país indomable. Entre la larga lista de flaquezas está la ausencia de estructura política. Hace un mes, Castillo presentó su renuncia como miembro del partido Perú Libre con el que ganó las elecciones, después de que el propio líder de la agrupación política, Vladimir Cerrón, condenado en 2019 a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por desvío de fondos públicos para cubrir las campañas electorales, le pidiera que diera un paso atrás antes de iniciar un proceso disciplinario por “promover el quebrantamiento de la unidad partidaria”. Fue así como Perú Libre pasó a ampliar las filas de la oposición.

Por ese motivo, Castillo abandonó el partido y pasó a rodearse de un reducido número de personas de extrema confianza, la mayoría de su provincia natal, Chota, ubicada al norte de Perú. “Este tipo de cuoteo del poder ha hecho que el presidente tenga una estructura basada en la confianza interpersonal antes que la cuestión política. Entonces, cuando llegan los casos de corrupción, Castillo carece de estructura para poder enfrentar estos problemas”, dice José Alejandro Godoy, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En este momento, Castillo está siendo investigado en cinco causas por corrupción. Entre las acusaciones está la sospecha de haber cometido irregularidades para la adjudicación del puente Tarata, en la compra de biodiésel y en haber incurrido en presiones para influir en el ascenso de militares. A eso, se le sumó el caso por el presunto plagio de su tesis de maestría.

Intentos de destitución

En simultáneo, con una miríada de sospechas judiciales como telón de fondo, los opositores intentan avanzar con un nuevo proceso de destitución. En lo que va de año, Castillo ha logrado esquivar dos intentos de destitución “por incapacidad moral”, con el recuerdo todavía presente de las salidas anticipadas de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes sobrevivieron a una primera moción de destitución pero no a una segunda. En ese sentido, el fujimorismo presiona de manera constante desde el Congreso, como principal y más duro puntal de la oposición, apostando a una salida por desgaste de Castillo del poder.

La ajustada diferencia de tan solo 44.000 votos con la que Castillo le ganó a la candidata de derecha populista, Keiko Fujimori, marcó el nacimiento de su gobierno como una administración débil. Sin embargo, una posibilidad era que con el paso de los meses el presidente lograra articular nuevas mayorías para fortalecer su Ejecutivo. Pero esto no suceció. La resignación con la que muchos lo votaron solo como alternativa a la vuelta del fujimorismo, lejos de mitigarse se ha incrementado, según las encuestas.

La falta de experiencia del presidente es otro de sus puntos débiles. Castillo nunca había ocupado un cargo electivo. El maestro rural y sindicalista no fue ni gobernador, ni alcalde, ni diputado, ni legislador local, ni concejal antes de llegar a la Casa de Pizarro, la sede del Gobierno peruano. La ausencia de experiencia en la gestión pública ha tenido un costo demasiado alto para la sociedad peruana, que en las calles y en la alta política lo ven como un “presidente incapaz de gobernar”. A esto se le suma, la falta de liderazgo que se ha visto los innumerables cambios de gabinete, que buscaron dar una imagen de refundación pero no hicieron más que limitar sus apoyos y cercarlo.

La última semana, Castillo cambió por séptima vez desde su llegada al Gobierno al ministro del Interior después de que el anterior creara un equipo especial de la Policía para apoyar a la Fiscalía en los casos abiertos contra Castillo y otros altos funcionarios. “La falta de liderazgo del Gobierno ha afectado las capacidades del Estado para retribuir derechos a los ciudadanos, para garantizar servicios públicos y libertades”, dice Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia y directora de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú.

Esta crisis se nota también entre los peruanos. La desaprobación a Castillo supera el 70% de los ciudadanos, el porcentaje más alto en su año de gobierno, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República. Pero además, ha crecido la desconfianza en el presidente. Mientras en agosto de 2021, el 53% creía en la palabra de Castillo, ahora solo lo hace el 28%. Antes de la segunda vuelta, Castillo firmó la llamada proclama ciudadana con 12 puntos como garantías mínimas de respeto democrático. “Lo que hemos visto es una degradación de la capacidad del Estado de responder a estas demandas”, dice Urrutia Pozzi-Escot. “En 10 de los 12 compromisos tenemos alertas muy graves por la falta de compromiso a la plataforma electoral”.

Por ese motivo, la oposición en el Congreso, uno de los poderes más desprestigiados del Estado, volvió a decir esta semana que avanzarán con un nuevo “pedido de vacancia” en contra de Castillo. Aún cuando es evidente que una eventual destitución del presidente no resuelve el problema de fondo que hace de Perú uno de los países más inestables en términos políticos. En ese sentido, la figura de presidente débil no ayuda. “La debilidad de Castillo puede llevar no solo a que se desmantele el Estado sino la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático”, dice la presidenta de la Asociación Civil Transparencia en un país donde uno de cada dos ciudadanos no coincide con la idea de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, según el último informe de Latinobarómetro.