“En Venezuela tenemos casos de desapariciones que nunca han sido investigados”

Carlos Rafael Lanz Rodríguez, sociólogo venezolano y militante de izquierda, desapareció de su casa, con 74 años, el 8 de agosto de 2020. Tito José Viloria Carrillo, abogado de 61 años, exdirigente sindical, amigo de militancia y vecino de Lanz es uno de los tantos venezolanos que se sumaron a las marchas de denuncia y reclamo por la aparición con vida de Lanz. Pero el 4 de julio pasado, Viloria, junto a otras 15 personas cercanas a Lanz, quedaron detenidas e implicadas en la causa.

La investigación estuvo en manos del fiscal general Tarek William Saab del Ministerio Público. El 18 de septiembre pasado, Saab anunció que Viloria había sido condenado a 16 años y tres meses de prisión por el supuesto asesinato de su amigo. En un contexto de presión social por el esclarecimiento del caso, Saab dijo que “Lanz fue asesinado en presencia de Tito Viloria, un dirigente obrero radical y amigo de Lanz”. Según el Tribunal Cuarto de Caracas, con competencia en delitos asociados al terrorismo, Viloria trasladó a Lanz desde su casa hasta entregárselo a los sicarios, para después presenciar el asesinato del militante socialista. Los familiares de Viloria denuncian que la investigación podría encubrir la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas.

Ana Sofía Viloria, hermana de Tito, tiene miedo por lo que pueda a llegar a pasar con su hermano. “Temo por su integridad física, moral y por su vida”. En Buenos Aires, Ana pide una revisión de la condena de Viloria al que define como un “activista hasta el último momento del Partido Socialista Unido de Venezuela”. “Ninguno de los familiares hemos tenido acceso al expediente ni a la sentencia escrita”. La mirada apunta al desempeño del fiscal general, al que Ana define como “muy turbio”.

¿Qué es lo que pasó con su hermano?

La detención de mi hermano fue sorpresiva. Las detenciones empezaron el 4 de julio de 2021. Ninguno de los detenidos estaban previamente vinculados al caso, ni habían sido investigados, ni notificados por la justicia. No había ninguna medida que limitara sus libertades. En ese momento, los familiares no tuvimos acceso a los detenidos, no sabíamos de qué se los acusaba. Tiempo después, nos enteramos que estaban siendo investigados por la desaparición de Lanz.

¿Cómo describe el procedimiento de la justicia?

Hasta el momento en que los presentan ante el juez de control, ellos no tuvieron asesoramiento jurídico. No se cumplió el debido proceso, no se les permitió acceder a un abogado. Estuvieron secuestrados hasta el momento en que los presentaron en la televisión, a través de la rueda de prensa, en la que el fiscal general los expuso a todos como monstruos, en contra a lo que establece la legislación venezolana e internacional, bajo una narrativa truculenta y sin derecho a la defensa.

¿Cómo era la relación de Lanz con las Fuerzas Armadas?

Lanz daba charlas como sociólogo vinculado a la Fuerza Armada Nacional. Por eso, en primer momento, se comienzan a gestar hipótesis que apuntaban al sector militar, no como institución, probablemente alguna individualidad al interior del sector militar. Lanz tenía un chofer asignado por los militares. Tenía personas autorizadas que lo buscaban, lo llevaban, lo traían, más allá de que la Fiscalía General ha intentado disminuir esa mirada crítica hacia las individualidades dentro del sector militar. Pero Saab ha dicho que es falso que hubiese algún militar vinculado al caso, por eso apuntó a gente cercana.

¿Cuál cree que puede haber sido el motivo de la desaparición de Lanz?

Hipótesis. Esto entra en el campo de las hipótesis. En la región de Aragua hay desapariciones forzadas. Hay muchísimos estudios que documentan esta situación. Entonces, no es un pecado pensar que pudiera haber sido una desaparición. Pero el fiscal Tarek William Saab, en una de las primeras rueda de prensa, dice que no hubo ningún hecho de violencia en la vivienda que hiciera pensar que lo sacaron a la fuerza. Es decir, que él salió de manera voluntaria. Esa versión fue bastante criticada porque descarta la posibilidad de la desaparición forzada.

¿Cuál era la relación de su hermano con Lanz?

Ellos estuvieron vinculados siempre desde la militancia, en distintas organizaciones, pero en escenarios comunes de asambleas, encuentros, conferencias, eventos nacionales. Ambos son activistas muy reconocidos en la región de Aragua. Tenían vinculación con sectores militares del estado. Ellos quedaron vinculados al sector militar desde el intento de golpe del 2002, cuando se acercar a defender al Gobierno del intento de golpe, de ahí viene la relación.

Cuando Lanz desaparece, ¿su hermano participa de las protestas en reclamo por la aparición de Lanz?

Sí, gente de todo el país asumió la búsqueda de Carlos Lanz. La presión ante las instancias competentes en este caso corresponden a la Fiscalía General de la República. Existen casos en el país de desapariciones que nunca han sido investigadas. Por ejemplo, la de Alcedo Mora, un trabajador campesino que venía haciendo denuncias de cómo los terratenientes quitaban las tierras, de cómo los agredían, él está desaparecido. Hasta hoy nadie sabe qué pasó con él, a pesar él antes de su desaparición hizo la denuncia, señalando responsables por si algo le pasaba. No queríamos que el caso de Lanz pasara al olvido como tantos otros.

¿Cuántas de esas 16 personas permanecen detenidas?

Quedan 13 detenidos. La mayoría de ellos está cumpliendo la condena en su casa. Mi hermano sigue en un penal, al igual que la esposa y el capataz de la estancia en la que mataron a Lanz.

¿Cómo define el papel del fiscal general Tarek William Saab?

El rol del fiscal Tarek William Saab ha sido muy turbio. No por una cuestión personal, sino que es una persona que no tiene perfil para ser fiscal. Primero, porque salió muy cuestionado como gobernador del estado Anzoátegui. Recordamos que en las últimas elecciones con Hugo Chávez, en la campaña a gobernadores de 2012, en un cierre de campaña de Chávez en Anzoátegui, la gente empezó a gritar en contra el gobernador. Chávez, que escuchaba a la gente, preguntó qué estaban diciendo. Y la gente dijo: “No lo queremos”. Entonces Tarek William Saab fue removido como gobernador y postularon otra persona. Es decir, siendo gobernador, ya tenía cuestionamientos de sus votantes en la región. Después es la Asamblea Nacional Constituyente la que lo designa como fiscal.

¿Es solo una cuestión de incapacidad técnica?

Nuestro planteamiento es que no tiene el perfil. No respeta las credenciales de neutralidad e imparcialidad, de la discreción, de la reserva, utiliza los medios para la exposición pública, criminaliza a los investigados, que pedían por la aparición de Lanz. Es por eso que la gente se asustó muchísimo. Cuando empezamos a analizar el caso Lanz, nos dimos cuenta que hay un mecanismo usual del fiscal general donde vincula todo, casi automáticamente, a “terrorismo”. Los casos de mayor visibilidad pública pasan a ser investigados como “actividades terroristas”. Para esos casos, existen jueces especiales y un procedimientos especial que violan el debido proceso y que evita que los imputados puedan tener acceso a la asesoría jurídica, a conocer debidamente de qué se los acusa, a tener acceso al expediente. Ni ellos, ni los familiares, ni los abogados, porque no les permiten tener abogados particulares.

¿Es siempre el mismo accionar por parte de la fiscalía?

Estamos hablando de modus operandi que se utiliza para actuaciones por fuera de la ley. Saab no está preparado para el puesto, está violando los tratados internacionales que Venezuela suscribe. Si uno revisa la carta de principios éticos del Ministerio Público, también el derecho internacional, uno se da cuenta que estamos en pañales. Hay mucha gente que hoy está pagando por esto, que se encuentra en condición de rehenes.

¿Por qué cree que Saab actúa de esa manera?

A Tito se lo condena sin pruebas de que haya estado en el lugar del asesinato. Nosotros presentamos testigos, solicitamos investigación, aportamos todo lo que consideramos importante pero la Fiscalía no lo toma en cuenta. No llamaron a nadie a tomar declaración. Evidentemente, al fiscal le interesa cerrar el caso como un éxito. Es decir, decir que se investigó. En este caso, dicen que mi hermano admitió el crimen. Pero eso es lo que viene pasando desde Saab está al frente de la fiscalía. Todos los casos vinculados a terrorismo, estamos hablando de más de 100 personas, supuestamente todos se reconocen culpables.

¿Piensa que es impericia?

Yo quisiera pensar que tiene que ver con una persona que no tiene el perfil, que no tiene las credenciales y ni la preparación para ocupar ese cargo. No creo que esta actuación beneficie al Gobierno, porque hay muchas denuncias e investigaciones internacionales.

¿Y qué respuesta han tenido por parte del Gobierno?

Ninguno de los familiares hemos tenido acceso al expediente ni a la sentencia escrita. No tenemos nada escrito. Hemos intentado documentar, ejercer, elaborar un poder proteger los bienes de mi hermano, para proteger su salud, pero no ha sido posible porque la fiscalía no ha permitido. El Gobierno no ha dicho nada sobre el caso. El presidente conoció a Carlos Lanz, conoció a Tito, pero nosotros no hemos recibido opinión del Gobierno.

¿La condena de su hermano puede llegar a ocultar la responsabilidad de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas?

Lo hemos pensado, pero este accionar de la fiscalía no beneficia al Gobierno. No le conviene una actuación que se ponga en entredicho porque después es el Estado el que tienen que rendir cuentas ante instancias internacionales.

Pero Venezuela ya no rinde cuentas ante organismos internacionales...

Sí, exactamente. Pero supongamos que es parte de acuerdo, de ser así sería un acuerdo de corto tiempo, porque esto no puede durar toda la vida. Quienes por alguna razón y de manera accidental, por ineficiencia en la investigación, nos hemos tenido que incorporar a investigar, nos estamos dando cuenta de vivimos una realidad muy lamentable en el país, muy triste, sobre todo porque porque fuimos activistas de primer momento de un proyecto en el que creímos y al que abrazamos, somos defensores de la Constitución de 1999.

¿Y qué siente usted ante esta situación?

Esta situación significa un golpe en la cara. Exige un proceso de revisión, de absoluta discusión sobre lo que pasó, dónde estuvieron los errores. Lo que se estamos viviendo es terrible. El proyecto político está secuestrado, le han sacado al país absolutamente todo lo bueno, desde la riqueza hasta la posibilidad de soñar.

¿Teme por por la vida de su hermano?

Temo por su integridad física, moral y por su vida. En el momento en que una persona es expuesta, con nombre apellido, con sus rostros, en una rueda de prensa sobre el caso, están convirtiendo una persona en delincuente, en el asesino más odiado del país, lo están convirtiendo en un criminal antes de un proceso. Entonces, en este momento hay un daño hecho, que nadie va a reponer.

¿Tiene miedo?

Sí, tenemos miedo. Yo tengo miedo. Para nosotros, los familiares, es una decisión difícil hablar porque tratamos siempre de cuidarnos, pero sobre todo de cuidar a la gente que está detenida. Tenemos miedo que le hagan algún daño, más allá del que ya le han hecho. Pero tenemos que hacerlo porque creemos en la necesidad de defender los derechos humanos, en este caso y en todos los demás.