El gobierno democrático de Pedro Castillo y el derecho a la protesta social en las calles peruanas

Desde hace cerca de dos semanas,  en Perú se suceden las  masivas protestas iniciadas cuando la  Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) convocó el 28 de marzo – el mismo día que en el congreso la oposición, que perdió por un voto,  presentaba la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo –a  un paro  y el corte de las principales carreteras del país contra los aumentos en el precio del combustible reclamando además  el congelamiento de las tarifas de los peajes, la condonación de papeletas (multas), entre otras demandas.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), entidad sindical de los trabajadores, también convocó a la movilización exigiendo al gobierno “tomar decisiones en favor de los más pobres y no reprimir al pueblo que se moviliza por solución al incremento del costo de vida y por justicia social”. Luego, se sumaron trabajadores agrícolas golpeados por el alza de los precios de los fertilizantes, cabezas de familia indignadas por la subida de los alimentos, docentes descontentos por lo que consideran abandono de la educación pública y otros colectivos más o menos organizados. 

Al menos once de las 25 regiones de Perú sufrieron bloqueos parciales y temporales del tránsito por carretera, que impactaron en el desabastecimiento, además de la quema de varias casetas de peaje y neumáticos. En la norteña ciudad de Trujillo, capital de La Libertad, se reportaron saqueos en supermercados y comercios, mientras que en varios puntos de la carretera Panamericana Norte hubo quema de neumáticos para impedir el tránsito, lo que exigió la intervención policial. 

Durante el lunes 3 circularon en redes sociales imágenes de transporte público incendiados, autos particulares vandalizados, tiendas saqueadas y comerciantes desesperados. Sin demora,  la oposición y los medios de comunicación relataron los hechos estableciendo un   paralelismo con la situación del país cuando se produjo el autogolpe de Alberto Fujimori (1990-2000)  cuando justamente se cumplía su  30° aniversario.

Ante la gravedad del conflicto,  casi a la medianoche del mismo lunes, el presidente Castillo, anunció “la inmovilización social” en Lima y Callao desde las dos de la mañana hasta las 11:59 de la noche del  martes. Con ese anuncio el conflicto gremial se agravó hasta convertirse en un problema nacional.  

Sin embargo, según medios locales, los videos que mostraban colectivos  quemados o los rumores de saqueos en la capital peruana serían  falsos, y se habían  compartido rápidamente para generar pánico en la población. Así el material sobre un colectivo  del transporte público en llamas fue grabado en 2021. Otras de las imágenes que generaron desconfianza muestran a vándalos encapuchados saqueando negocios, llevándose artículos que no son de primera necesidad, como cajas de cerveza.

 “Había un grupo pequeño de gente buscando azuzar la existencia de esos saqueos, pero todas esas informaciones fueron desmentidas. A pesar de ello, esa es la información que habría detonado la decisión presidencial de emergencia”,  explicó José Alejandro Godoy, politólogo y docente de la Universidad Católica de Perú.

 

La agenda presidencial

 

La medida que tomó por sorpresa a muchos peruanos quienes  a la mañana del lunes se disponían a iniciar sus actividades cotidianas resultó  para algunos  “absolutamente desproporcionada” y para otros fue  otra muestra  más del  comportamiento del presidente. 

Al inicio de las protestas, Castillo culpó de los bloqueos de carreteras a “cabecillas” y “dirigentes” “malintencionados y pagados”, e hizo la promesa -que no pudo cumplir- de restablecer el orden social. Luego, pasó a la conciliación: se disculpó con los transportistas y anunció que exoneraba del pago de algunos impuestos a la gasolina. Para entonces, las imágenes de la policía incapaz de controlar acciones violentas en distintos puntos de Perú ya saturaban los informativos. Llamativamente, el clímax del conflicto social  coincidió con el incendio del edificio de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía, donde se investiga, entre otros, actos de corrupción del actual gobierno. 

A pesar de  que se aclaró la falsedad de las noticias de saqueos y actos vandálicos, el descontento social  persistió. “No significa que la gente no esté molesta por el alza de los precios, que, entre otros factores, también tienen relación con la guerra en Ucrania”, sostuvo Adriana Urrutia, directora de la Asociación Civil Transparencia, que trabaja por la democracia y representación política en Perú. “Por ese motivo, medidas extremas como las del estado de emergencia para contrarrestar las protestas podrían provocar más caos” aclaró Urrutia. 

A partir del toque de queda la agitación social en Perú no se detuvo: el descontento popular latente se hizo patente.

Miles de personas se manifestaron en la capital para pedir la renuncia del mandatario. La marcha improvisada comenzó en distintos puntos de Lima confluyendo en la céntrica Plaza San Martín, desde donde marcharon hacia el Congreso con lemas muy similares a los exhibidos por los grupos simpatizantes de la excandidata presidencial Keiko Fujimori durante la polarizada campaña electoral que llevó a Castillo a la Presidencia del país.

La medida extrema como el estado de emergencia para apagar un incendio que fue particularmente virulento en los sectores populares, a los que Castillo invoca permanentemente como su razón de ser, tampoco se sostuvo: a pocas horas el primer mandatario del país la levantó.

“Debo anunciar que, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad (toque de queda) y corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano, eso es lo quería anunciar”, dijo Castillo durante una reunión con los liderazgos políticos en el Congreso.

“Eso no significa que, aprovechando una movilización o un derecho constitucional, nosotros como Estado avalemos algunas actitudes”, aclaró  Castillo. Esas actitudes , aseguró, “van más allá del derecho constitucional como el bloqueo de carreteras, como apedrear, por ejemplo, un domicilio, atentar contra la propiedad privada, las instituciones públicas y las instituciones privadas”.

El jueves 7 después de una reunión con el Consejo de Ministros celebrada en la ciudad peruana de Huancayo, en el departamento de Junín , el presidente -que fue recibido con arengas: “Castillo, escucha, Huancayo se respeta”, “siempre de pie, nunca de rodillas”, “el pueblo unido, jamás será vencido”- se comprometió a presentar un proyecto de ley que establezca la prohibición de los monopolios, del acaparamiento, de la especulación y de la concertación de precios. 

“Vamos a trabajar un proyecto de ley para ver de qué manera los ministros, empezando por la Presidencia de la República, y nuestros hermanos congresistas, nos hacemos una rebaja de sueldo para que demos muestra de eso”, aseguró el mandatario quien ya había  ya había anunciado un aumento en el salario mínimo y propuesto eximir los alimentos esenciales del impuesto sobre las ventas.

Sin embargo, ese mismo  jueves los manifestantes salieron a las principales calles de la ciudad capital demandando el respeto de la protesta ciudadana y mejores condiciones salariales y laborales. Entre los reclamos, uno de los más persistentes fue la destitución de Castillo.

Detrás del pedido de destitución presidencial no solo está presente la grave situación económica de Perú -que enfrenta la inflación más alta en un cuarto de siglo- y la inestabilidad política originada también por desafortunados actos del gobierno y el cambio continuo de ministros –el más reciente fue el nombramiento de Jorge López en reemplazo del ministro de Salud  Hernán Condori,  censurado por el Parlamento.  También la sostenida y actuante oposición que reclama la destitución de Castillo, la restitución del indulto al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000)  y  boicotear la creación de una Asamblea Constituyente - promesa de campaña de Castillo- que  de realizarse reemplazaría la Carta Magna de 1993 surgida después del autogolpe de Fujimori.

Desde esta perspectiva, el país se encuentra atrapado entre dos extremos: la derecha extrema, que quiere sacar de la presidencia a Castillo, y la izquierda extrema, que pide una nueva Constitución para solucionar los problemas sociales.

Cuando Castillo asumió la presidencia de Perú contaba con una aprobación del 39%, que cayó según la encuesta nacional de Datum a un 19%. Su rechazo, en cambio, que sigue en aumento es de un 76%.

Los recientes hechos incidieron negativamente en la popularidad del presidente; durante los días de protestas se ha reportado el fallecimiento de al menos seis personas - los primeros muertos sociales de su gestión- y decenas de heridos que provocó el urgente pedido de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional que reclamó al presidente Castillo el respeto de  las normas del derecho internacional y así “evitar más pérdidas de vidas humanas, daños a la integridad física de las personas y la posible escalada de esta crisis”. 

Cuando Castillo asumió la presidencia de Perú contaba con una aprobación del 39%, que cayó según la encuesta nacional de Datum a un 19%. Su rechazo, en cambio, que sigue en aumento es de un 76%.

Ante el llamado de distintos sectores políticos que piden con más frecuencia la renuncia de Castillo a la presidencia de Perú, los expertos no se niegan a esa posibilidad, pero creen, sobre todo, que es necesario tender puentes y garantizar la institucionalidad.  “Cada vez más gente pide la renuncia de Castillo, pero el problema no se acaba con ello porque también es cierto que si uno mira hacia el otro lado -al Congreso, que ya ha intentado destituirlo dos veces- tampoco existe una figura que pueda garantizar una transición ordenada” sostiene el politólogo Godoy para quien la opción del sector opositor no le ofrece esperanzas. 

El único objetivo de la oposición más radicalizada es la destitución del presidente, y no consideran camino alguno  que conduzca a la  transición pacífica: algunos siquiera contemplan la posibilidad de diálogo porque  significaría ceder ante los “comunistas”. El oficialismo -que por ahora cuenta con los votos suficientes en el Congreso para no caer-  no quiere entrar en el  juego de los “fascistas”. Mientras tanto, las agrupaciones de centro se dividieron entre los ambos espacios.  La izquierda no castillista sostiene como solución la redacción de una nueva Constitución sin ofrecer una vía posible de superar  o al menos aminorar a corto plazo la crisis social e institucional de Perú.

AGB