El grupo de investigación Lava Jato fue disuelto en Brasil

A partir del jueves, el grupo de tareas Lava-Jato no existe más en Brasil. Desde diciembre se anticipaba el punto final para la unidad judicial especial activa desde 2009 que dirigió el juez Sérgio Moro con sede en Curitiba. Investigó delitos de corrupción de empresarios y gobiernos brasileños y cuyo resultado político más rico en consecuencias fue la proscripción de la candidatura del expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) Luis Inázio Lula da Silva en las presidenciales de octubre de 2018, donde resultó elegido el derechista independiente Jair Bolsonaro. Pero fue el miércoles que el Ministerio Público Fiscal (MPF) del estado de Paraná declaró que había llegado el último día de la força-tarefa de Lava-Jato. 

Alessandro José de Oliveira, el último coordinador del Lava Jato, en un escrito distribuido por el MPF,  ofreció un examen de conciencia muy favorable para el grupo de tareas que empezó a actuar en 2009 pero recibió su nombre y estructura definitiva en 2014. En este lustro y medio final, Lava Jato conoció 79 fases, ordenó 1.450 arrestos, 132 prisiones preventivas, 163 prisiones temporarias, recibió 130 delaciones premiadas, incriminó a 539 personas y condenó a 278.  De acuerdo con esta fuente, más de 4.000 millones de reales de la corrupción volvieron al Estado a través de más de dos centenares de acuerdos de colaboración.

En los años en que el PT estaba en el poder, eran habituales las movilizaciones callejeras de las clases medias en San Pablo, Río de Janeiro y otras ciudades, alentadas por las redes sociales, en apoyo a Moro y al Lava Jato. La terminación de la unidad judicial ha tenido hasta ahora muy poca repercusión en las redes. El silencio contrasta con el ruido omnipresente en la década anterior. En abril se pondrá fin a la filial de Lava Jato en Río de Janeiro. 

Cuando en marzo de 2014 el Lava Jato llegó a investigar que la empresa estatal de petróleo Petrobras estaba implicada en desvíos de fondos hacia el sistema político y empresarial del país, no había nadie en Brasil que ignorara el nombre del juez Moro.  En marzo de 2015, primer aniversario del grupo con su denominación definitiva, fueron las primeras prisiones para exdirectores de Petrobras  y la difusión de los nombres de políticos bajo sospecha de participar en el mecanismo de corrupción. En 2016, segundo aniversario, fue la prisión del empresario Marcelo Odebrecht, por el sistema de sobornos que cartelizaba la obra pública y financiaba la política,  y fueron las primeras sombras de sospecha arrojadas sobre el expresidente Lula, que determinaron el fin del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en un impeachment express. En 2018, el cuarto aniversario llegó bañado por la inminencia anticipada de la condena y prisión de Lula, que siguió rápidamente, el 7 de abril.

El PT resultó el más perjudicado por el Lava Jato, una investigación que sin embargo nunca habría existido sin los mecanismos de transparencia judicial que fueron asegurados en Brasil recién en los gobiernos de este partido. La delación premiada o figura del arrepentido fue votada en 2013. El Ejecutivo renunció a su influencia decisiva en la designación de jueces y fiscales, que empezaron a depender más de los resultados en concursos abiertos. También a la Policía Federal se le asignaron más fondos en los gobiernos petistas. 

La delación premiada fue a la vez la clave de los triunfos del Lava Jato y uno de los mayores blancos de las críticas de juristas y organizaciones de derechos humanos. La combinación de la triple presión que significaban las delaciones premiadas, las prisiones preventivas generalizadas, y la exposición pública por la filtración a los medios del contenido reservado de los expedientes hizo que los sospechosos se mostraran dispuestos a exagerar en sus acusaciones sin prueba para salir de la cárcel y obtener mejoras penitenciarias y sentencias aliviadas en virtud de su colaboración, que sólo era válida si cada implicado lograba implicar a alguien más importante que él en el esquema de corrupción cuya existencia buscaba probar el juez. 

Un año más tarde, en el quinto aniversario de la operación, empezó el declive definitivo del Lava Jato. En 2019, el ex juez Moro aceptó el cargo de “super ministro” de Justicia en el flamante gabinete del presidente Bolsonaro. El magistrado judicial se había convertido en funcionario de la nueva administración, lo que a su vez arrojaba un manto de duda, incluso entre sus admiradores, acerca de si no había existido, efectivamente, en apartar a Lula de una candidatura presidencial que, de haberse hecho efectiva, habría cortado las posibilidades de victoria electoral de Bolsonaro. Y no sólo eso, también la amplitud casi ilimitada de las acusaciones de corrupción dirigidas por Moro contra todos los partidos tradicionales fomentaron un sentimiento antipolítico en el electorado que en octubre de 2018 premió al nuevo candidato independiente de derecha. 

En 2016, Moro había sido criticado por la filtración a la prensa de una escucha clandestina de una conversación telefónica entre la presidenta Rousseff y Lula, decisiva para inflamar al movimiento que en las calles clamaba por un impeachment del Congreso. Su participación en el gobierno de Bolsonaro enfrió el fervor popular por su figura más que cualquier crítica anterior. Moro no llegó sólo de Curitiba a Brasilia. Llevó consigo, al gobierno federal, a los oficiales de la Policía Federal que más lo habían ayudado en sus casos más resonantes. En su primer discurso como ministro, dijo que aceptaba la designación porque la daba la oportunidad única de implementar las políticas anti corrupción y anti mafias que habían sido su guía en su vida como magistrado. 

En un año y medio como ministro,  esas políticas nunca se hicieron realidad, ni siquiera como plan de acción oficial. En abril de 2020, Moro dejó el gobierno, y llamó traidor al presidente, por no haber cumplido su promesa de dejarlo actuar con libertad de acción, y por desacreditarlo constantemente en público. Los demás ministros de Bolsonaro llamaron traidor a Moro, y el gobierno tomó distancias y contribuyó a desprestigiar su figura.

Rechazado por la derecha que antes había hecho de él su ídolo, Moro se dedicó a la actividad privada. Al frente de una consultoría, asesora a empresas, incluidas algunas constructoras y otras que habían sido investigadas o condenadas en el marco de Lava Jato. Aunque esto levantó más interrogantes sobre su conducta, tampoco se excluye que esté buscando un futuro en la política. 

También en 2019 al juez que a todos investigaba por corrupción le tocó ser investigado bajo la misma carátula. El sitio web The Intercept Brasil reveló las conversaciones entre el juez Moro y el fiscal del Lava Jato Deltan Dallagnol, que demostraban la colusión entre la magistratura (que debía ser impartcial) y el ministerio público fiscal (que debía acusar) para obtener pruebas incriminatorias contra sospechosos o detenidos, como el propio ex presidente Lula. Moro fue ambiguo ante estas escuchas obtenidas por un hacker: dijo que eran falsas, también dijo que sus diálogos con el fiscal habían sido un descuido. Esta nueva investigación, llamada Vaza Jato, minó la credibilidad de que Moro había gozado en la prensa opositora al PT. 

El fin del Lava Jato llegó al mismo tiempo que uno de los investigados con mayor tenacidad por Moro, el diputado Arthur Lira, era elegido con una mayoría abrumadora de votos de sus colegas, como presidente de la Cámara de Diputados. El legislador es uno de los más activos impulsores de nuevas normas que limiten los abusos de autoridad. Como aquellos que sus propios colegas decían advertir en Sérgio Moro.