Análisis

Una democracia condicionada por un sistema judicial que administra impunidad y persigue a personas

Provista de un mar de pruebas sobre arbitrariedades judiciales en su contra, Cristina Fernández de Kirchner se habilita ahorrarse la respuesta a una pregunta. ¿Por qué Lázaro Báez pasó de ser un ejecutivo bancario a contratista casi excluyente de la obra pública de Santa Cruz desde el mismo momento en que su amigo Néstor Kirchner se mudó a la Casa Rosada? Y otra. ¿A una pareja tan obsesiva con los números como los Kirchner, cómo se les escapó la tortuga con las fortunas acumuladas por Báez, José López y Ricardo Jaime, producto de sus negocios con y/o desde el Estado?

Las respuestas a dudas tan básicas tampoco surgen de las dos o tres personas que hablan en nombre de la vicepresidenta. Consultado por Báez, Andrés Larroque apela a frases multiprocesadas para sugerir que los cuestionamientos surgen como vendetta de amos y señores de la obra pública que resistieron un nuevo competidor, como si Techint, Roggio, Odebrecht, Macri y Eurnekián hubieran dejado de facturar al Estado durante los años del kirchnerismo.

Los interrogantes que Cristina deja abiertos son políticos y éticos. También, obviamente, judiciales, pero allí entran a correr otros requisitos que van más allá de las deducciones del sentido común. Se necesitan pruebas obtenidas con garantías: Igualdad ante la ley, no ser juzgado dos veces por el mismo delito, identificación del objeto procesal, imparcialidad de los jueces, objetividad de los fiscales, exclusión de la extorsión y el espionaje como herramientas probatorias, respeto al tribunal natural, etcétera. Allí cambia la ecuación. Tan encandilado por la imagen que le devolvía el monitor, el fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la “ruta del dinero K” —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles, Panamá y las cámaras ocultas que se dejó hacer el arrepentido Leonardo Fariña.

El macrismo, conmovido

El martes a las seis de la tarde, mientras el Tribunal Oral Federal Número 2 de Comodoro Py hacía pública la condena a Cristina, las carrioístas Mariana Zuvic y Paula “Negrita” Oliveto se hacían filmar conmovidas frente a la pantalla. El community manager de Franja Morada gugleaba fotos de Alfonsín e Illia, el ejecutivo del Grupo Clarín Pablo Casey monitoreaba redes por si hacía falta encargar “alguna notita”, Horacio Rodríguez Larreta pulía el tuit de manual que reproducirían los medios que lo siguen, el arrepentido Alejandro Vandenbroele chequeaba las reservas para el hotel en Mendoza que le montó el Estado y Mauricio Macri extendía la sobremesa en alguno de los hospedajes seis estrellas que frecuenta.

El fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la ruta del dinero K —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles

Javier Iguacel, artífice de la reapertura de la investigación judicial sobre Báez, celebraba su conquista, a la espera de una cita más importante en tribunales federales. Techint lo presentó como testigo en la demanda que el grupo inició contra el Estado por US$ 642 millones, originada en un contrato de extracción de gas orquestado durante el Gobierno de Cambiemos. La audiencia todavía no tiene fecha.

Es esperable que nadie en la alianza PRO-UCR-Coalición Cívica reclame garantías procesales en las causas que apuntan a Cristina. Mediante infinidad de decisiones —remoción de jueces no controlados, traslados a dedo de sus reemplazantes, negocios para arrepentir testigos y operaciones de prensa—, esa fuerza cinceló la red de magistrados, espías y periodistas que reina en Comodoro Py, tan útil para apuntar a adversarios como para administrar la impunidad de los propios.

La intoxicación de los tribunales federales no nació con Cambiemos, aunque la potenció mucho más allá de lo conocido en democracia, al punto de que, si alguien saca los pies del plato, cae al abismo. Así se explica que los aliados-espiados por la SIDE de Macri se esmeren en garantizar que los expedientes de la inteligencia ilegal descansen en Comodoro Py. Profundizar el reclamo equivaldría a autoinculparse.

Ante la expectativa de que un cambio de liderazgo en la alianza de derecha tenga voluntad y capacidad de modificar las cosas, la temeridad expuesta por el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, y las gestiones ofrecidas por el fiscal general de la Ciudad, Juan Mahiques, ante sus amigos de Lago Escondido brindan una respuesta concluyente.  

Equilibrismo

Una tercera vertiente encuentra en las lógicas sospechas que despierta la relación Báez-Kirchner una razón para ratificar su preocupación por el equilibrio y la República. Como en la causa Vialidad hubo un período de instrucción, Cristina pudo designar abogado, los fiscales acusaron, los defensores replicaron, los testigos declararon, otros jueces resolvieron recusaciones y habrá instancias de apelación, la Tercera Vía concluye que “la Justicia” hizo su trabajo: el viaje de los huemules a Lago Escondido es un oprobio, pero la fortuna de Báez no cierra y Cristina no puede explicar los negocios en común; por lo tanto, el veredicto es válido. Corea del Centro parece tratar esos razonamientos como asuntos separados, como si el vandalismo judicial que se exhibe sin disimulo desde hace años marchara escindido de la legitimidad de la condena o absolución de un imputado.

La vara queda un poco baja si el debido proceso se reduce a formalidades en un papel y ausencia de secuestros nocturnos. ¿Hubo decenas de prisiones arbitrarias en causas serias o inventadas desde que Macri asumió la presidencia? Sí, pero Báez, Amado Boudou, Jaime y compañía eran bastante impresentables y el país necesita ejemplaridad. 

Con un bisturí analítico peculiar, voces de la Tercera Vía afirman que Luiz Inácio Lula da Silva fue víctima de las arbitrariedades del juez Sergio Moro —hasta hace poco, cuando el político brasileño permanecía en desgracia, lo negaban—, pero el caso de Cristina, encausada principalmente por Claudio Bonadio y Julián Ercolini, sería muy distinto (?). El jurista Roberto Gargarella firmó en este medio que el expediente Vialidad se dio en “pleno respeto de todas las garantías de los acusados”, más allá de “los mojones” de Cristina, y que el “excelente trabajo de una minoría de fiscales y jueces” permitió un “proceso judicial histórico”. “Histórico”, como titularon los medios que se dejan editar desde Lago Escondido.

¿Qué Justicia?

En la Argentina, hablar de “la Justicia” como sinónimo de Poder Judicial, específicamente su fuero federal, supone aludir al fiscal que maquinó con un lumpen cómo plantarle droga al exmarido de su actual pareja, al camarista que creó una doctrina sobre el “poder residual” exclusivamente para privar de la libertad a kirchneristas, a su colega que se dejó hacer un gol de tiro libre pateado por Macri en Los Abrojos, al juez de Casación que visitaba Olivos horas antes de emitir fallos que le convenían a Cambiemos, al supremo que aceptó ser designado por decreto y luego se autovotó para presidir el cuerpo, a su colega de la Corte que falla en causas que atañen a sus exclientes, al fiscal mencionado por testigos como gestor de la mesa judicial del macrismo, a la dupla que se dedica sistemáticamente a laudar a favor de la impunidad de quien los trasladó a dedo a la Cámara Federal, ahorrándoles el concurso para el puesto... Los etcéteras son infinitos.

Todos ellos tienen entre sus funciones controlarse mutuamente; en los hechos, ocurre lo contrario. El integrante de Casación federal Carlos “Coco” Mahiques protegió a su colega Mariano Borinsky por sus visitas indebidas a Macri en Olivos, y éste protegerá al primero cuando lleguen las recusaciones por la excursión a la estancia patagónica.

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo

La causa Vialidad aporta sus particularidades al panorama desolador de Comodoro Py. El hecho de que el juez que instruyó la causa durante tres años, Ercolini, sea la misma persona que habría tramado delitos desde Lago Escondido en connivencia con Mahiques padre e hijo, un funcionario de Larreta y directivos de Clarín exige un alto grado de violencia intelectual a quienes alaban la “sentencia técnica”, “con base documental”, que la “Justicia probó” con “indudable imparcialidad”. Si el elogiado tecnicismo jurídico se refiere sólo a la fase de juicio oral, retorna la violencia intelectual para creer en la asepsia de un integrante del tribunal y el enfático Luciani que se tentaron con jugar al fútbol en la quinta de Macri.

En otra vida, Ercolini dispuso que carecía de competencia para investigar contratos otorgados por la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Con Macri en la Rosada, consideró lo contrario. No es objeto de esta nota repasar las fragilidades de la causa. Algunas serán debatibles, probables artilugios defensivos de los imputados. Tomadas en su conjunto, conforman un oprobio.

Jugadas maestras

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo. El ejemplo paradigmático de ese comportamiento fue que Néstor Kirchner, pese a que se enojaba con las tapas de Clarín, firmó en 2007 la fusión entre Cablevisión y Multicanal, permitiendo que el volumen del negocio de la TV paga alcanzara una escala que con los años se demostraría irreversible.

Cuando se pregunta el porqué de esa recurrencia a pegarse tiros en el pie, que se traduce en habilitación de negocios, apoyos políticos a la persona equivocada en muchas provincias y designaciones de jueces y fiscales que tarde o temprano viajarán a la estancia de Joe Lewis, la respuesta llega en forma de sonrisa pícara, como si hubiera razones pragmáticas profundas que quien consulta no entiende.

Los intercambios entre los huemules de Lago Escondido dejaron en un papel deslucido a un hombre que almorzó con Alberto Fernández muchos de los días que transcurrieron desde diciembre de 2019 hasta la semana pasada, incluso en encuentros reservados con personalidades que el Presidente valora, como el español Felipe González. Hace un mes, sentados a la misma mesa, Alberto, Felipe y Julián Leunda debatieron sobre la realidad nacional e internacional.

La ofrenda del asesor presidencial a los directivos de Clarín y a D’Alessandro para acallar el viaje impúdico a Lago Escondido en los medios del Grupo Indalo habrá sido otra movida magistral de realpolitik, pero el chat de Telegram dejó claro el desprecio que generan en el poder real las actitudes medrosas de quienes buscan agradar desde la vereda kirchnerista.  

La saga continúa. Pablo Ibáñez informó en elDiarioAR que el vehemente ministro de Justicia, Martín Soria, designado en el cargo por presión de Cristina, excluyó a Casey, sobrino de Héctor Magnetto, de la denuncia penal por el viaje a Lago Escondido. El resto de los excursionistas, incluido el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, fueron debidamente apuntados en la presentación penal del ministro. Razones insondables en continuado.

Escarmiento

La venalidad y la mediocridad forman parte de la lucha política desde siempre, pero la descomposición absoluta de Comodoro Py representa un desafío de otro orden. Primero, desde una perspectiva de derechos humanos: entre muchos valores vulnerados, está en juego la libertad de las personas. Luis D’Elía, Carlos Zannini, Fernando Esteche y otros pasaron años en la cárcel por la causa del Memorándum con Irán, originada en la fraudulenta denuncia de Alberto Nisman de enero de 2015, por citar uno de los casos más flagrantes en los que Comodoro Py violentó todas las garantías procesales. Como recordó esta semana Javier Timerman, su hermano Héctor Timerman dedicó los últimos esfuerzos de su vida a defenderse de esa acusación basada sobre la tergiversación flagrante de un audio obtenido de forma ilegal. Una vez más, cabe recordar que no importa la simpatía o antipatía que genere el imputado para saber que no debe ir preso si la ley no lo estipula, y menos si median métodos espurios como los validados por Claudio Bonadio, la Cámara y la Casación.

En segundo lugar, estos tribunales federales intoxican el funcionamiento del sistema. No resulta inocuo, por su impacto en la opinión pública, la repercusión internacional, el poder inhibitorio sobre las personas y el veto implícito a determinadas políticas, que Cristina sea condenada con estos procedimientos y Macri elija desde qué palco verá el Mundial de Qatar. Queda configurada una cancha inclinada que distorsiona el juego democrático.

La casta que mueve los hilos de Comodoro Py se dedica a garantizar su supervivencia mediante la administración de persecución e impunidad. Mientras ese sistema siga en pie, la democracia argentina permanecerá condicionada. 

SL