Los DNU y el valor de la hipocresía

La Cámara de Diputados acaba de aprobar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 179/2025, por el cual, a su vez, se aprueba el acuerdo “a celebrarse” con el Fondo Monetario Internacional. ¿Habrá caricatura más acabada del ser nacional que la celebración eufórica de la aprobación de la aprobación de algo que todavía no existe? Acaso sí: como nunca en nuestra ya larga historia de abusos de los DNU, esta discusión ha mostrado cómo lo que estaba prohibido se permite, lo que era excepcional se vuelve la regla, y lo que era la regla pasa al olvido. Legitimado por los gobiernos anteriores que tampoco escatimaron en su uso, y a un ritmo de uno por semana, el DNU se ha vuelto la herramienta legislativa por defecto. 

El gobierno de Javier Milei ha inaugurado una nueva retórica institucional –una peor–. Si antes el uso del DNU se disimulaba (Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, se ufanó en algún momento de ser la presidenta que menos DNU dictó), hoy se exhibe con orgullo. Si antes los gobiernos buscaban excusarse en una situación de necesidad y urgencia impostergable, hoy el poder explica sin complejos que se dictan DNUs porque así se da una “imagen de cambio de régimen”, porque sancionar leyes tarda mucho o –peor– porque se anticipa que el Congreso no va a aprobar lo que se le solicita. Como con los jueces en comisión: el problema ya no es que el Congreso no pueda sesionar, sino que, pudiendo hacerlo, no hace lo que al Gobierno le gustaría.

Esta retórica se repite en cada resquicio argumental. Por ejemplo: la Constitución es clara en que no pueden dictarse DNUs en materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. Este límite –que, con pocas excepciones, es el único que se ha respetado– ha pasado a cumplir la función paradojal de legitimar cualquier DNU en cualquier otra materia. Como arengó Federico Sturzenegger al justificar el gigantesco DNU 70: “¿Se abordan temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos? No. Listo. Cerrado el tema”. Basta con observar el último año parlamentario: prácticamente todos los proyectos de ley enviados por el Presidente al Congreso tienen que ver con alguna de estas áreas; justamente, las que no habría podido sortear por DNU. Lo que pensaba ser un límite, terminó siendo interpretado como una habilitación para legitimar todo lo demás.

La retórica de las materias prohibidas, además, le ha servido al Gobierno para justificar DNUs en áreas que no son estrictamente “legislativas”: la Constitución es clara en que los DNU son “disposiciones de carácter legislativo”, esto es, normas que regulan la conducta y los derechos de los habitantes de modo general. El Congreso tiene competencias que no son de “carácter legislativo” y, por lo tanto, no pueden ser reemplazadas por DNU: declarar la intervención federal o el estado de sitio, aprobar el presupuesto y la cuenta de inversión, declarar la necesidad de reforma constitucional, etc. Arreglar la deuda externa es, precisamente, una de estas competencias. Con este antecedente, sólo queda ver en qué otras materias reservadas al Congreso descubrirá el Presidente que puede irrumpir. Siempre, eso sí, amparado en que no invade las materias prohibidas por la Constitución.

Llegamos así a la última innovación retórica. La cuenta oficial de X/Twitter de la Cámara de Diputados explicó que alcanza con la mayoría simple de una Cámara para “aprobar” y “blindar” el DNU. Desde ya, ésta es una desfiguración cínica del régimen legal. Desde lo puramente descriptivo, es cierto que la Ley 26.122, aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner, exige el rechazo de ambas cámaras para que un DNU quede formalmente rechazado. Así, si una cámara aprueba el decreto ya no podrá ser rechazado por las dos. Lo realmente increíble es que, durante muchos años, fue una crítica casi unánime a esta ley que, mediante un truquito de redacción, terminara por generar el efecto de que alcanzara con una sola Cámara para “blindar” al DNU. Este “blindaje” era denunciado precisamente como un efecto colateral, algo que debió ser redactado de costado para evitar que se lo descubriera y denunciara públicamente. Al apropiarse y legitimar lo que había sido en realidad una trampilla del gobierno de entonces, el Gobierno desciende un escalón más en nuestra institucionalidad. Si antes había que, por lo menos, profesar hipócritamente respeto por las instituciones, hoy burlarlas parece un mérito. 

Se le atribuye a La Rochefoucauld decir que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Si esto es así –es decir, si la hipocresía, al menos, nos obliga a reconocer en nuestras palabras la santidad de nuestras instituciones y nos vuelve vulnerables a la crítica por no respetar nuestros propios valores–, la desaparición de la hipocresía tal vez no augure una época de honestidad brutal como promete el Presidente. Tal vez anuncie, precisamente, la liberación del vicio.

SG/DTC