Más que justicia: políticas públicas para la igualdad

En cada letra del abecedario se esconde el nombre de una mujer, una adolescente, una joven víctima de femicidio. En los ocho años que lleva el Registro oficial de la Corte Suprema de Justicia suman más de dos mil mujeres en todo el país. La mayoría de ellas conocía al agresor porque había sido su pareja o era integrante de su familia. Una parte de estas mujeres no recibió protección adecuada de la justicia, de las fuerzas de seguridad ni de los servicios de acompañamiento en las áreas de gobierno, aún cuando había solicitado esa asistencia.

Reflexionar sobre el acceso a la justicia frente a la violencia de género más allá del enfoque punitivo es una de las demandas construidas desde un sector de la sociedad civil y los feminismos. Al mismo tiempo, es una de las grandes deudas de nuestras democracias.

Mientras América Latina avanza de manera indiscutible en la sanción de leyes para la protección de los derechos de las mujeres y el abordaje de las violencias al mismo tiempo sigue siendo la región más desigual del planeta. La evidencia muestra que persiste un importante grado de impunidad en la investigación y sanción de las responsabilidades penales por los femicidios. Corresponde indagar en las razones para esta frustrada intervención de las políticas públicas: dónde están las fallas, qué ajustes hay que hacer.

En Argentina podemos decir que efectivamente hubo iniciativas y avances. El Poder Legislativo respondió con reformas normativas reforzando los deberes de protección. El sistema de administración de justicia respondió con el fortalecimiento de los procesos y la generación de espacios especializados y guías de actuación para la investigación y sanción de las violencias procurando identificar y eliminar la aplicación de estereotipos de género (¿“Qué había hecho la mujer? ¿Dónde estaba? ¿Por qué reaccionó (o no) de tal manera?” son prejuicios que todavía actúan en el imaginario de quienes tienen la obligación de garantizar protección). El Poder Ejecutivo respondió con políticas públicas organizadas en un Plan Nacional de Acción contra las violencias que busca poner en marcha las promesas de las leyes.

Sin embargo, si analizamos las experiencias de las mujeres que atraviesan estas violencias y analizamos su camino sinuoso por las distintas instituciones dedicadas a brindarles auxilio, encontramos que los obstáculos para la protección efectiva de sus derechos no han cambiado tanto. Con poca información que les permita comprender las implicancias de los procesos que inician con una denuncia y sus derivaciones, con enormes dificultades para lograr patrocinio jurídico, no siempre cuentan con las condiciones indispensables para fortalecerse en su autonomía, lograr medios de subsistencia, organizar una nueva dinámica familiar con sus responsabilidades de cuidado a cuestas, todo eso a medida que enfrentan los procesos judiciales. Se encuentran con que, al final del día, después de iniciar un proceso de denuncia su situación no mejora y el acompañamiento que necesitan lo obtienen, la mayoría de las veces, de parte de otras mujeres.

Si analizamos las experiencias de las mujeres que atraviesan estas violencias y su camino sinuoso por las distintas instituciones dedicadas a brindarles auxilio, encontramos que los obstáculos para la protección efectiva no han cambiado tanto

Cuando analizamos las experiencias de operadores de justicia y de responsables en la implementación de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno encontramos en muchas de estas personas un compromiso genuino por resolver los conflictos que llegan a sus despachos. Buscan dar respuestas con estrategias individuales (contactos, redes y recursos individuales) pero que no llegan a constituirse como respuestas institucionales. La respuesta depende de la persona que está al frente en ese momento en la oficina pública, la justicia, la comisaría. Una respuesta demasiado frágil para un sistema que necesita fortalecer su institucionalidad.

¿Cómo trascender las respuestas que se dan por la suma de los esfuerzos individuales para convertirlos en respuestas institucionales? Hay una serie de políticas que son la arquitectura de esa institucionalidad que se viene construyendo desde hace años y que necesita fortalecerse. Entre ellas, el sistema integrado de casos de violencia que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel federal y que permite a las instituciones gestionar la información compartida de los casos para lograr respuestas integrales y contextualizadas en función de los territorios, los recursos y las necesidades concretas de cada persona. Parte de esas respuestas se sostienen en los programas de acompañamiento y sostén económico, jurídico y social de las mujeres, que llegan a esa situación en contextos de vulnerabilidad complejas.

Con un año electoral por delante la tentación de las propuestas de campaña puede ser barajar y dar de nuevo. Pero el punto de política pública debe ser el fortalecimiento sobre lo ya construido. Por un lado, garantizar la producción de información pública, de calidad, sistematizada, con análisis interseccional, que permita una mejor formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Por otro lado, establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas respecto del trabajo de todos los organismos públicos, con posibilidades de participación ciudadana y de responsabilización frente a los incumplimientos de obligaciones. Este proceso facilita las garantías de no repetición, ese anhelo sostenido de tantas víctimas que reiteradamente piden “que lo que me pasó no vuelva a suceder, que sirva para cambiar algo”. 

En un momento en que toman volumen las voces que cuestionan la igualdad de género como estrategia central para el desarrollo, que niegan la relevancia y urgencia de esta agenda, que proponen responder a la crisis financiera con recortes que impactan en la institucionalidad de género y en las políticas dedicadas a promover la igualdad, es momento de analizar críticamente los avances para fortalecer los logros y pensar para el futuro. Porque no hay democracia sin vidas libres de violencia.

(*) Abogada, docente universitaria y Directora Ejecutiva de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género