¿Es el Estado el mayor de todos los males en la economía?

El resurgimiento de las ideas libertarias o liberales ha puesto en discusión, nuevamente, la importancia del rol del Estado. Su desempeño como actor directo o indirecto genera consecuencias en la economía. ¿Ha sido eficiente el Estado durante los últimos años? ¿Cómo interviene el Estado en la economía? ¿Hay que reducirlo al mínimo? 

Durante los últimos años ha reaparecido en el debate público —con mucha fuerza— la idea que el Estado es el padre —o madre— de todos los males que aquejan a la sociedad argentina y que, por la (sobre)presencia de este, las fuerzas productivas de la economía no logran liberarse y desplegar todo su potencial.

En una sociedad capitalista el sector privado es el gran motor del crecimiento, la generación de empleo, y la producción. Si bien el Estado también es un jugador muy importante como actor directo en la economía a través de las empresas públicas, durante los últimos 40 años la participación societaria en manos de la administración pública ha caído considerablemente. Sin embargo, la acción directa que ejerce el Estado sobre la economía no es el único rol ni el más relevante en una sociedad capitalista. Una de las funciones más importantes es la de establecer un conjunto de reglas e incentivos para que los actores económicos se desempeñen en sociedad y generen avances productivos que tengan impacto directo en la calidad de vida del conjunto. Estas reglas e incentivos —hablando estrictamente sobre el tema económico—, están directamente relacionados con que se conoce como política fiscal que, a través de mecanismos como el cobro de impuestos —y exenciones impositivas— y asignación de subsidios —o transferencias directas—, intentan ordenar el mercado en función del objetivo de dicha política. 

Tanto el cobro de impuestos -como sus exenciones- y la asignación de subsidios -o transferencias desde el Estado- tienen diferentes formas de implementarse. En ambos casos el impacto puede ser directo o indirecto. Es decir, una empresa que se ve beneficiada con alguna exención impositiva debería tener incentivos para una mayor inversión y producción de manera directa. Lo mismo sucede —en términos económicos— con las transferencias desde el Estado como la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, además de tener un impacto social, generan mayor poder de consumo que, en última instancia, se transforma en demanda de bienes y servicios de las empresas productoras. En este caso el beneficiario directo es la persona que recibe la asignación, pero genera una consecuencia indirecta en las ventas —y por ende facturación— de las empresas.

Sin embargo, hay motivos de sobra para creer que este set de reglas e incentivos no está funcionando bien. La economía argentina, en este 2023, alcanza una inflación anual que roza el 120% —con serios riesgos de incrementarse—, mientras que el último dato disponible de pobreza llega al 39,2% —durante el segundo semestre del 2022, con lo cual no contempla la elevada inflación vivida durante la primera parte del 2023—, con una indigencia del 8,1%, el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita —casi— estancado desde el 2010 y un porcentaje de trabajo informal no registrado que ronda el 50%.

Frente a esta situación —y a otras no ligadas directamente a la economía— resurge, en cierta parte de la sociedad, la idea de que el Estado falla sistemáticamente y que por eso hay que reducirlo —o casi eliminarlo—. Sin embargo, esta idea toma como dadas ciertas circunstancias económicas que son consecuencia del tamaño o rol del Estado.

Este debate está en el centro de la publicación del manual “Mitos Impuestos: una guía para disputar ideas sobre lo fiscal”, elaborado por especialistas que integral el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), una iniciativa conjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Friedrich Ebert en Argentina (FES). El documento fue presentado esta semana en Casa Brandon, con una conversación entre algunos miembros del proyecto y especialistas del área.

Marisa Duarte, presidenta del IADE y directora de Realidad Económica en su artículo “Para que el país crezca hay que achicar el Estado” asegura que “en este conflicto hay un engaño de parte de quienes afirman la necesidad de achicar el Estado”. Y agrega: “En realidad, hay una parte que no enuncian: la diversidad de mecanismos de transferencia de ingresos que el Estado realiza hacia los sectores empresarios, es decir, no se trata de discutir el tamaño, sino de quién recibe las transferencias que se realizan desde el Estado”.

En este sentido enuncia que “los gastos corrientes se componen de prestaciones sociales y de subsidios económicos” y que “entre las prestaciones sociales, los salarios del sector público significaron el 2,3% del PBI; la Asignación Universal por Hijo sólo representó el 0,6% y los subsidios económicos directos a las empresas representaron el 3% del PBI”. “En otras palabras, la AUH –que está en el centro de las críticas- representó la quinta parte de las transferencias a los empresarios. Lo mismo puede decirse de los salarios del sector público (que, además tienen fuerte impacto en el sostenimiento del empleo, en la generación de la demanda y en la actividad económica del país)”.

La autora del artículo señala, entonces, que la discusión se centra en torno de la apropiación del excedente generado ya que “la estructura tributaria —que podría corregir los sesgos regresivos del gasto— no hace más que profundizar la inequidad al tener preponderancia de impuestos indirectos”. Del mismo modo, “el ocultamiento de activos, el fraude, la banca sombra, los precios de transferencia, la evasión, la elusión, la privatización del sistema agroexportador y la desregulación de los entes de control operan como mecanismos que debilitan las cuentas públicas.”

Otro de los puntos que resulta clave a la hora de entender el porqué de “hay que achicar el Estado” es la caracterización del capitalismo en ciclos productivos y de valorización financiera.

Básicamente lo central de esta idea es que, en los ciclos productivos, la ganancia y por ende los incentivos están relacionados a la producción de bienes y servicios mientras que, en los ciclos de valorización financiera, los beneficios están ligados al vector especulativo rentístico.

Esto es importante porque desde hace unos años —no hay consenso si desde 2014, 2015 o 2018— la Argentina entró en un ciclo de valorización financiera, con lo cual, en términos generales es mas rentable especular financieramente que contratar gente para la producción.

Al no tener un incremento de la producción —PBI estancado hace más de 10 años— los puestos de trabajo que se generan no suelen ser tan calificados y por ende los salarios cuentan con un poder de compra relativamente bajo. A su vez, que el ciclo económico no esté ligado a la producción contrae la oferta de bienes y servicios generando un cuello de botella estrecho que —en conjunto con otros factores– incentiva la inflación.

El hecho de tener empleos con bajos salarios determina la necesidad de que el Estado tenga una política activa en términos de gasto social, la cual podría reducirse si el país retomara un sendero de crecimiento de la producción y el empleo formal.

¿Entonces hay que eliminar —o achicar al mínimo el Estado– o mejorar su funcionamiento para que la economía retome un sendero de crecimiento ligada a un ciclo productivo?

Candelaria Botto, directora de Ecofeminita, afirmó que “las políticas económicas de este gobierno fracasaron ya que se proponían empezar por abajo y llegar a todos y, si bien los números de actividad fueron buenos durante los tres años ya que creció la producción y el empleo, al mismo tiempo se evidenció un incremento de la pobreza”.

En este sentido, sostuvo que “hay un contrato electoral incumplido pero también una muestra de los límites que tiene un modelo pensado en función del programa con el FMI”. “La experiencia de otros países y la historia económica argentina muestra que, apuntar todo a reducir los gastos fiscales, generar un marcado cambiario con mayor apertura y orientar todos los esfuerzos en el pago de una deuda impagable —o muy dificil de pagar en el cronograma que tenemos— y, al mismo tiempo, cumpliendo metas que se acuerdan con el Fondo y que implican auditorias trimestrales, marca claros límites en el corto y el mediano plazo”.

Agrega Botto: “Ahí es donde creo que hay una oportunidad de desarrollo para la Argentina en lo que viene, justamente por el Gasoducto, por la productividad y el incremento de la producción en Vaca Muerta, por lo que es la explotación de litio y la ventana de oportunidad que se abre ahí para generar un modelo en el cual la mayor cantidad de riqueza se quede en el país. Esa discusión que es para los próximos años, en algún punto se da en las elecciones de ahora y no parece haber una propuesta donde el centro sea el desarrollo nacional orientado a la producción, trabajo e inclusión que empiece por abajo y llegue a todos”.

Hay un consenso general sobre el deterioro en el funcionamiento del Estado. El grado de acuerdo varía según quien lo analice, pero, en términos generales, la calidad de las prestaciones estatales ha ido empeorando durante los últimos años. Sin embargo, concluir que, por esto, el Estado impide u obstruye el desarrollo económico es, cuanto menos, impreciso.

En Argentina la salud y la educación es pública porque hay un rol activo del Estado. Esto genera consecuencias económicas ya que tener la posibilidad de que —a través de los impuestos— el Estado financie ambos servicios genera —en términos estrictamente económicos— ventajas competitivas para las empresas que contratan trabajadores ya que, si estos tuvieran que pagar educación y salud privada, muy probablemente, los salarios que las empresas deberían pagar serían más elevados —aumento de costos—. Similar es el caso de los subsidios a la energía para la producción de bienes y servicios de las empresas privadas.

Por otro lado, hay muchos países que cuentan con un Estado de bienestar presente –un Estado grande— que tienen un gran desempeño económico —Alemania, Francia, Portugal, Italia, Bélgica, España, entre otros—. Con lo cual, la evidencia muestra que la presencia del Estado, no impide, al menos, el desarrollo económico de las naciones.

Esto no desestima que el Estado debe ser eficiente, moderno y pragmático para adaptarse a los distintos contextos y contribuir, de manera positiva, al desenvolvimiento de la Argentina como nación.

IC/JJD