Bullrich esquiva explicar cómo los diputados libertarios visitaron a represores en el penal de Ezeiza

Casi al mismo momento en que el oficialismo –gracias al PRO, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto– bloqueaba en la sesión de este miércoles en Diputados una avanzada del kirchnerismo y la izquierda para sancionar a los libertarios que visitaron a represores en la cárcel de Ezeiza, la ministra Patricia Bullrich entraba a la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal, en Comodoro Py. Tenía en agenda una reunión con un nutrido grupo de magistrados, representantes de ONG y figuras vinculadas a la Justicia para debatir “acerca de la realidad carcelaria actual”, según rezaba el convite oficial. 

La reunión la había pedido la propia ministra de Seguridad por lo menos una semana atrás, cuando ya se conocía la foto de los seis legisladores oficialistas junto a un grupo de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz. Curiosamente, en el cónclave Bullrich no brindó algún tipo de explicación sobre el escandaloso ingreso al penal de máxima seguridad de los representantes de La Libertad Avanza. Tampoco nadie le preguntó al respecto, supo elDiarioAR de al menos cinco fuentes distintas al tanto de la reunión. 

Bullrich subió al primer piso de Comodoro Py 2002 ayer a las 14 y estuvo unas dos horas. La reunión fue a puertas cerradas. El anfitrión era el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, titular del llamado Sistema de Control de Cárceles. Además estuvieron, de manera presencial y por Zoom, titulares de todas las Cámaras Nacionales y Federales del país, jueces de ejecución y de tribunales orales, integrantes de la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria, de organizaciones no gubernamentales especialistas en la temática –como el CELS– y comisionados del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. 

A la ministra la acompañaron el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julian Curi; el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y la directora de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Maria Desiree Barczuk. 

Martínez es un nombre clave en la trama por la visita de los diputados a los genocidas porque fue calificado por el libertario Beltrán Benedit en el chat libertario de “excelente colaborador” por ser su contacto para ingresar al penal el 11 de julio. A su vez, Curi es el funcionario responsable en el ministerio de responder el requerimiento que le hizo el juez federal Daniel Obligado sobre cómo se autorizó esa visita de los diputados. Esa respuesta oficial aún no se conoce.

Según un comunicado del Sistema de Control de Cárceles, el encuentro “tuvo como objetivo principal analizar y proponer medidas para mejorar las condiciones de las cárceles, enfocándose en aspectos como la sobrepoblación, la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios, y la reinserción social de las personas privadas de libertad”. También se informó oficialmente que Bullrich acudió a la comisión “por recomendación” de la Corte Suprema. La ministra, según el texto al que accedió elDiarioAR, “destacó la importancia de implementar políticas públicas que aborden no solo la infraestructura de los establecimientos penitenciarios, sino también la necesidad de programas efectivos de rehabilitación y educación para los internos”. 

Sin hablar de los genocidas

Una de las explicaciones que recogió este medio sobre por qué no se hizo referencia a la visita de los seis libertarios a Ezeiza es que ese punto no estaba en la orden del día ni la reunión era el contexto adecuado, pese a que Bullrich se encontró frente a un auditorio por demás calificado en la materia. “Es un tema muy particular y no se habló nada”, aseguró uno de los principales organizadores del encuentro. “Ni una palabra”, reconoció otro de los participantes. 

La ministra evitó así tener que explicar cómo fue exactamente que seis legisladores nacionales se encontraron en un salón de usos múltiples de la Unidad Penal 31 de Ezeiza con una decena de genocidas y hasta fotografiarse con ellos. Incluso uno de los argumentos que había dado internamente Benedit era que la visita tenía fines “humanitarios”. Fue lo que le dijo a la diputada Rocío Bonacci, que asegura que fue “engañada” sin saber que iban a visitar a represores. 

El mismo argumento había obtenido este medio en su momento en el círculo íntimo de Martín Menem: supuestamente se quería conocer de primera mano las condiciones de alojamiento de los presos. Parte de la narrativa libertaria era que iban a ver también a “mujeres embarazadas”, lo que nunca ocurrió. En los últimos días trascendió otro trasfondo del viaje en una combi oficial del Congreso a Ezeiza: avanzar en un proyecto oficial para sacar de las cárceles a los condenados por delitos de lesa humanidad. 

En la actualidad, casi el 80% de los detenidos en causas de ese tipo ya goza de prisión domiciliaria. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el Servicio Penitenciario Federal –desde la gestión de Javier Milei, bajo la órbita de Bullrich– hay aún 78 represores, mientras en Campo de Mayo están alojados 56.

“Nunca en la vida hablé con Benedit. Nunca hablé con nadie y me enteré de la visita a la cárcel por los diarios”, había dicho ayer Bullrich antes de la reunión en Comodoro Py, consultada por C5N en el marco del Council of the Americas. Además de Benedit y Bonacci, los diputados libertarios que fueron a Ezeiza son Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.

Los legisladores se encontraron cara a cara con los represores de la última dictadura Astiz (ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura), Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

¿Y la comisión investigadora?

Luego de la cumbre judicial, la ministra sí estuvo atenta a Diputados, pero por el derrotero parlamentario de la creación del Banco de Datos Genéticos, que obtuvo media sanción. Ya para esa hora de la tarde los libertarios que visitaron a los genocidas respiraban tranquilos: el oficialismo y sus aliados habían logrado bloquear sendos pedidos del kirchnerismo y de la izquierda para que se los investigue y sancione. 

Se propuso desde su expulsión hasta la creación de una comisión investigadora. Ninguna de las dos iniciativas logró la mayoría, aunque hubo dos curiosidades. Bonacci apoyó la iniciativa de conformar una comisión, pero hubo una decena de peronistas que se ausentaron al momento de la votación.

Otro alivio para los oficialistas llegó por la noche, cuando la diputada del PRO Silvia Lospennato suspendió la reunión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que había convocado para este jueves al mediodía para tratar la visita a los represores. La justificación era material: la sesión que había comenzado a las 12 del miércoles ya se veía maratónica y no se sabía cuándo iba a finalizar. Terminó a las 9 de la mañana, con los legisladores apenas descansados de a ratos en sus despachos. 

Lospennato pateó la reunión de su comisión para el próximo martes a las 12, en la sala 7 del anexo de Diputados. Le hizo el favor al oficialismo de encapsular el escándalo en un ambiente muy cuidado, lejos de la atención mediática puesta en el recinto. Sin embargo, el asunto oficial de la convocatoria promete: “Se abordará la creación de una comisión investigadora sobre la visita de un grupo de diputados/as nacionales al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza”.

MC/JJD