Las designaciones en la Secretaria de Derechos Humanos abren un futuro incierto para los juicios de lesa humanidad

Las designaciones de funcionarios que ocuparán cargos clave en la Secretaría de Derechos Humanos han generado dudas entre sus trabajadores en relación a la continuidad de las querellas que sigue el organismo en los juicios de lesa humanidad y el mantenimiento de las políticas reparatorias con las víctimas del terrorismo de Estado.

La llegada de Siro de Martini a la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional --un antiguo asesor del exministro de Justicia Germán Garavano— y el regreso de Ramiro Badía en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales, cargo que desempeñó durante la gestión de Claudio Avruj en la Secretaría, despiertan algunas inquietudes al respecto.     

La transición en la Secretaría de Derechos Humanos se inició el pasado 12 de dicembre con una reunión que mantuvieron el titular saliente de la dependencia, Horacio Pietragalla Corti y su sucesor, el exjuez Alberto Baños, quien asumió en el cargo “ad honorem”, según se confirmó días después en el Boletín Oficial. 

La reunión, según pudo reconstruir elDiario.AR transcurrió en un clima cordial, pese a que la gestión de Pietragalla había recusado al magistrado cuando instruía la investigación por la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, cuyo paradero es desconocido desde febrero de 2019.

La Secretaría querelló en esa causa y consideró que el juez no tomó medidas concretas para que la investigación avanzara. Por ejemplo, una de las acciones reclamadas al juez era la apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación, algo que reclamaban los familiares de Arshak, quienes siempre tuvieron sospechas sobre la participación de esa fuerza en la desaparición del joven efectivo.

Baños no aportó hipótesis para que la instrucción avanzara y nunca puso la mira en la Policía porteña. A fines del año pasado, Baños logró jubilarse y ponerle fin a una trayectoria como magistrado que se inició en 1993, cuando fue designado en el cargo por el gobierno de Carlos Saúl Menem. 

Durante años, Baños tuvo a su cargo la causa del robo de las manos de Juan Domingo Perón. En julio de 2008, Baños se llevó el expediente a su casa de Adrogué, donde pensaba elaborar un oficio para pedirle al Gobierno que levantara el secreto de inteligencia que existía sobre el tema. Pero desconocidos le robaron la totalidad de la causa, que meses después logró reconstruir, sin que se identificaran a los autores del hecho.

Fuentes de la Secretaría indicaron que Baños y sus colaboradores se mostraron sorprendidos por el nivel de organización que había en la Secretaría en las primeras reuniones que mantuvo con el personal. No obstante, los funcionarios de la nueva gestión se mostraron alarmados con la cantidad de abogados que el organismo tiene en el interior del país (cerca de 45), que se ocupan de querellar en causas de lesa humanidad. 

Fue un primer indicador que generó alarma en relación a la continuidad de una política activa que la Secretaría había tenido en los procesos sobre crímenes del terrorismo de Estado en los últimos cuatro años. “Los juicios van a seguir, pero Hay que ver qué pasa con las políticas de Memoria Verdad y Justicia y las querellas del Estado. Ese es el gran interrogante”, le confió a elDiarioAR un funcionario saliente de la Secretaría.

Sin embargo, esa no fue la única señal de alarma. Las designaciones de De Martini y Badía, generaron más preocupación entre los trabajadores del organismo.

De Martini se encargó, como asesor de Garavano, de acercar los reclamos de los familiares de los represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales se llevaron a cabo durante la gestión de Claudio Avruj al frente de la Secretaría. Una postura que está en línea con los reclamos de “memoria completa que desde hace años pregona la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Desde su cargo, De Martini tendrá además la misión de fijar la postura de Argentina en materia de Derechos Humanos. En tanto, Badía defendió ante la CIDH, como funcionario de Avruj, la postura que el Gobierno de Macri mantuvo en el caso de Milagro Sala.

Trabajadores de la Secretaría que hablaron con este medio señalaron que aún no hay definiciones claras sobre la continuidad del programa Verdad y Justicia, que actualmente depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nacionales. Se trata de una iniciativa creada en 2007 para acompañar a las víctimas y los testigos con el propósito de garantizar el acceso a la justica y brindar reparación.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona explicó en declaraciones periodísticas que, en materia de derechos humanos, se propondrá un nuevo paradigma, orientado a la atención de las demandas de delitos comunes. Algo que difiere de la línea que mantenía la gestión de Pietragalla Corti, que se orientaba a darle visibilidad a las demandas de los grupos sociales vulnerables –como los pacientes de la salud mental—y las víctimas de la violencia institucional.

La preservación del Museo Sitio Memoria Esma es otra de las incógnitas de las políticas que aplicará el gobierno del presidente Javier Milei. En campaña, Villarruel, en línea con sus posturas negacionistas, propuso que el predio donde funcionó el centro clandestino de detención ilegal más grande de la ciudad de Buenos Aires, debía recrearse con fines educativos. No obstante, Baños reconoció que las antiguas instalaciones de la exEsma deben ser preservadas, en función de medidas cautelares de la justicia y por haber sido declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Autoridades del Museo Sitio Memoria ESMA consultados por elDiarioAR consideraron que “aún es muy pronto para definir expectativas” en relación a la dirección que las autoridades de la Secretaría y el Gobierno le darán a esta institución, creada para preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina. “Esperemos hasta marzo, ahí vamos a tener un panorama más claro”, indicaron desde el Museo.

Durante 2023, hubo 24 veredictos en juicios de lesa humanidad y se dictaron 316 condenas desde que los procesos se reanudaron en 2006. 

La reanudación de la actividad judicial en febrero, tras el receso judicial de verano, será un momento clave para analizar cuál es la política que la gestión de Baños tendrá en relación a las querellas que se siguen desde el Estado en los procesos de lesa humanidad.

LC/MG