Administración de aumentos y más monitoreo en las góndolas: la apuesta del Gobierno para controlar los precios hasta noviembre

Amansadas las aguas tras la derrota en las PASO, en las últimas semanas el gabinete renovado del Frente de Todos se dedicó a hilar anuncios destinados a incrementar los ingresos de los argentinos y argentinas y, con ellos, sus chances de un mejor resultado en las generales de noviembre. Pero el Gobierno sabe que el esfuerzo —nada liviano a la luz de la situación macroeconómica del país— no valdrá la pena si no logra el efecto buscado: si ese abultamiento del bolsillo no se refleja en el momento de la compra, si el refuerzo se esteriliza con inflación.

El último informe del Índice de Precios al consumidor, correspondiente a agosto y publicado horas después las PASO, permitió especular con una mejora en este frente. El dato fue de 2,5% (perforó el piso del 3% de los 10 meses anteriores) y el precio de los alimentos creció “apenas” 1,5% respecto julio, ayudado por la estabilización de carne y verduras. Sin embargo, no está garantizado que la tendencia se mantenga, más bien lo contrario. Las consultoras estiman para septiembre una inflación que volvería a acercarse al 3% (el último relevamiento de mercado hecho por el Banco Central anticipa 2,7%), lo que marcaría el fin de un proceso de desaceleración del índice que se había iniciado luego del pico de marzo (4,3%). 

Frente a este escenario, la estrategia del Gobierno es reforzar el diálogo con todos los actores de la cadena y darle mayor impulso a las políticas que la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, ya tiene lanzadas. Una vez confirmada en su cargo (Español presentó, como muchos otros funcionarios, la renuncia al presidente Alberto Fernández luego de las PASO), inició una agenda frenética de reuniones con representantes de las grandes firmas de alimentos y consumo masivo y las principales cadenas de supermercados. La semana próxima tiene agendado recibir a más fabricantes, a mayoristas y a supermercados del interior asociados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). 

El principal pedido fue que los aumentos de precio sean consensuados y, en particular, les solicitó a los supermercados que no convaliden precios que excedan la pauta definida. En el sector del supermercadismo señalaron que esta dinámica no es nueva, sino de rutina. “El esquema de contención de aumentos enviados por proveedores es algo que viene funcionando desde el inicio de la gestión de Español”, apuntó a elDiarioAR una fuente del sector, y señaló que alcanza con comparar precios de un mismo producto en grandes cadenas y “en el chino de la vuelta” para dar cuenta de eso. 

Según una fuente que participa habitualmente de las reuniones, no hay una pauta de aumento definida, ni un plazo de tiempo fijo para los ajustes. Depende de la estructura de costos que el proveedor le presenta a la Secretaría para que analice. Hay algunos fabricantes a los que no les dieron ningún aumento en cinco meses y a otros que les dieron dos en dos meses“, señaló. En eso, reconoce un punto: tanto la Secretaría de Español, como la de Augusto Costa en la provincia de Buenos Aires gestionan ”basadas en datos“. En las oficinas de Español se limitan a decir que los aumentos ”siempre van a ser menores a un dígito promedio“. 

Por otro lado, Comercio trabaja en la renovación del programa Precios Cuidados, que vence el próximo 7 de octubre. Tanto en la oficina de gobierno como en las empresas proveedoras señalaron que todavía están en plena negociación de aumentos y productos. Lo único que anticipan, por ahora, es que el aumento promedio estará, como ya se dijo, por debajo del 10%. 

En julio, las cantidades vendidas de los productos del Programa Precios Cuidados aumentaron 20,6% respecto al año previo. Se destacaron las subas en queso untable (104,9% respecto de julio 2020), shampoo (69,6%), papel higiénico (52,1%) y lavandina (51,7%). En el acumulado del año (enero - julio 2021), el incremento respecto al mismo período del año anterior alcanzó el 20%. De acuerdo a los datos oficiales, el cumplimiento fue del 80% tanto en abastecimiento como en señalética, mientras que en lo que respecta a precios el acatamiento fue casi perfecto: 99%. 

También se trabaja en la renovación de la canasta Súper Cerca, que se creó cuando fue levantado el programa Precios Máximos y que busca llegar a los comercios a los que Precios Cuidados no llega. Es una canasta pequeña, de 70 productos elementales, pensada para almacenes, autoservicios de barrio, mercados chinos.

Si bien los supermercados son mencionados muchas veces como formadores de precio y señalados como responsables de las remarcaciones (en los últimos días la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau propuso “clausurar” las sucursales de grandes cadenas que “especulen”) son también un canal muy directo para negociar y bajar masivamente programas, así como para informar al Gobierno (e incluso frenar, si quisieran) las variaciones en las listas de precio que les pasan los fabricantes. 

En los locales pequeños, la historia es otra, y se refleja en los números. Según un relevamiento de la consultora Scentia, desde abril de 2020 la diferencia de precios entre supermercados y pequeños almacenes se fue ampliando, hasta llegar a una brecha de 20% en agosto. No es un asunto marginal, dado que los supermercados canalizan solo el 35% del mercado de consumo masivo (por eso en el sector suelen decir que hay una “sobrerrepresentación simbólica” de su lugar).

Por otro lado, se anticipó que se seguirá adelante con las fiscalizaciones y el monitoreo de todos los programas de la Secretaría. Los inspectores le prestarán especial atención al cumplimiento de la Ley de Góndolas, para lo que reforzarán sus recorridas por supermercados con cinta métrica en mano. “Se aplica la Ley de Lealtad Comercial que tiene un máximo de multa por 10 millones de unidades, que equivale a $550 millones”, precisaron. 

La ley, que entró en vigencia en mayo pasado pero había otorgado un plazo de gracia para que los establecimientos se adapten, obliga a ampliar y diversificar la oferta de productos exhibidos, integrando proveedores medianos y pequeños. Así, se busca “generar un trato igualitario entre los diferentes proveedores para evitar prácticas que perjudiquen o pongan en riesgo la libre competencia o generen distorsiones de mercado, y ampliar la oferta de productos”. Además, en septiembre se reglamentó la ley también para las tiendas virtuales de las grandes cadenas de supermercados.  

“La ley está marchando bien, pero el problema es que no prevé crear empresas proveedoras y, por ejemplo, en el sector de insecticida es imposible tener cinco proveedores porque solamente hay dos”, ironizan en una cadena de supermercados. De todos modos, son situaciones que la normativa prevé. Por otro lado, señalan que muchas pequeñas empresas tienen buenos productos pero les faltan registros y requisitos burocráticos para ingresar como proveedoras. 

“A nosotros no nos favorece la concentración”, opina el supermercadista, que asegura que desde la época de Guillermo Moreno al frente de Comercio se produjo una “estampida” de proveedores que terminó por generar grandes “monstruos” con los que es muy difícil negociar. “A las grandes cadenas les quita poder de fuego, pero las regionales o del interior —y ni hablar de almacenes y comercios de proximidad— ni siquiera pueden abrir la boca”, suma. 

DT