Con polémica y tensiones, el Congreso vuelve a la actividad tras las PASO: Guzmán, la ley de Hidrocarburos y el debate por la presencialidad

Con leyes pendientes, polémicas abiertas entre el oficialismo y la oposición, e incluso tensiones hacia el interior del Frente de Todos, el Congreso vuelve a tomar protagonismo en la escena política luego del receso por las PASO y antes de las elecciones de noviembre, que definirán la renovación de la mitad de Diputados y un tercio del Senado.

El debate por Presupuesto 2022 es el que mayor atención atrae, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, como protagonista central. Esta semana el funcionario tendrá el desafío de defender su proyecto de gastos y partidas para el año próximo ante propios y ajenos, a sabiendas de que sufrirá cambios, según confiaron desde Diputados a elDiarioAR. 

El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner revisarán los números macro del proyecto de más de 4.800 páginas: un gasto total de más de 13 billones de pesos, un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1, así como una fuerte inversión en obras públicas y destinar más de la mitad de los recursos a gastos sociales. 

“El Presupuesto enviado al Congreso se discutirá”, adelantó Kirchner a través de una entrevista radial. Con el revés electoral a la vista, la lupa del hijo de la vicepresidenta está puesta en un posible incremento de tarifas del 30% para el próximo año incluido en el Presupuesto: “Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser el aumento, pero también tiene que ver cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas”, agregó. 

Guzmán también deberá escuchar las críticas de los titulares de los bloques de la oposición y sus referentes económicos, con quienes se encontraría a mediados de semana. Será un encuentro previo al comienzo formal de la discusión en la Comisión de Presupuesto, la primera semana de octubre. A diferencia de años anteriores, primero expondrán los funcionarios de cada área económica y el cierre del debate en comisión lo hará el titular de Hacienda, antes de que el proyecto baje al recinto para ser votado. La discusión está abierta y será larga: podría demorar la sanción definitiva del Presupuesto para después del 14 de noviembre. Juntos por el Cambio ya adelantó que, así como está, no acompañará la iniciativa de la “ley de leyes”.

La polémica por la presencialidad

La visita de Guzmán a Diputados podría quitarle la modorra a la Cámara baja, que ya lleva más de dos meses sin sesionar, pero una nueva polémica amenaza con volver a paralizar su funcionamiento: el regreso a la presencialidad. 

El jueves, Massa le puso su firma a la resolución del “Protocolo de Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido”, que establece la presencialidad de las sesiones y la posibilidad de que las reuniones de comisión puedan adoptar la modalidad mixta (remota y presencial). A su vez, aquellos legisladores de riesgo o con Covid-19 podrán votar vía VPN. 

El protocolo se había conversado entre el tigrense, Kirchner, el titular del Interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, y el referente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Pero lo que pareció una discusión técnica derivó en política: en una nota dirigida a Massa, los propios Negri y López, además de Cristian Ritondo, aseguraron que la resolución se trató de una medida adoptada “unilateralmente”, que “excede su competencia reglamentaria”, y que cualquier cambio necesita de “no sólo la participación de los bloques en su redacción sino que tres cuartas partes de los presentes en una sesión voten afirmativamente”. En el oficialismo le devolvieron la pelota: “Está todo bien como para sesionar presencialmente. Tienen que explicar ellos (por la oposición) que no quieren sesionar”, recogió este medio. A su vez, la Secretaría Parlamentaria, a cargo de Eduardo Cergnul, aseguró que “el presidente tiene atribuciones reglamentarias para hacer funcionar al cuerpo”. 

Con menos bríos, en el Senado, a cargo de Cristina Kirchner, también se analiza el regreso a la presencialidad. En línea con la flexibilización de las medidas anunciadas por el Gobierno, el jefe del bloque del FdT, José Mayans, adelantó que está negociando el nuevo protocolo con la oposición: “Ahora tenemos que tener una reunión con los jefes de los diferentes bloques para ponernos de acuerdo sobre la presencialidad. Vamos a tener una sesión presencial y también vamos a tener un funcionamiento mixto en el tema de las reuniones de comisión hasta que podamos ajustar todos los detalles”, dijo el senador, en el inicio de un plenario de comisiones en las que expuso el secretario de Energía, Darío Martínez, sobre la nueva ley de hidrocarburos.

La agenda pendiente: hidrocarburos, etiquetado frontal y humedales

La iniciativa de inversiones hidrocarburíferas, que busca un horizonte de previsibilidad fiscal de 20 años para la actividad, atraviesa la agenda actual de la Cámara alta. En su presentación ante las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y la de Presupuesto, el secretario de Energía Martínez tuvo que responder varias observaciones planteadas al articulado que envió la Casa Rosada, principalmente el punto de que el Poder Ejecutivo asuma el monopolio en la toma de decisiones. 

Desde las provincias petroleras no tardaron en cuestionar el articulado y esta semana se espera una nueva ronda de invitados a debatir. “Voy a asumir la responsabilidad personal de ir a Buenos Aires, al Congreso a debatir la ley”, avisó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el viernes pasado en un acto local. Como parte de la la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), el mandatario neuquino adelantó que llevará al debate un documento consensuado con sus colegas con fuertes advertencias al Gobierno: “El cuidado y resguardo ambiental en el desarrollo hidrocarburífero es de competencia provincial y decimos no al avasallamiento de las facultades provinciales en materia impositiva, de regalías o cuidado ambiental”.

Más postergadas en la agenda parlamentaria están leyes de fuerte interés público, como la ley de etiquetado frontal y la ley de humedales. En los últimos días, organizaciones de la sociedad civil enviaron cartas a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para solicitar que se convoque a sesión el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que ya aprobó el Senado y que cuenta con dictamen favorable de varias comisiones de la Cámara baja. Si la iniciativa no es tratada en el recinto y aprobada, podría perder estado parlamentario en dos meses, cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones.

Y el reclamo por la ley de humedales volvió a ganar la calle el viernes, en la manifestación de los ambientalistas que marcharon por el 24S, pero este año ni siquiera la bajante histórica en el Paraná apuró su tratamiento. Hace ya una década que distintos proyectos chocan en el Congreso: apenas logran media sanción y luego pierden estado parlamentario. La propuesta más reciente unifica 15 iniciativas y tiene dictamen de 2020 de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados. Le falta un largo recorrido: actualmente espera en la Comisión de Agricultura y Ganadería, y luego tiene que ser tratada en las comisiones de Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros, así como Presupuesto y Hacienda, antes de llegar al recinto. 

MC/WC