Farmacity: la Corte se acerca a una definición en la disputa entre la cadena y los farmacéuticos bonaerenses

A punto de cumplirse una década desde que empezó su reclamo, Farmacity está cerca de obtener una respuesta definitiva. Será en favor de su prosperidad comercial o, por el contrario, le pondrá un límite a su intento de expansión en la provincia de Buenos Aires. La cadena de farmacias y artículos polirubro sabrá finalmente si su peregrinación judicial surtió efecto. La Corte Suprema avanza hacia una definición. Si bien los jueces de la Corte no tienen plazos para fallar, el expediente Farmacity se empezó a mover entre los supremos. 

En los últimos días, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña y conjuez designado para el caso, presentó su voto ante el máximo tribunal. Así se lo confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso al caso. El reclamo de Farmacity empezó en 2012 e involucra a figuras importantes de la política y la Justicia.

La empresa fundada por el exvicejefe de gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana, pretende desembarcar en la provincia de Buenos Aires desde 2012. Patrocinada por el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, Farmacity señaló la inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares de farmacias. Su planteo, sin embargo, fue rechazado en primera instancia, por un tribunal de apelaciones y la Corte provincial. En 2017, el caso llegó a la Corte nacional. 

En abril de 2018, el procurador interino Eduardo Casal (ahora en la mira del Gobierno) opinó en favor de Farmacity. Casal firmó un dictamen avalando el pedido de inconstitucionalidad de la empresa, en contra de una resolución previa del Ministerio de Salud bonaerense. Para Casal, la norma provincial representaba un avance indebido del distrito sobre materias que hacen al derecho común y están reservadas al Congreso de la Nación. Pero se trató de un pronunciamiento no vinculante.

Ahora, Irurzun interviene en la causa junto a la jueza Mirta Sotelo de Andreau, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. ¿Por qué fueron incluidos puntualmente en la Corte para analizar este pleito? Ambos fueron sorteados tras las excusaciones de dos ministros de la Corte: su presidente, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Si bien Irurzun ya presentó su posición sobre el caso, en el máximo tribunal aún no hay información disponible sobre la mirada y postura de Sotelo. En el despacho de la magistrada rechazaron confirmar si la jueza ya presentó su voto.

Tras acumular negativas en la Justicia bonaerense, el expediente llegó a la Corte nacional en 2017. Y rápidamente puso al tribunal de pies a cabeza. Actualmente, en algunos despachos del Palacio de Justicia le quitan importancia a la causa y consideran que los jueces tienen casos más importantes en que ocuparse, según afirmaron a elDiarioAR ante la consulta. Buscan restarle gravitación a un caso que potenció rispideces dentro de la Corte.

De los cinco ministros, dos debieron autoexcluirse. Carlos Rosenkrantz, por haber sido abogado de Farmacity, cuando integraba el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados. Rosatti se excusó después de que la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) pidiera su apartamiento. El argumento de COFA fue que la directora del área jurídica de Farmacity, Andrea Gualde, quien todavía cumple esa función para la cadena, trabajaba junto a Rossati cuando el actual juez era el Ministerio de Justicia de Néstor Kirchner. 

Paradójicamente, en el cuarto piso del Palacio de Justicia aseguran que Rosatti ya tenía listo su voto en contra de Farmacity cuando debió excusarse. Relativizan además su conexión con Gualde, a quien definen como una exasesora de 2004. 

¿Cuál es el interés de COFA en esta trama? Resistir el desembarco de Farmacity en el territorio gobernado por Axel Kicillof. La Confederación representa a unas 15.000 farmacias chicas y medianas: por eso rechaza el despliegue bonaerense de un actor del peso de Farmacity.

Para el tanque fundado por Mario Quintana, en cambio, la limitación que establece la Ley 10.606 promueve una suerte de monopolio legal en beneficio de las farmacias instaladas en la Provincia. Y argumenta que eso genera mayores precios y peores servicios, violando supuestamente la defensa de la competencia.

La presidenta de COFA, Isabel Reinoso, defiende el modelo vigente en la Provincia. Afirma que “está orientado a asegurar el acceso de la población al medicamento, poniendo énfasis en la noción de farmacia como servicio público y en la protección constitucional del derecho a la salud”. Los gobiernos municipales apoyan mayoritariamente el argumento de Reinoso. Al momento, 126 municipios (sobre un total de 135) se manifestaron a favor de la ley bonaerense actual.

Tanto COFA como Farmacity siguieron con interés dos fallos recientes de la Corte: el más político fue el que reivindicó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en la disputa entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Casa Rosada. La Corte destacó la independencia de la Capital para definir su política respecto a las clases presenciales. Ese antecedente podría beneficiar a COFA. El otro fallo que podría anticipar una pista fue el que le prohibió abrir sus puertas a un supermercado chino un domingo, en respeto a una norma municipal de Arroyito, en la provincia de Córdoba. Ambas posiciones de la Corte fueron a favor de la autonomía local.

El caso deberá definirse con los votos de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, más el de los dos conjueces. En el máximo tribunal, una fuente con acceso directo al caso afirmó que los votos de ambos ministros de la Corte están uno a uno. Pero nada es definitivo. “Los ministros pueden cambiar de opinión o modificar sus votos en la medida en que avance el debate y analicen los votos de sus colegas”, explicó el funcionario judicial. 

No trascendió aún información sobre la posición de Elena Highton de Nolasco, quien participó de las audiencias públicas por el caso a finales del 2018. Por aquellos días, Lorenzetti, Maqueda y la jueza escucharon las distintas posiciones a favor y en contra de la instalación de la compañía en la provincia de Buenos Aires. Entre los llamados amicus que dieron su mirada en contra del desembarco de Farmacity figuran el actual canciller, Felipe Solá, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta. 

En las exposiciones de noviembre de 2018, incluso se produjo un choque indirecto entre Ricardo Lorenzetti y su entonces archienemigo Carlos Rosenkrantz. En su primera pregunta al abogado de Farmacity, Gabriel Bouzat, Lorenzetti fue al hueso: “¿Es compatible la sociedad anónima, que tiene un objeto comercial, con la función social que establece la Constitución respecto a los medicamentos?”. Bouzat, el socio de Rosenkrantz por 26 años (desde 1990 hasta 2016), le respondió con un golpe de efecto: “Es perfectamente compatible, siguiendo lo dicho por usted en La empresa médica”. El representante de la cadena de farmacias se refería a un libro escrito por Lorenzetti en 1998.

“Si no hay mayoría, automáticamente se piden más conjueces”, explicó un empleado del máximo tribunal. Que haya o no mayoría recién se sabrá cuando los jueces realizan los primeros análisis del caso y lo hablan entre sí, según agregó.

“La definición va a venir por el lado de los conjueces, pero el fallo no es una prioridad en este momento para la Corte, hay casos más grandes”, sostuvieron en el despacho de uno de los supremos.

El mecanismo para llegar a una posición mayoritaria es el siguiente: después de escribir su voto, los jueces analizan las posturas de sus colegas ya presentados en el expediente. Entonces hacen circular su posición entre los demás. Ese circuito permite que, una vez explicitados todos los votos, se intercambien argumentos e incluso se modifiquen algunas posiciones. “Nada está cantado”, resume una fuente judicial que trabaja en el caso. 

Con menor visibilidad que otros litigios analizados por la Corte, el expediente Farmacity está cerca de llegar a una definición. El fallo zanjará una disputa que arrastra casi una década, dominada por lobbies cruzados de intereses comerciales y políticos.

ED y AF