El Gobierno anunció un régimen de “borrón y cuenta nueva” para las deudas entre la Nación y las provincias

Sin dar mayores precisiones, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, anunció este jueves la implementación de un régimen de “borrón y cuenta nueva” para resolver deudas recíprocas entre la Nación y las provincias, medida que será publicada en el Boletín Oficial. Según el funcionario, el esquema busca restablecer el federalismo al permitir que las provincias ordenen sus cuentas y avancen hacia una autonomía financiera y económica genuina. De todas maneras, a juzgar por las respuestas a las preguntas que le hicieron los periodistas, no está claro aún la manera en que se implementará. El funcionario tampoco quiso revelar si hay un cálculo del monto de las obligaciones que se buscan cancelar o canjear tanto de la Nación como de las provincias. Está todo, más bien, por verse.

“En las últimas décadas, el centralismo de la Nación ha complicado las relaciones fiscales con las provincias, y queremos revertir esa situación en línea con el objetivo de orden fiscal planteado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión”, afirmó Catalán en una conferencia que dio en la Casa Rosada. El segundo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete señaló que esta medida se enmarca en un “diálogo sincero” que el Gobierno planea establecer con las 24 jurisdicciones, en el que las provincias pueden acogerse al régimen voluntariamente.

El vicejefe de Gabinete explicó que, a través de diversas herramientas, el régimen busca compensar las deudas mutuas con “creatividad” y una “maquinaria imaginativa”. Entre las herramientas propuestas están la transferencia de empresas estatales y tierras fiscales a las provincias, así como la concesión de rutas nacionales. “Nuestra intención es desatar las fuerzas productivas provinciales y que las economías regionales generen riqueza genuina”, destacó Catalán.

Catalán aclaró que las provincias interesadas tendrán un plazo de 30 días hábiles para acogerse al régimen y de 60 días hábiles adicionales para presentar la documentación que acredite las deudas. Para la implementación, se designará como interlocutores a los ministros de Economía y Hacienda de cada provincia, y en el ámbito nacional será el Ministerio de Economía, bajo la Secretaría de Hacienda, el encargado de las funciones operativas.

“El objetivo no es imponer, sino ofrecer un marco de cooperación en el que tanto la Nación como las provincias podamos acordar soluciones conjuntas”, remarcó Catalán. Agregó que el régimen, que permitirá el ordenamiento de cuentas fiscales tanto nacionales como provinciales, está basado en el “federalismo verdadero que hizo grande a Argentina con la Constitución de 1853”. En este sentido, enfatizó la importancia de que la Nación no restrinja el crecimiento autónomo de las provincias, sino que les permita “conducir su propio destino”.

El funcionario detalló que este mecanismo permitirá a las provincias reducir su dependencia de la Nación y estimular la atracción de inversiones. Afirmó que la idea es “empezar un futuro con un borrón y cuenta nueva”, logrando así “cuentas ordenadas de la Nación y de las provincias”, y subrayó la disposición del gobierno a escuchar propuestas adicionales de las provincias para la compensación de deudas.

Catalán también explicó que las provincias que decidan no adherirse al régimen mantendrán la relación interjurisdiccional actual, sin motivo de judicialización, salvo por cuestiones de relevancia. “Es voluntario, y si alguna provincia considera mejor no acogerse, respetaremos esa decisión”, indicó, añadiendo que la relación fiscal actual no se verá afectada para aquellas que opten por no participar.

Finalmente, Catalán mencionó que la iniciativa ha sido bien recibida por algunos mandatarios provinciales, como el gobernador Negrín Sipiente, en conversaciones preliminares. “En el contexto del ordenamiento fiscal actual del gobierno, donde el equilibrio de las cuentas es clave, esperamos que esta medida sea bien acogida y que genere beneficios a largo plazo para todas las jurisdicciones y los 45 millones de argentinos”, concluyó.

JJD