El Gobierno busca deslegitimar el reclamo universitario y asegura que la marcha lo beneficia

“La discusión está terminada”. Con esa sentencia durante su habitual conferencia matutina, el vocero Manuel Adorni intentó descartar de plano el reclamo educativo, que por estas horas marca el ritmo de la agenda pública. La estrategia discursiva del gobierno de Javier Milei ante la Marcha Federal Universitaria que este martes tendrá como epicentro a la Plaza de Mayo es una sola: dividir a los que se manifiestan entre estudiantes que se expresan “legítimamente” y aquellos sectores que lo hacen con alguna intencionalidad política. En esa lista ubican a figuras de perfiles tan disímiles como el dirigente social Juan Grabois o el referente del radicalismo porteño y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

“La legitimidad del Presidente aumenta con este tipo de situaciones”, deslizaron a elDiarioAR desde el oficialismo. Es que, al igual de lo que sucede entre los estudiantes y docentes que salieron hoy a la calle, en las filas libertarias son conscientes de que el debate trasciende lo meramente presupuestario. En su afán sistemático por dividir aguas en la opinión pública entre la “casta” y quienes defienden “las ideas de la libertad”, Milei ve en la cruzada con las universidades una oportunidad más para enarbolar su batalla cultural en contra del Estado que, en este caso, él mismo preside.

En Casa Rosada seguirán con atención lo que suceda esta tarde durante la movilización, que promete ser multitudinaria. Pese a que Adorni desmintió que haya “preocupación”, el portavoz presidencial también aseguró que el tema formó parte de la reunión de gabinete de este martes. Un dato no deja de sorprender a los funcionarios de La Libertad Avanza: el carácter extremadamente transversal de quienes convocaron a defender la educación pública, tantas veces considerada por Milei como un “lavado de cerebro”.

El oficialismo repite que el tema presupuestario está saldado desde la semana pasada y que no existe desfinanciamiento alguno. A partir de ese razonamiento, cerca del Presidente reconocen que les hubiera parecido “razonable” que la marcha convocada para este martes quedara descartada. En esa línea, existieron algunos intentos por desactivar la movilización. En las últimas horas, trascendió que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se comunicó con los rectores de las universidades con el fin de que depongan los reclamos, una jugada que no tuvo éxito.

“No hay ni paper ni opinión que valga porque las partes nos pusimos de acuerdo”, insistió Adorni esta mañana, al considerar que la reciente transferencia de poco más de $21.888 millones a las 65 universidades públicas del país deja sin argumento a quienes convocaron a la marcha. Sin embargo, el aumento otorgado por el Ejecutivo es cuestionado por las propias autoridades universitarias que sostienen que apenas cubre el 3% de los gastos en términos reales, si se tienen en cuenta los niveles del año pasado.

Ayer, con el título “La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación”, el Gobierno volvió a retrucar la posición del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre el ajuste al sistema universitario. “Tal como estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos con el CIN, en el día de hoy se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, con un aumento del 70% y por un total de $10.075.851.995, lo que concluye la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior”, indicó, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Posiciones encontradas que auguran un escenario de mayor conflictividad.

PL/MG