El Gobierno disolvió la Secretaría de Vivienda de la Nación para que se hagan cargo las provincias y los privados
En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno disolvió, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
Según se indicó, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución.
De acuerdo al Gobierno, “los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”.
A partir de la disolución de la Secretaría, también “se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional”.
En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR).
En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.
En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos.
En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo “de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET)”.
“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicó la Casa Rosada.
La explicación de Sturzenegger
Como es habitual cuando se publica un decreto que lleva su sello, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, publicó este martes en X su mirada sobre la determinación del Goobierno de eliminar la Secretaría de Vivienda y reveló que la medida es parte de lo que, junto al presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, llaman la “Motosierra 2.0”. “La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, escribió Sturzenegger.
De acuerdo al funcionario, a través del decreto 70/2025, la cartera que coonduce Caputo “hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat. Para resolver el problema habitacional de nuestro país, que lleva décadas y que los gobiernos anteriores no pudieron resolver, la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral. Por eso el gobierno ya había cerrado el Procrear con el Decreto 1018/24, y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social con el Decreto 6/25, y había llevado a su mínima expresión el Fondo de Integración Socio Urbana, todos mecanismos para transferir dinero a organizaciones políticas afines al gobierno anterior”.
Para Sturzenegger, la resolución del “problema de vivienda”, necesita “tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda. Un proceso que ya comenzó a darse en 2024”. Y agrega: “La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios, aunque, digamos todo, las provincias hace rato también lo abandonaron cuando desviaron los recursos del Fonavi para gastos generales de administración”.
“El cierre de la Secretaría permite importantes ahorros en personal (eran cientos de personas sin tarea real), edificios, equipamiento y servicios. Además, había un ejército oculto de contratados a través de universidades para supuestas auditorías, en algunos casos de obras muy pequeñas”, explicó el Ministro.
Con información de agencias.
IG
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