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Legisladores del FdT reclamaron que se investigue la trama tras los chats que “exhiben prácticas mafiosas”

Lago Escondido, el epicentro del escándalo de los chats filtrados.

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Los integrantes del Bloque de diputadas y diputados y el Interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, repudiaron y exigieron hoy una inmediata investigación de la trama de “prácticas mafiosas” desenmarcarada por una serie de chats que involucran a jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas, un ex agente de inteligencia y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

“Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que, con prácticas mafiosas, están hiriendo de muerte a la democracia argentina”, aseveraron legisladores y legisladoras nacionales del FDT a través de un comunicado de prensa.

De esta manera, los legisladores hicieron referencia a la revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un funcionario porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de una serie de mensajes intercambiados a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis, a principios de octubre pasado.

“Jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra, aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles”, sostuvieron en el comunicado diputados y senadores del oficialismo.

Para los legisladores, los magistrados “reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven causas, encubren delitos, inducen al falso testimonio, presionan a la fiscal de Bariloche que investiga el hecho, falsifican documentos, pagos y facturas, y amenazan con continuar armando causas a quien hable de ellos, y hasta la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales”.

Añadieron que, “en ese viaje y en ese nefasto grupo de chats, estaban ni más ni menos que el padre y hermano del fiscal que ”investigaron“ la causa Vialidad y el juez de esta causa”.

Según los legisladores, “el mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas”.

“Exigimos la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación”, reclamaron en el comunicado.

Finalmente, agregaron: “Siempre supimos que se manejaban al margen de la ley, las instituciones y las reglas de nuestra República. Pero verlo y escucharlo de su propia voz, excede todo lo imaginado. No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia”.

El escándalo de los chats filtrados

La versión de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

El episodio fue difundido en las últimas horas por el diario Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, en base al hackeo de una línea de celular de uno de los implicados. Los medios accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El juez Ercolini estuvo a cargo de la instrucción de la causa conocida como “Vialidad”, por la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de defraudación al Estados y asociación ilícita en la adjudicación de obra pública a Santa Cruz durante sus dos gobiernos. Este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer su veredicto sobre el juicio.

Con información de agencias.

IG

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