¿Qué mide realmente el ranking de corrupción de Transparencia Internacional?
El martes por la mañana, Darío Nieto fue uno de los primeros en resaltar la clasificación de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, que marcó un descenso para la Argentina, entre 2019 y 2021, desde el puesto 66 —la mejor marca histórica— al 96. “En dos años de kirchnerismo ya bajamos 30 puestos… No es todo lo mismo, ni todo da igual”, opinó el legislador de la Ciudad y secretario privado de Mauricio Macri.
La caída de la Argentina de los Fernández en el estudio de Transparencia Internacional tuvo una primera escala en 2020, con un retroceso hasta el puesto 78 entre 180 países, tendencia que se aceleró el año pasado. Con 38 puntos alcanzados sobre un máximo de 100, el país pasó a estar por debajo del promedio en el listado global de la honestidad estatal.
Aunque Transparencia y su filial local, Poder Cuidadano, lo presentan como un “ranking de corrupción”, se trata de una clasificación sobre la base de percepciones, de manera que Nieto tiene derecho a expresar la suya. En la mirada del legislador, seguramente no fue un acto de corrupción que él mismo, en noviembre de 2019, a días de dejar el Gobierno, haya pedido al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta que el Banco Ciudad diera un préstamo de “10 palos” a la fraudulenta agroexportadora y aportante de campaña Vicentin, con el resguardo de que fuera “sin pasar por el directorio ni la Sigen porque la van a complicar”. Nieto no respondió la consulta de elDiarioAR para ampliar su percepción.
Cuestión de fe
Una mirada mínimamente atenta a la estadística que elabora la organización alemana Transparencia Internacional desde 1995 despierta dudas abismales. La primera es su metodología: consiste en un indicador al que se llega con información de un número acotado de fuentes, que a su vez lanzan sus propios rankings. El sesgo es evidente. Transparencia utiliza un máximo de 13 fuentes para todo el mundo; en el caso de Argentina, se restringen a ocho: la unidad de inteligencia de la ultraliberal revista The Economist; la Bertelsmann Stiftung, del gigante empresarial alemán del mundo editorial; un tal Global Risk Insight; el suizo IMD, que dice ofrecer el mejor MBA de Europa; la empresa PRS Group, que en su web publicita que su dueño pegó el salto al trabajar para la CIA en la década de 1970; el proyecto Varieties of Democracy de universidades del norte de Europa; el Foro Económico Mundial (Davos), y el World Justice Project, fundado por un exabogado de Microsoft. Casi ninguna de esas instituciones tiene oficinas en Argentina, ni siquiera en Sudamérica, por lo que recaban información a la distancia o con contratados locales que organizan el trabajo de campo.
El socio argentino de Transparencia, Poder Ciudadano, con notorios vínculos no orgánicos con la Unión Cívica Radical y emblema de la “sociedad civil” durante la década de 1990, sobrelleva desde hace años el peso de que Laura Alonso haya sido su directora ejecutiva justo antes de convertirse en una aguerrida partidaria de Macri. La prestigiosa constitucionalista Delia Ferreira Rubio transitó el camino inverso. Con décadas de militancia en la UCR y asesoría de diputados y senadores de ese signo, presidió Poder Ciudadano entre 2008 y 2010 (en coincidencia parcial con la dirección de Alonso) y, luego, fue designada al frente de Transparencia Internacional y hoy integra su comité de gobierno. El presidente actual de Poder Ciudadano es el abogado Hugo Wortman Jofre, miembro fundador, exsocio de Luis Moreno Ocampo y abogado de empresas, entre ellas Clarín. Martín Etchevers, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín, se desempeña como tesorero de la entidad.
Aunque la clasificación mide percepciones, que, como tales, obedecen a contextos, miradas ideológicas y tradiciones culturales, la propia Transparencia induce al equívoco. El número elaborado sobre respuestas de un selecto padrón anónimo “se ha convertido en el principal indicador global de la corrupción en el sector público”, evalúa su página web. elDiarioAR se comunicó, por correo electrónico, con la oficina de prensa de Transparencia, pero no obtuvo respuesta.
Natalia Aquilino, directora del programa de Monitoreo y Evaluación del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), encuentra “una dificultad grande en inferir, a partir de la percepción de un grupo equis, algo tan importante para una democracia como es la integridad de sus instituciones”. Al respecto, Aquilino se orienta por medir “elementos objetivables” desde los cuales se podrían inferir evaluaciones sobre la corrupción, como la ejecución presupuestaria y el índice de desarrollo humano que elabora el PNUD.
Supone una dificultad grande en inferir, a partir de la percepción de un grupo equis, algo tan importante para una democracia como es la integridad de sus instituciones
La analista de CIPPEC marca que hay índices elaborados por Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, instituciones que hace décadas desarrollaron “capacidad de comparabilidad internacional”, y puntualiza que un registro útil sería el Budget Proficiency Index, que mide la calidad de la ejecución presupuestaria. Ninguna de esas fuentes forma parte del corpus tomado en cuenta por Transparencia Internacional.
El terreno en el que se mueve la ONG con sede central en Berlín discurre por otros carriles. Fue fundada en 1993 por el alemán Peter Eigen, un exfuncionario del Banco Mundial que dijo sentirse frustrado porque esa institución multilateral no aplicaba criterios anticorrupción. Su socio en el armado fue Michael Hershman, creador del Fairfax Group, hombre con vasta experiencia en el vértice en que se tocan los mundos estatal y privado que comenzó su carrera como agente de inteligencia del Pentágono especializado en contraterrorismo.
“Realidad, no percepción”
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, enumeró los indicios que habrían llevado al acelerado declive argentino en el listado de la honestidad. En una nota en La Nación titulada “No es la percepción, es la realidad” y en una entrevista con La Nación +, el responsable de PC mencionó la vacunación privilegiada pero “no generalizada” de funcionarios nacionales, provinciales y municipales; la fiesta de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en Olivos en plena cuarentena; la suspensión de la prohibición de re-reelección de los intendentes bonaerenses; y “los intentos de cooptar el Ministerio Público Fiscal” (el proyecto para designar a un procurador general por mayoría simple para terminar con el interinato de Eduardo Casal tras la renuncia forzada mediante amenazas de cárcel a Alejandra Gils Carbó, en 2017). Secchi aclaró que no es un problema específico de los Fernández y aludió también al video de la Gestapo que protagoniza espías y funcionarios de María Eugenia Vidal, algo que difícilmente haya influido, dado que, a la fecha de su divulgación —fines de 2021—, la encuesta de Transparencia estaba cerrada.
En la mirada de Nieto, seguramente no fue un acto de corrupción que él mismo, en noviembre de 2019, a días de dejar el Gobierno, haya pedido que el Banco Ciudad diera un préstamo de '10 palos' a la fraudulenta agroexportadora Vicentin
Seguramente la agenda enumerada por Secchi —quien no respondió a elDiarioAR por encontrarse en el exterior— tiene un peso entre los críticos del Gobierno peronista. De hecho, Cambiemos y su entorno cultural y mediático suelen asignarse un papel regenerativo en la política argentina. “No todo es lo mismo”, dijo Nieto y suele decir Vidal. Para muchos votantes de la coalición liderada por Macri, el espectáculo denigrante del exsecretario de Obras Públicas José López con millones de dólares en el convento de General Rodríguez, por citar un caso, da cuenta de una matriz que atraviesa al kirchnerismo. Es su legítima mirada política.
Otro sector de la sociedad percibe las cosas de manera muy distinta. Para ellos, la gestión que llevó a un reconocimiento relámpago de una deuda por US$ 747 millones a Abertis, socio español del Grupo Macri en autopistas, a raíz de una demanda presentada tres días antes de la asunción de Mauricio Macri (7-12-2015); las offshores de familiares en Luxemburgo a las que fueron a parar las megaganancias originadas en un pase de manos de parques eólicos; las denuncias de Elisa Carrió basadas en anónimos pasados por debajo de la puerta o en arrepentimientos de inteligencia fraguados en el living de su casa; la profusión de contratos con consultoras y ONG, o la política energética diseñada por un ejecutivo de una de las principales petroleras representan un esquema de fraudes inaudito. Otra mirada, también legítima.
En casos así, el padrón de consultados dice todo. Se puede averiguar la percepción de corrupción que tiene el ejecutivo de una petrolera, un docente de la Facultad de Derecho, el director de una ONG, un juez de la Asociación de Magistrados, un consultor de opinión pública, un embajador europeo y el editor de un diario líder. O bien, Transparencia Internacional y sus socios pudieron haber enviado los formularios con las preguntas a un cura en Opción por los Pobres, la decana de Sociales, una referente de Pan y Rosas, un juez de Justicia Legítima, una Madre de Plaza de Mayo y al dueño de una pyme industrial de Berazategui. Los resultados podrían ser diametralmente opuestos.
Los modelos
No sólo supone un desafío metodológico dilucidar quién responde sino también dónde. Para evitar la distorsión que supone la comparación con latitudes lejanas —ya que un guatemalteco, un sueco o un keniata podrían percibir de manera diferente qué significa corrupción— cabe aludir a dos países con proximidad cultural que se destacan por su ubicación en listado de la honestidad que difunde Transparencia: Uruguay y Chile.
Se sabe que el sistema financiero uruguayo es una aspiradora de evasores argentinos. Como quedó claro en Panama y Pandora Papers, las offshores en Centroamérica y el Caribe suelen triangular en Montevideo, donde residen estudios jurídicos y contables que se dedican a crear mamushkas financieras. Todo legal; sin coimas de por medio y reivindicado con orgullo por parte del sistema político oriental. Un uruguayo con una mirada algo sofisticada y sin vínculos con esa ciénaga debería ingeniárselas para responder lo que piensa según las categorías de corrupción que le propone Transparencia.
Desde tiempos de Pinochet hasta marzo próximo, la política chilena ha estado atravesada por un criterio patrimonialista, con sus más (cuando gobernó la derecha) y sus menos (cuando gobernó la centroizquierda). La impronta marcó que empresarios de la salud se ocuparan de la política de salud; dueños y directivos de universidades privadas, de la educación; ejecutivos de mineras, de la minería, etcétera. Así fue cómo el titular de una de las mayores fortunas de Chile se convirtió en presidente durante dos períodos y, desde ese cargo, hizo y deshizo licitaciones, privilegió negocios y organizó falsos fideicomisos ciegos para maquillar sus intereses. Nuevamente, todo legal. Sin intermediarios pasibles de tentarse con un soborno.
El marco económico-institucional de Chile o Uruguay no desmiente que probablemente esos países hayan desarrollado prácticas más virtuosas que otros en la relación cotidiana con el Estado. Lo que sí demuestra es la inutilidad de dibujar una variable sobre la base de percepciones sin ponderar el marco en que se vierten y, a partir de allí, organizar clasificaciones internacionales de honestidad.
Rankings como lanzas
Las clasificaciones se volvieron una cuestión vital para las ONG y los medios de comunicación. Para las primeras, son herramientas que otorgan visibilidad y, con ella, financiamiento. Para los segundos, un ranking con buenos gráficos y algunas líneas interpretativas solucionan una nota. En épocas de periodismo polarizado, las clasificaciones —solvencia aparte— son armas útiles para arrojar al rival.
Hay innumerables cuestiones en las que la estadística comparada pisa firme, a algunas de las cuales aludía Aquilino, de CIPPEC. Desde los aspectos económicos más básicos hasta homicidios según cantidad de habitantes, población vacunada, evaluaciones educativas, desarrollo humano y datos mucho más específicos que son valiosos para diseñar políticas y estudios académicos.
También abundan los rankings vidriosos. Un economista promercado de la Universidad Johns Hopkins creó algo llamado “índice de miseria”, que mezcla un puñado de variables y arroja un número sin ningún sentido. Think Tanks libertarios difunden el índice de libertad económica; a Colombia y Paraguay les suele dar muy bien. Para consumo doméstico, Poliarquía lista los periodistas más prestigiosos para los “líderes de opinión” (?). La agencia Bloomberg se arriesgó a difundir el mejor lugar para vivir la pandemia, esbozo que logró alguna repercusión hasta hace poco. Por algún motivo desconocido, a mediados de 2021, Bloomberg informó que el destino ideal para pasar el coronavirus fue Estados Unidos, país que alberga el 4% de los habitantes del mundo y 16% de los muertos por la enfermedad.
Ocurre que a la percepción y a la licuadora de estadísticas, nadie les gana.
SL
La nota fue actualizada a las 23 del 28 de enero con la información del consejo de administración.
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