Derechos Humanos

En un municipio de Tucumán declararon ciudadano ilustre a un empresario azucarero procesado en una causa por crímenes de lesa humanidad

El municipio de Famaillá se encuentra 37 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, al pie de los cerros, es una de las zonas más aptas y fértiles para el desarrollo de actividades agropecuarias, como el cultivo de caña de azúcar. No es casual que ese lugar haya sido elegido por la familia Minetti para construir el ingenio azucarero La Fronterita en 1923, aún hoy uno de los más importantes en la provincia.

Este pasado 19 de mayo el municipio realizó un acto en el designó como Ciudadano Ilustre al empresario azucarero Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien fue administrador del ingenio y presidente de su directorio durante los años 70. El propio intendente José Orellana le entregó el reconocimiento ante la presencia de funcionarios municipales y ex empleados de la fábrica. “Reconocer a alguien es tomarlo como ejemplo para que sea un motivador de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que hacer las cosas como las hicieron ellos”, sostuvo Orellana durante el acto.

A las pocas horas y luego de la publicación de la actividad en las redes sociales oficiales del municipio surgieron repudios de organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura cívico militar. ¿Por qué? Porque en septiembre del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán procesó a Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, miembros del directorio de la firma, por su participación criminal en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. Inédito en Tucumán por tratarse de complicidad empresarial con la represión ilegal. 

De acuerdo a la Fiscalía, los procesados son presuntos cómplices de crímenes de lesa humanidad contra, al menos, 68 personas que trabajaban en la planta o que vivían en sus colonias (casas que pertenecían a la firma) y que fueron detenidos ilegalmente en el centro clandestino de detención y tortura que operaba en la propia fábrica. Todos fueron torturados y algunos aún están desaparecidos.

Durante la investigación se pudo acreditar que la firma cedió parte de sus instalaciones al Ejército, aportó la logística para la base militar, puso a disposición vehículos y dio información clave para los secuestros y homicidios, la mayoría de dirigentes gremiales de la combativa Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), delegados y allegados al sindicato. “Sin los aportes que realizaron, los delitos investigados y demostrados en autos no habrían podido cometerse en la forma en que fueron perpetrados”, señaló de manera taxativa la Cámara Federal al ordenar los procesamientos.

De esta manera Figueroa Minetti, Eduardo Butori y Cornú de Olmos están a las puertas del inicio del juicio oral y todo indica que antes de fin de año se produciría, una vez que finalice el período de aporte de pruebas que será en breve. Martínez Minetti falleció. “Han recurrido a todas las vías legales posibles y a su alcance para impedir el juicio pero es inminente su inicio, ya nada lo impedirá”, sostuvo a elDiarioAR el abogado Pablo Gargiulo, quien representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la familia del desaparecido Fidel Jacobo Ortiz.

“El acto de reconocimiento a Minetti es imposible de disociar de lo comprometido que está en la causa y de la necesidad que tiene de mejorar su imagen pública. Yo sólo haría las siguientes preguntas. ¿Por qué el intendente Orellana no hizo antes este homenaje como señal de apoyo político? ¿A qué responde esta acción de hace unos días? ¿No será porque estamos ante la inminencia del juicio oral? No hay otra lectura posible, al menos para mí”, expresó Gargiulo.

La causa se puso en marcha en 2018 por la desaparición de Ortiz, en base a testimonios y pruebas que surgieron durante el primer juicio por el Operativo Independencia. Ortiz fue un obrero del surco del Fronterita y llegó a ser un aguerrido secretario general del sindicato en la planta, entre 1973 y 1975. Al año siguiente fue electo secretario de actas y vivía con su familia en una de las casas de la empresa. Fue secuestrado dos veces. En abril de 1976 lo sometieron a torturas y estuvo cautivo para que renunciara a su cargo. Lo liberaron pero unos días más tarde, en junio, fue otra vez secuestrado. De acuerdo a testimonios, su detención fue en el centro clandestino que se había montado en el ingenio. Desde entonces, nada se sabe de su destino. 

En diálogo con elDiarioAR, Hortensia Ortiz, querellante en la causa sobre la desaparición de su padre, reflexionó: “No puedo creer que le hayan dado ese honor a una persona que nos hizo sufrir tanto, como a muchas otras personas. No es justo, cuando secuestraron a mi padre hasta nos corrieron de la casa en la que vivíamos con mi mamá y mis otros siete hermanos. Quedamos en la calle y como mi papá era el único ingreso de dinero, desde niños tuvimos que salir a trabajar”.

La ciudad de Famaillá también es conocida porque allí funcionó “La Escuelita”, el primer centro clandestino de detención (CCD) del país. Seis kilómetros separan al ingenio del establecimiento que, en rigor, se denomina Diego de Rojas. Fue base de la 5ª Brigada del Ejército y en sus aulas se detuvo, torturó y asesinó, entre febrero de 1975 -Operativo Independencia- y 1976, hasta unos meses después del golpe de Estado cívico militar que comenzó en marzo. De testimonios que se hicieron públicos en los juicios por crímenes de lesa humanidad, se estima que por allí pasaron entre 1.500 y 2.500 víctimas. Mientras funcionó estuvo a cargo de los represores Acdel Vilas, general de Brigada, y Antonio Bussi, general.

Entre “La Escuelita” y el centro de detención del Fronterita hubo una articulación permanente. Mientras en el primero estaba el Puesto de Comando Táctico Adelantado, en el ingenio funcionó la fuerza del Ejército conocida como “Rayo” que se alojaba en dos lugares: en el Comando de la Laguna, la oficialidad, y en El Tambo, la tropa. Había un tercer espacio que se denominaba Los Conventillos, en donde estaban las habitaciones en donde se llevaban a cabo las torturas y detenciones ilegales. Esto detalles se conocieron por los testimonios que están en la causa. Si se cumplen los tiempos previstos, antes de fin de año debería comenzar el juicio, según Gargiulo. 

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Tucumán, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, la Asociación de ex presos políticos Tucumán, Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Comisión de DDHH de Tafí Viejo, entre otras organizaciones, han repudiado en un documento la decisión del intendente de Famaillá.

DC